CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL DEL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 764-2020 QUE CONTIENE REFORMA A LA LEY REGULADORA DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL

IMPROCEDENCIA POR REMISIÓN EXTEMPORÁNEA, ARGUMENTOS EXPUESTOS SON INADMISIBLES, EN VIRTUD QUE A NADIE LE ES PERMITIDO ALEGAR EN SU BENEFICIO LA FALTA DE DILIGENCIA EN SUS PROPIOS ACTOS

“VII. Cronología de la presente controversia y argumentos del justo impedimento.

1. Con la documentación adjunta al escrito presentado por el abogado Castro Ramírez, se acreditan las siguientes circunstancias: (i) la Asamblea Legislativa aprobó el D. L. nº 764/2020 el 29 de octubre de 2020; (ii) a través de nota suscrita por el diputado Mario Marroquín Mejía, dicha asamblea remitió al Presidente de la República el D. L. nº 764/2020 para su sanción el día 5 de noviembre de 2020; (iii) dentro del plazo previsto en el art. 137 Cn., el Presidente comunicó a la Asamblea Legislativa el veto del D. L. nº 764/2020 el 17 de noviembre de 2020; (iv) por medio de nota suscrita por la diputada Norma Cristina Cornejo Amaya, la Asamblea Legislativa comunicó al Presidente de la República la ratificación del decreto legislativo vetado el día 25 de noviembre de 2020.

Si se considera el estado de cosas antedicho, es razonable afirmar que el plazo que el Presidente de la República tenía para remitir a esta sala la controversia constitucional estaba compuesto por los días 26, 27 y 30 de noviembre de 2020. Sin embargo, el correo electrónico por el cual se comunicó a este tribunal la existencia de la controversia constitucional y el escrito del apoderado del Presidente de la República fueron remitidos a esta sala el 1 de diciembre de 2020. En otras palabras: la remisión de la presente controversia se hizo fuera del plazo de tres días hábiles que prevé el art. 138 Cn.

2. Para justificar la extemporaneidad de la presentación de la controversia, el abogado Castro Ramírez aduce que los abogados Hans Alexander Morales Ruíz y Guillermo Antonio Escobar Mena, empleados de la Presidencia de la República, se presentaron a las 23:30 horas del día 30 de noviembre de 2020 en las instalaciones del Centro Integrado de Justicia Penal “Dr. Isidro Menéndez” para presentar, en el juzgado de turno, el escrito por el que el Presidente de la República pretendía comunicar a este tribunal la controversia constitucional. Pero, según dijeron, las instalaciones del referido centro judicial se encontraban cerradas y “[…] no existía forma de comunicarse con el Juez de dicho juzgado, su secretario de actuaciones, empleado o cualquier otra autoridad que se hiciera presente”.

Para acreditar tal circunstancia, adjuntan: (i) acta notarial otorgada por los mismos abogados Morales Ruíz y Escobar Mena, en la que describen los hechos antes mencionados; y (ii) el boletín emitido por la Corte Suprema de Justicia correspondiente a los juzgados de turno que brindaron el servicio en la semana de 23 al 30 de noviembre de 2020. Por tanto, asegura que “[…] no fue posible presentar el escrito de inicio de la controversia constitucional […], por causas que no son imputables a la Presidencia de la República, ya que existió un justo impedimento para hacerlo, en virtud de no estar funcionando el juzgado que debió estar habilitado para tal efecto”.

VIII. Análisis de procedencia de la controversia presentada.

1. Previo al análisis de los motivos de inconstitucionalidad aducidos por el Presidente de la República en contra del D. L. nº 764/2020, debe verificarse si existe el justo impedimento alegado, pues —como ya se ha dicho—, la admisión de la controversia únicamente procede ante el cumplimiento de los requisitos formales y materiales previstos en la Constitución, entre los cuales se encuentra el plazo de tres días hábiles para comunicar la controversia a este tribunal. En síntesis, la razón con que pretende justificarse la presentación tardía de la controversia consiste en que los abogados Hans Alexander Morales Ruíz y Guillermo Antonio Escobar Mena no pudieron presentar en el juzgado de turno el escrito correspondiente y no les fue posible comunicarse con el juez, el secretario o cualquier empleado del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.

