La potenciación de la dignidad de la persona y la garantía de la vida, se cumplen, por una parte, criminalizando las formas de realización del aborto en la medida que comportan la afectación de un bien jurídico digno de tutela penal, por otro lado, regulando jurídicamente las controversias surgidas del conflicto entre la vida humana intrauterina y los derechos constitucionales de la madre.