NULIDAD DE PLENO DERECHO
COMPETENCIA DE LA SALA CONOCER DE LAS PRETENSIONES CUYO FUNDAMENTO
JURÍDICO SEA LA ALEGACIÓN DE UNA NULIDAD ABSOLUTA O DE PLENO DERECHO
“El artículo 7 inciso último LJCA derogada, instituye que se admite la impugnación
de actos administrativos cuando éstos sean nulos de pleno derecho y estén surtiendo
efecto; pero ello, únicamente para el solo efecto de declarar su ilegalidad sin
afectar los derechos adquiridos.
De la anterior disposición normativa podemos concluir que es competencia de
esta Sala conocer de las pretensiones cuyo fundamento jurídico sea la alegación
de una “nulidad absoluta o de pleno derecho”.”
NO TODA ILEGALIDAD O VIOLACIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO CONLLEVA UNA NULIDAD DE PLENO DERECHO O ABSOLUTA
“Siendo que la demanda debe ser analizada según la petición de la parte actora
en respeto al principio de congruencia, por la invocación del vicio de nulidad absoluta
o de pleno derecho.
Esta Sala, estima necesario señalar que no toda ilegalidad o violación al ordenamiento
jurídico conlleva una nulidad —de pleno derecho o absoluta—. En este sentido, la
referida nulidad constituye una categoría excepcional cuyos efectos son los más
gravosos para el ordenamiento jurídico.”
VICIOS CONSTITUTIVOS DE NULIDAD ABSOLUTA O DE PLENO DERECHO, POR LA
GRAVEDAD DE LOS MISMOS NO PUEDEN PRODUCIR NINGÚN EFECTO POSITIVO INEFICACIA
GENERAL O ERGA OMNES Y LA DECISIÓN ANULATORIA TIENE CARÁCTER DECLARATIVO
“Los vicios constitutivos de nulidad absoluta o de pleno derecho, por la gravedad
de los mismos no pueden producir ningún efecto positivo —ineficacia general o erga omnes¬— y la decisión anulatoria tiene carácter
declarativo, ya que desde su origen el acto se encontraba contaminado, razón por
la cual, en las declaraciones de nulidad de pleno derecho ésta se retrotrae a la
fecha en que se dictó el acto viciado —efectos
ex tunc—.”
CASOS EN QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS INCURREN EN NULIDAD DE PLENO DERECHO
“En el caso bajo estudio, con base al artículo 232 del CPCM la demandante social
señala que el auto de designación de auditores para fiscalizarle desembocan en una
nulidad absoluta, en razón que la notificación del mismo se realizó sin darle cumplimiento
a lo establecido en el artículo 165 CT.
Concretamente, este Tribunal ha considerado jurisprudencialmente, en atención
a que la ley —LJCA aplicable a este caso y que se relacionó supra— no establecía
los supuestos de nulidad absoluta o de pleno derecho, que los actos administrativos
incurren en nulidad de pleno derecho entre otros, en los casos siguientes: (i) Cuando
son dictados por autoridad manifiestamente incompetente por razón de la materia
o del territorio, (ii) cuando son dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido, se omiten los elementos esenciales del procedimiento
previsto, o los que garantizan el derecho a la defensa de los interesados, (iii)
cuando su contenido es de imposible ejecución, ya sea porque existe una imposibilidad
física de cumplimiento o porque la ejecución del acto exige actuaciones que resultan
incompatibles entre sí, (iv) cuando se trata de actos constitutivos de infracción
penal o de actos dictados como consecuencia de aquéllos y, (v) en cualquier otro
supuesto que establezca expresamente la ley.
Estos supuestos han sido retomados por esta Sala, en diversas resoluciones,
para realizar el análisis de la pretensión deducida bajo la forma de una nulidad
absoluta o de pleno derecho (resoluciones de las ocho horas diez minutos del siete
de febrero de dos mil diecisiete, de las catorce horas con treinta minutos del tres
de enero de dos mil diecisiete y de las trece horas con cincuenta y tres minutos
del treinta de noviembre de dos mil dieciséis; procesos contencioso administrativos
632-2016, 127-2015 y 524-2016, respectivamente).