2. Sin embargo, los argumentos expuestos por el apoderado del Presidente de la República para sostener el justo impedimento son claramente inaceptables. Las razones que justifican está posición son las siguientes:

A. Primero, considerando que el contenido del escrito que pretendía ser presentado en tiempo por los abogados Hans Alexander Morales Ruíz y Guillermo Antonio Escobar Mena (por medio del cual el Presidente comunicaba la controversia constitucional a este tribunal) reproduce básicamente las razones del veto que le fue comunicado a la Asamblea Legislativa el 17 de noviembre de 2020, es razonable concluir que su elaboración, con una mediana diligencia, no implicaba un esfuerzo técnico considerable, por lo que era totalmente viable su presentación dentro del plazo de tres días hábiles previstos en el art 138 Cn., en tanto que las herramientas informáticas actuales permiten una ágil selección de textos de un archivo digital a otro.

B. Segundo, los hechos que se alegan para justificar el impedimento son totalmente previsibles a la vista de cualquier observador razonable. En efecto, el hecho de que los citados abogados se hayan presentado al juzgado a las 23:30 horas representa una conducta negligente o de mala fe. El propio boletín presentado por ellos documenta los números telefónicos a los que debía llamarse para presentar la documentación correspondiente. Y más todavía: no presentaron evidencia alguna que comprobara la imposibilidad de la comunicación.

C. Tercero, aun admitiendo que no fue posible comunicarse con el juzgado de turno correspondiente, todavía existía la posibilidad de comunicar la controversia directamente a este tribunal, ya sea en horario hábil o inhábil, pero siempre dentro del plazo constitucionalmente previsto. En este punto debe recordarse que la Presidencia de la República ha promovido, ha intervenido y ha recurrido en los procesos de controversia constitucional por medio de la presentación de escritos por la vía del correo electrónico.

Algunos ejemplos bastarán para explicarlo. En las controversias 8-2020, 11-2020 y 13-2020 el Presidente comunicó en tiempo: (i) la controversia en torno a la supuesta inconstitucionalidad de los arts. 16 y 17 del Decreto Legislativo n° 661, de 12 de junio de 2020, por correo electrónico de las 19:06 horas del 1 de julio de 2020, enviado por Ana María Corleto Perdomo, asesora jurídica de la Presidencia (acorleto@presidencia.gob.sv); (ii) la controversia relativa a la presunta inconstitucionalidad del Decreto Legislativo n° 756, de 22 de octubre de 2020, por medio del correo electrónico enviado a las 23:39 horas del 18 de noviembre de 2020; y (iii) la controversia acerca de la aparente inconstitucionalidad del Decreto Legislativo n° 757, de 22 de noviembre de 2020, por medio del correo electrónico enviado a las 23:49 horas del 18 de noviembre de 2020; en estos dos últimos casos, el correo fue remitido por José Ángel Pérez (japerez@presidencia.gob.sv). Es decir, el Presidente de la República ha comunicado controversias constitucionales sin mayor dificultad dentro de los tres días hábiles previstos en el art. 138 Cn. mediante el correo electrónico sala.constitucional@oj.gob.sv, lo cual denota un previo conocimiento de un medio que le permite enviar escritos fuera de un horario hábil.

