DECRETO No. 862.

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

 

CONSIDERANDO:

I.      Que mediante Decreto Legislativo No. 108, de fecha 21 de septiembre de 2006, publicado en el Diario Oficial No. 193, Tomo 373, del 17 de octubre del mismo año, se emitió la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las actividades terroristas respondiendo a las circunstancias actuales y excepcionales que afecten a la comunidad internacional.

II.     Que es necesario dar cumplimiento a los Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y de activos y el financiamiento del terrorismo.

III.    Que los hechos de violencia y terrorismo que afectan a diario nuestro país, constituyen una grave amenaza para la seguridad, la paz pública afectando no solamente la vida y la integridad física de nuestros ciudadanos, si no que también el desarrollo de nuestra patria.

IV.   Que es necesario reformar la Ley Contra Actos de Terrorismo a fin de incorporar la obligación para las instituciones financieras de reportar, de conformidad a lo establecido en el Art. 9-A de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.

 

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Diputado José Antonio Almendáriz Rivas.

 

DECRETA, la siguiente:

 

REFORMA A LA LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO.

 

Art. 1.- Refórmase el inciso octavo del Art. 37, de la siguiente manera:

"Las Instituciones Financieras prestarán especial y permanente atención a la detección de bienes, dinero, activos, servicios y transacciones que se sospeche o se tenga indicios razonables que tengan una finalidad ilícita y que los mismos están vinculados o pueden ser utilizados para actos terroristas, financiar actos de terrorismo, organizaciones terroristas, crimen organizado, narcotráfico y cualquiera de sus variantes, ante lo cual deberán informar por escrito a la Fiscalía General de la República, por medio de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, en un plazo no mayor de tres días. Las Instituciones Financieras también estarán obligadas a reportar la tentativa de estas operaciones o actividades."

 

Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil catorce.

 

OTHON SIGFRIDO REYES MORALES

PRESIDENTE

 

ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDES SOTO

PRIMER VICEPRESIDENTE

 

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

 

JOSE FRANCISCO MERINO LOPEZ

TERCER VICEPRESIDENTE

 

LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA

CUARTA VICEPRESIDENTA

 

CARLOS ARMANDO REYES RAMOS

QUINTO VICEPRESIDENTE

 

GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT

PRIMER SECRETARIO

 

MANUEL VICENTE MENJIVAR ESQUIVEL

SEGUNDO SECRETARIO

 

SANDRA MARLENE SALGADO GARCIA

TERCERA SECRETARIA

 

JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA

CUARTO SECRETARIO

 

IRMA LOURDES PALACIOS VASQUEZ

QUINTA SECRETARIA

 

ERNESTO ANTONIO ANGULO MILLA

SEXTO SECRETARIO

 

FRANCISCO JOSE ZABLAH SAFIE

SEPTIMO SECRETARIO

 

JOSE SERAFIN ORANTES RODRIGUEZ

OCTAVO SECRETARIO

 

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

 

PUBLÍQUESE,

 

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

 

BENITO ANTONIO LARA FERNÁNDEZ,

MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

 

Decreto Legislativo No. 862 de fecha 20 de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial No. 231, Tomo 405 de fecha 10 de diciembre de 2014.