VOTO
DISIDENTE DE LA MAGISTRADA PAULA PATRICIA VELÁSQUEZ CENTENO Y DEL MAGISTRADO
SERGIO LUIS RIVERA MÁRQUEZ
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA
ALCANCE DEL CONCEPTO, LIMITACIONES,
OBSTÁCULOS Y ESTRATEGIAS
“Sobre el derecho de acceso a la justicia.
El acceso a la justicia como garantía indispensable para el
ejercicio libre de los derechos reconocidos por tratados internacionales,
constituciones y leyes, y para el ejercicio mismo de la ciudadanía, requiere
precisar el alcance del concepto, así como sus limitaciones, obstáculos y
estrategias para asegurarlo.
Según Cappeletti y Garth se reconocen dos dimensiones del concepto
de acceso a la justicia. En primer lugar, una dimensión normativa referida al
derecho igualitario de todos los ciudadanos a hacer valer los derechos
legalmente reconocidos. En segundo lugar, una dimensión fáctica que se refiere
a los aspectos vinculados con los procedimientos tendientes a asegurar el
ejercicio del acceso a la justicia. Desde este punto de vista, el acceso a la
justicia comprende el derecho a reclamar por medio de los mecanismos
institucionales existentes en una comunidad, la protección de un derecho. Esto
implica el acceso a las instituciones judiciales competentes para resolver las
cuestiones que se presentan en la vida cotidiana de las personas (Cappeletti y
Garth, 1978)
El acceso de la justicia, entonces, incluye el acceso al sistema
judicial o al mecanismo institucional competente para atender el reclamo; el
acceso a un buen servicio de justicia que brinde un pronunciamiento judicial o
administrativo justo en un tiempo prudencial; y por último, el conocimiento de
los derechos por parte de los ciudadanos y de los medios para poder ejercerlos.
En su dimensión normativa, el acceso a la justicia se relaciona
con derechos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos:
el derecho a la tutela judicial, el derecho a un recurso efectivo y el derecho
a la igualdad. Este conjunto de derechos tiene por objeto garantizar el acceso
a un órgano jurisdiccional predeterminado, independiente e imparcial que decida
basándose en el derecho, tras un proceso que respete las garantías procesales,
en un sistema que las prevea y donde el acceso sea garantizado a todas las
personas.
Al respecto la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su
art. 8 regula: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el art.
2.3 dispone: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el
presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun
cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en
ejercicio de sus funciones oficiales;
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o
legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga
tal recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial;
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se
haya estimado procedente el recurso.”
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en
el art. XVIII: “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer
sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por
el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente. “
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el art. 8.1: “Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
También el art. 25: “1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes,
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.””