El principio de razonabilidad o equidad fiscal, sostiene que no basta que los tributos sean creados por ley, que sean generales, proporcionalmente iguales y uniformes; es necesario además, que el resultado concreto del gravamen sea justo y razonable, es decir, que no imponga una carga tal al contribuyente, que le impida o dificulte seriamente mantener su patrimonio o beneficiarse con él o con el fruto de su trabajo.