En la razonabilidad de la regulación de los derechos fundamentales se pueden distinguir tres niveles de razonabilidad: el normativo, el técnico y el axiológico; esto significa que, para aprobar el examen de razonabilidad, la norma tiene que subordinarse a la Constitución, adecuar sus preceptos a los objetivos que pretende alcanzar, y proporcionar soluciones equitativas, con un mínimo de justicia.