El juicio sobre la antijuridicidad exige el examen de la antijuridicidad formal -ratio cognoscendi- y la antijuridicidad material -ratio essendi- que exige no sólo la puesta en peligro o lesión del bien jurídico sino además examinar si el acusado se encontraba en circunstancias que le hicieren justificar tal acción, tal como lo prevé el mismo ordenamiento jurídico cuando regula la legítima defensa o un estado de necesidad justificante.