Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de las actuaciones administrativas de toda la Administración Pública, los derechos de los ciudadanos frente a la Administración Pública y el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y de sus funcionarios; como también el ejercicio de la potestad normativa, así como los principios y garantías del procedimiento administrativo sancionador.