            Asimismo, una vez admitidas a trámite las controversias constitucionales, el Presidente de la República ha evacuado las audiencias conferidas por este tribunal en los siguientes casos: (i) 3-2020, por medio del correo electrónico remitido a las 15:57 horas del 8 de junio de 2020 por Karen González, asesora jurídica de la Presidencia (kgonzalez@presidencia.gob.sv); (ii) 5-2020, a través del correo electrónico enviado a las 15:09 horas del 9 de septiembre de 2020; (iii) 8-2020, por correo electrónico remitido a las 15:21 horas del día 12 de agosto de 2020; en estos dos últimos casos, los correos fueron enviados por Ana María Corleto Perdomo, asesora jurídica de la Presidencia; (iv) 10-2020, a través del correo electrónico enviado a las 22:53 horas del día 8 de agosto de 2020, por Gloria Reyes, asistente jurídica de la Presidencia (greyes@presidencia.gob.sv); y (v) 14-2020, por medio de correo electrónico enviado a las 16:44 horas del día 13 de enero de 2021, por Susana Elizabeth Martínez Ramírez, encargada administrativa (smartinez@presidencia.gob.sv).

Finalmente, en la controversia constitucional 13-2020 el Presidente de la República interpuso en tiempo y a través del correo electrónico un recurso de revocatoria en contra de la resolución que declaró la improcedencia. El correo fue enviado a las 9:24 horas del 6 de enero de 2021, por Ana María Corleto Perdomo, asesora jurídica de la Presidencia.

3. Consecuentemente, los hechos alegados por el apoderado del Presidente de la República no pueden ser calificados como un justo impedimento, ya que se enmarcan dentro del margen de actuación previsible de los abogados interesados en presentar el escrito por medio del cual se comunicaba la presente controversia constitucional. Por ello, no representan circunstancias imprevisibles e irresistibles a la voluntad de la Presidencia de la República. De parte de esa entidad pública se pudo haber remitido a este tribunal la comunicación por correo electrónico, tal como lo ha hecho en las controversias constitucionales 8-2020, 11-2020 y 13-2020. Y es que, si se admitiera a trámite la presente controversia, entonces tendría que aceptarse que los intervinientes de los procesos constitucionales, en general, y de las controversias, en particular, pueden realizar actuaciones procesales con dolo, culpa, negligencia o malicia, cuando a nadie le es permitido alegar en su beneficio la falta de diligencia en sus propios actos[1]. Esta idea no es más que una concreción de la muy aceptada prohibición general de abusar del derecho propio, como forma de acceder a ventajas indebidas o incluso inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico[2].

Por tanto, la presente controversia debe rechazarse por medio de la figura de la improcedencia, ya que se ha incumplido el plazo previsto en el art. 138 Cn., el cual es uno de los requisitos formales que la Ley Fundamental exige para su válida sustanciación.”

TRATO DIFERENCIADOR CON LA CONTROVERSIA 14-2020, SE JUSTIFICA EN EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA DISPOSICIÓN, Y LA GARANTÍA DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

“IX. Aclaración y distinción con la controversia 14-2020.

Por exigencias derivadas del principio de transparencia y claridad, se aclara que entre la controversia 14-2020 y el presente caso existe una semejanza relevante: ambas controversias fueron presentadas extemporáneamente, pero esta última fue admitida, tramitada y sentenciada. A continuación se detallarán los argumentos que justifican ese trato diferenciador:

1. La extemporaneidad de la presentación de la controversia 14-2020 se infiere a partir de la documentación que consta en el expediente de tal proceso, con la cual se pueden acreditar las siguientes circunstancias fácticas: (i) la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo n° 763, el 29 de octubre de 2020 (D. L. n° 763/2020), que contenía la “Disposición Transitoria para permitir el normal desempeño de las municipalidades en el último semestre de la administración de los concejos municipales electos para el período 2018-2021”; (ii) mediante nota suscrita por el diputado Mario Marroquín Mejía, el día 5 de noviembre de 2020 dicha asamblea remitió al Presidente de la República el D. L. n° 763/2020 para su sanción; (iii) dentro del plazo previsto en el art. 137 Cn., el 17 de noviembre de 2020 el Presidente comunicó a la Asamblea Legislativa el veto del D. L. n° 763/2020; (iv) por medio de nota suscrita por la diputada Norma Cristina Cornejo Amaya, el día 25 de noviembre de 2020 la Asamblea Legislativa comunicó al Presidente de la República la ratificación del decreto legislativo vetado. Lo anterior indica que el plazo que el Presidente de la República tenía para remitir a esta sala la controversia constitucional relativa al D. L. n° 763/2020 venció el 30 de noviembre de 2020. No obstante, la comunicación de aquella controversia se produjo hasta el día 1 de diciembre de 2020, tal como ha quedado registrado a través del correo electrónico enviado por el abogado Hans Alexander Morales Ruiz (hmorales@presidencia.gob.sv) y el escrito presentado el 1 de diciembre de 2020 en la secretaría de este tribunal por el abogado Conan Tonathiú Castro Ramírez.

