Si bien el Órgano Legislativo o cualquier otro órgano estatal o ente público con potestad normativa reconocida por la Constitución pueden regular normativamente o, excepcionalmente, imponer restricciones para el ejercicio de un derecho constitucional, es importante señalar que la Ley Suprema prohibe con carácter general toda regulación que vaya en contra del núcleo de los derechos establecidos por ella.