La operatividad de dichas normas consuetudinarias viene dada ante la ausencia de una disposición normativa constitucional, que regula los supuestos de hecho, que vendrán a ser normativizados por las reglas consuetudinarias ya que, cuando el derecho aplicable establecido por un órgano jurídico aplicador es derivado más bien de esa práctica constante que por lo dispuesto expresamente por el precepto de la Constitución escrita, se está en presencia de un procedimiento consuetudinario creador de una costumbre constitucional interpretativa.