Discutir la conducencia o relevancia de determinados medios probatorios en el marco del procedimiento de fiscalización iniciado en contra de una sociedad y, sobre todo, analizar si el acervo probatorio utilizado para pronunciar el fallo dentro de tal procedimiento es idóneo o no, constituye un elemento ajeno al catálogo de competencias conferido a la Sala de lo Constitucional pues se trata de una cuestión encomendada estrictamente a las autoridades administrativas que conocieron del citado procedimiento.