AGOTAMIENTO DE LA VÍA
ADMINISTRATIVA
FORMAS DE AGOTAMIENTO
“i) Del agotamiento de
la vía administrativa.
El artículo 24 de la LJCA impone la exigencia
de agotamiento de la vía administrativa para proceder al control jurisdiccional:
«Para el acceso a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa será necesario que el demandante haya agotado la vía administrativa,
según los términos regulados en la Ley de Procedimientos Administrativos».
Este requisito se complementa —según su
propio texto— con lo dispuesto sobre el agotamiento de la vía administrativa en
la Ley de Procedimientos Administrativos —LPA—, aprobada en el Decreto Legislativo
N° 856 de fecha doce de febrero del dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial
N° 30, tomo N° 418, del trece de febrero de dos mil dieciocho, que lo regula en
su artículo 131 que es del siguiente tenor:
“La vía administrativa se entenderá agotada, según el caso, con el acto que
pone fin al procedimiento respectivo o con el acto que resuelva el recurso de apelación,
independientemente de que el mismo deba ser conocido por el superior jerárquico
o por otro órgano previsto por el legislador; o con el que resuelva cualquier medio
impugnativo que inicialmente deba resolver el superior jerárquico, cuando dichos
recursos sean previstos en leyes especiales.”
Esta disposición, a su vez, se integra con
el artículo 124 de la LPA que señala:
“En la vía administrativa podrán interponerse, en los términos que se determina
en el presente capítulo, el recurso de apelación,
que será preceptivo para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa
y el de reconsideración, que tendrá carácter
potestativo.”
SE ENTIENDE AGOTADA CON EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO O CON LA
RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO
“Con carácter extraordinario, solo contra los actos firmes en la vía administrativa,
cabrá interponer recurso de revisión, el cual también tendrá carácter potestativo.
En el caso de los recursos potestativos, si se opta por la impugnación judicial,
ya no podrán interponerse los recursos administrativos.
Sin embargo, si se opta por interponer
los recursos administrativos, el interesado podrá desistir de estos en cualquier
momento, con el fin de acudir al contencioso-administrativo”. [negrillas y subrayado propio].
Del texto de las dos disposiciones antecedentes
se extrae que la LPA prevé el recurso de reconsideración que se interpone
ante el mismo órgano cuyo acto se impugna, así como el de apelación que se
interpone para ser resuelto por el superior jerárquico o por un ente administrativo
distinto.
El primero tiene carácter potestativo y
no se considera necesario para estimar agotada la vía administrativa, mientras que
la apelación, en cambio, es preceptiva para acceder al control jurisdiccional.
En vista que FUNDE ha señalado como pretensión
la ilegalidad de: “(…) el acto administrativo
que se impugna en sede contencioso administrativa es el acuerdo No. 465, del 30 de noviembre de 2020, emitido por el Presidente
de la República, consistente en el
nombramiento de la licenciada Roxana Seledonia Soriano de Aguilar conocida por Roxana
Soriano Acevedo como Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública
(…)” (folio 3 vuelto), se constata que el mismo fue emitido por el Presidente
de la República, por ello no existe un superior jerárquico ante quien pueda interponerse
el recurso de apelación, como tampoco hay un ente distinto que pueda conocerla,
lo que se traduce en que, contra este acto, solamente podría interponerse el recurso
de reconsideración establecido en los artículos 132 y 133 de la LPA, pero el mismo
es catalogado como potestativo, por ello su interposición no será exigido como agotamiento
de la vía administrativa, en ese sentido se concluye que dicho requisito se considera
cumplido con la emisión del acto impugnado, ya que es el que pone fin al procedimiento.”