DERECHO AL TRABAJO

DEFINICIÓN

V. Derecho al trabajo y el tiempo de servicio como categoría que puede servir para configurar ciertos derechos o prestaciones laborales.

1. En su dimensión individual, el derecho al trabajo (art. 37 Cn.) se concibe como aquel por el cual toda persona puede exteriorizar y aplicar conscientemente sus facultades para la producción de medios materiales y condiciones de vida, es decir, para conseguir la satisfacción de necesidades e intereses[1]. El trabajo también envuelve una dimensión objetiva y encarna un valor ético, por lo que el art. 37 Cn. indica que goza de la protección del Estado y que la actividad laboral no puede ser tratada como artículo de comercio[2]. La importancia de tal derecho radica en reconocer la libertad de las personas para escoger una actividad lícita que les permita satisfacer sus necesidades básicas, sostenerse económicamente a nivel individual y familiar, así como obtener una existencia digna.

El trabajo se desarrolla en el marco de una relación laboral por la que se establece un vínculo jurídico entre un trabajador y un empleador por la prestación de un trabajo o servicio con la característica de subordinación a cambio de un salario determinado. La subordinación implica que el primero debe cumplir con los lineamientos, instrucciones u órdenes del segundo para la consecución de los fines de la empresa o institución.”

PRESTACIONES LABORALES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN

“2. A) La Constitución contiene disposiciones que sugieren que el tiempo de servicio puede eventualmente ser una categoría que determine las condiciones para el acceso a ciertos derechos o prestaciones. Así, señala que “[t]odo trabajador que acredite una prestación mínima de servicios durante un lapso dado, tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas en la forma que determinará la ley” (art. 38 ord. 9° Cn.); que “[l]a ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos estarán obligados a pagar a sus trabajadores permanentes, que renuncien a su trabajo, una prestación económica cuyo monto se fijará en relación con los salarios y el tiempo de servicio”, y que “[e]n caso de incapacidad total y permanente o de muerte del trabajador, [e]ste o sus beneficiarios tendrán derecho a las prestaciones que recibirían en el caso de renuncia voluntaria” (art. 38 ord. 12° incs. 1° y 3° Cn.).”

CONSTITUYENTE ESTABLECIÓ LA POSIBILIDAD DE QUE EL LEGISLADOR DETERMINE LAS CONDICIONES Y FORMAS EN QUE LOS TRABAJADORES PUEDEN EJERCER CIERTOS DERECHOS

“De manera que el constituyente previó la posibilidad de que el legislador determine las condiciones y formas en que los trabajadores puedan ejercer ciertos derechos, con base en la duración de la relación laboral y la naturaleza de las labores. Específicamente, al aludir a las prestaciones que puede gozar el trabajador o sus familiares en caso de incapacidad o muerte del empleado, indicó que esos derechos se gozan bajo similares condiciones a las de la renuncia voluntaria, con lo cual se aceptó que el tiempo de servicio sea una categoría que puede usarse para determinar el acceso a estas prestaciones, siendo el legislador el obligado a desarrollar el plazo mínimo y condiciones para gozar de dichos beneficios (art. 38 ord. 12° incs. 1° y 3° Cn.).”

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ESTABLECE QUE LAS LIMITACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEBEN SER RAZONABLES Y PROPORCIONALES

B) No obstante, lo antedicho no implica que exista un margen de acción estructural sin límites para el legislador, pues este debe “examinar rigurosamente aquellas medidas que puedan incidir en [el] contenido [de los derechos fundamentales], sobre todo, las previstas en materia sancionatoria que comprendan [su] ámbito material […], cuya intensidad desproporcionada podría provocar efectos disuasorios sobre [su] ejercicio legítimo”[3]. Así, por ejemplo, en la jurisprudencia constitucional se ha afirmado que las limitaciones a los derechos fundamentales deben ser razonables y proporcionales incluso en estos casos en que se aduzca criterios temporales relacionados con el tiempo de servicio[4].

Esto debe ser así porque, al poseer tales derechos una dimensión objetiva, se produce un “efecto recíproco”, en virtud del cual se genera “un régimen de concurrencia normativa, no de exclusión, de tal modo que tanto las normas que regulan el derecho fundamental como las que establecen límites a su ejercicio vienen a ser igualmente vinculantes y actúan recíprocamente. Como resultado de esta interacción, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo; de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos”[5].”

REGULACIÓN INTERNACIONAL SOBRE CIERTAS PRESTACIONES LABORALES

“3. Lo anterior coincide con parte de la regulación internacional de ciertas prestaciones laborales. Así, en el Convenio 102 sobre la seguridad social (norma mínima) de 1952, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[6], se establecen ciertas prestaciones vinculadas a asistencia médica, suministro de productos farmacéuticos y hospitalización, que deberán garantizarse por los Estados partes, por lo menos a las personas que hayan cumplido el período de calificación que se considere necesario para evitar abusos o a los miembros de las familias cuyo sostén haya cumplido dicho período (art. 11 del Convenio 102 de la OIT). De igual forma, señala que la prestación económica por enfermedad prevista en su art. 16 debe garantizarse en la contingencia cubierta por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido el período de calificación que se considere necesario para evitar abusos (art. 17 del Convenio 102 OIT).

En ese sentido, el art. 1 del citado Convenio define al período de calificación como “[el plazo] de cotización, de empleo, de residencia o cualquier combinación de los mismos, según pueda ser prescrito”, y estipula que este puede ser un factor con base en el cual se puede excluir a un grupo de trabajadores para que gocen de ciertas prestaciones relativas a la seguridad social. De ahí que, tanto a nivel constitucional como a nivel internacional, sea posible admitir que el tiempo de servicio es un criterio bajo el cual se pueden configurar algunos derechos laborales vinculados a la seguridad social, bajo el respeto a la razonabilidad y proporcionalidad.”

90-2019