La calificación de una ley como de orden público, no está librada a la discrecionalidad del legislador, sino que presupone el respeto al régimen constitucional establecido; y, por ello, no basta que el legislador de a sus preceptos vigencia retroactiva arguyendo que son de orden público, sino que compete a la Sala de lo Constitucional, proceder al análisis de tales normas para determinar si una ley es o no de orden público.