La equidad o razonabilidad de la imposición de un tributo debe establecerse en cada caso concreto, según las exigencias de tiempo, la necesidad del mismo y los fines que se pretendan alcanzar con el mismo, asegurando sustancialmente los derechos de propiedad, libertad económica y de trabajo, no imposibilitando el ejercicio de esos derechos, pues significaría destruir una de las bases esenciales sobre la cual se apoya el sistema, la libertad individual.