En el ejercicio de la potestad de control difuso se exige que se expongan las razones que fundamentan la inaplicación de una ley, considerando que dicho control es un control jurídico, y la negativa del juez a aplicar la ley no puede obedecer a motivaciones de conveniencia u oportunidad, sino sólo a que la norma inferior contradice a la superior en el sentido de su imperatividad.