La intervención del Estado en los contratos puede operar en dos órdenes principales diferentes: con carácter permanente y anticipado, poniendo determinados marcos a la autonomía de la voluntad, y no reconociéndola más que dentro de ellos; y con carácter excepcional y transitorio, en casos de emergencia, y con doble efecto: adoptando medidas sobre contratos celebrados anteriormente, que se hallen en curso de ejecución o en cumplimiento, o bien, adoptando medidas sobre contratos que se van a celebrar en el futuro durante la misma época de emergencia.