2. Según lo indicado, la controversia 14-2020 debió haberse rechazado por la vía de la improcedencia, de modo semejante a como deberá hacerse con el presente caso, porque el principio de preclusión exige que la comunicación de una controversia constitucional fuera del plazo previsto en el art. 138 Cn. trae aparejada su improcedencia. Sin embargo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, las reglas pueden ser derrotadas ––entre otros supuestos— en el nivel de las prescripciones contenidas en su formulación. Aquí, la derrotabilidad puede deberse a que las principales razones que respaldan las reglas no son aplicables al caso; o bien, aunque algunas de esas razones sean aplicables, existen otras razones que no han sido consideradas en el balance de razones que la regla contempla[3]. En el primer caso puede hablarse de situaciones fuera del alcance de la regla y, en el segundo, de excepciones a la regla[4]. Ello se debe a que las reglas no agotan todo el contenido de los principios subyacentes ni saturan todas las manifestaciones que deriven de ellos[5].

 3. En ese orden de ideas, es preciso subrayar que, en esencia, la vigencia de las normas vetadas y el control de constitucional a posteriori son las razones principales que justifican el rechazo de la presente controversia. En efecto, la disposición contenida en el D. L. n° 763/2020 tenía un carácter transitorio, el cual abarcaba el período que iniciaría el 1 de noviembre de 2020 y finalizaría 1 de febrero de 2021, mientras que la reforma que el D. L. n° 764/2020 pretende introducir en el ordenamiento jurídico tiene un carácter claramente permanente. Esto indica que si se hubiera rechazado la controversia 14-2020, se habría estado en presencia de una transgresión a la Constitución que, por la misma sustanciación del proceso de controversia, no habría sido objeto de control por parte de este tribunal, pues el plazo de vigencia de la disposición habría expirado. En cambio, en el presente proceso, el control de constitucionalidad sobre el D. L. n° 764/2020 está plenamente garantizado, pues podrá realizarse a petición de cualquier ciudadano (art. 183 Cn.) por la vía de la demanda de inconstitucionalidad.

En consecuencia, este tribunal aclara que, por regla general, todas las controversias constitucionales comunicadas fuera del plazo de tres días hábiles previsto en el art. 138 Cn. serán declaradas improcedentes, salvo que existan razones que justifiquen un trato diferenciador, en cuyo caso se deberá realizar un análisis del carácter derrotable de la regla indicada.”

PLAZO PARA SANCIÓN Y PUBLICACIÓN ESTÁ INTEGRADO POR QUINCE DÍAS

“X. Efectos de la presente decisión.

En vista de que en el presente caso se debe emitir una decisión de improcedencia, el Presidente de la República deberá sancionarlo y publicarlo como ley dentro del plazo de 15 días hábiles (art. 138, parte final, Cn.). En efecto, de acuerdo con la reciente resolución de 27 de enero de 2021, controversia 13-2020, cuando la Sala de lo Constitucional emite una sentencia desestimatoria (o lo que es igual: una sentencia que declara la constitucionalidad del proyecto de ley), una resolución de improcedencia o una resolución de sobreseimiento, entonces el Presidente cuenta con 15 días hábiles siguientes a la notificación respectiva para sancionar y mandar a publicar el proyecto de ley en el Diario Oficial[6]. Si a pesar de ello no lo manda a publicar, el Presidente de la Asamblea Legislativa es quien deberá hacerlo en la forma prescrita por el art. 139 Cn.”