El principio de legalidad tiene un fundamento político-criminal, en el sentido que sólo puede entenderse razonablemente que los ciudadanos se abstengan de realizar determinada conducta si la prohibición es perceptible previamente y con la claridad suficiente; por tanto, sólo el carácter previo y taxativo de la norma proporciona certeza a los individuos para orientar sus actos.