El derecho de igualdad puede ser considerado no sólo como tal, sino también como un valor jurídico inherente a la condición democrática del Estado de Derecho; en este orden, no cabe duda que "la igualdad constitucional recibe una consideración de programa a desarrollar por parte de los poderes públicos"; programa que sería de gobierno jurídico, informado -entre otros criterios- por la igualdad material y real.