De ahí que, en cada caso, esta Sala ha de determinar si el vicio alegado por
la parte actora que invoca una nulidad absoluta o de pleno derecho, efectivamente
se ajusta al grado de invalidez más nocivo de los actos administrativos.”
REGLAS DE NOTIFICACIÓN
“En tal sentido, el CT en su artículo 165 regula las reglas de notificación
y en lo pertinente enuncia: “Todas las actuaciones
de la Administración Tributaria deberán notificarse de conformidad con las reglas
siguientes: Se efectuarán en la dirección señalada para recibir notificaciones al
sujeto pasivo o deudor tributario, cuando ésta haya sido informada. La notificación
al sujeto pasivo, representante legal, apoderado, curador o heredero podrá efectuarse
en dirección distinta al lugar señalado para tal efecto cuando se realice personalmente
a ellos.
(...) Cuando se trate de
una sociedad, la notificación se realizará por medio de cualquiera de sus representantes,
por medio de persona que hubiese comisionado ante la Administración Tributaria para
recibir notificaciones, su apoderado, persona mayor de edad que esté al servicio
de dicha sociedad o por medio de persona mayor de edad que esté al servicio de la
empresa u oficina establecida en el lugar señalado para recibir notificaciones.
La persona a quien se realice el acto de comunicación deberá mostrar cualquiera
de los documentos de identificación a que alude este artículo y estampar su nombre
y firma en constancia de su recibo.””
NO EXISTE NULIDAD DE PLENO DERECHO, AL HABERSE REALIZADO EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 165 CT, CUANDO SE TRATA DE NOTIFICAR A
UNA CONTRIBUYENTE SOCIAL
“En armonía con lo anterior, es pertinente indicar que a folios 2 vuelto del
expediente administrativo llevado por la DGII, corre agregada acta de notificación
del auto de designación de auditores de fecha quince de agosto del año dos mil trece.
De la relacionada acta, se aprecia que la providencia aludida fue notificada
a la sociedad demandante, pero que al no haber
encontrado representante legal, ni persona comisionada para recibir notificaciones,
ni apoderado, se efectuó por medio de la señora JMMM, con número de Documento
Único de Identidad [DUI] **********, quién manifestó estar al servicio de la parte
actora, y estampó sello de la misma -“EMILIA, S.A. DE C.V.”- en dicha acta, firmándola
junto al notificador de la DGII. Asimismo, es de referirse que la comunicación del
acto de que se trata, fue realizada en el lugar señalado por la sociedad actora
para recibir notificaciones, ello de conformidad al artículo 90 CT, siendo ese lugar
el siguiente: **********, Municipio y Departamento de San Salvador, ello según consta
en el Registro Único de Contribuyentes [RUC] –folio 5 del expediente administrativo
llevado por la DGII-.
Es así que, este Tribunal observa que la DGII siguió el procedimiento establecido
en el artículo 165 CT, cuando se trata de notificar a una contribuyente social,
y en consecuencia no existe la violación alegada por la actora, consistente en que
la notificación no se hizo en legal forma, que no se garantizó su derecho de defensa
y audiencia, y el no cumplimiento del artículo 3 del CT.
Lo anterior, en cuanto que el acto de comunicación se realizó en el lugar señalado
y a una de las personas que señala la Ley, garantizando así el derecho de defensa
de la sociedad en referencia, al verificarse que la notificación del auto de designación
de auditores, como las subsiguientes notificaciones [en las que se encuentra el
auto de audiencia y apertura a pruebas, y la de al resolución final emitida por
la DGII], han cumplido su finalidad, pues se aportó documentación en el desarrollo
de la fiscalización; igualmente, en los plazos que determina la ley se presentó
escrito en la etapa de audiencia y apertura a prueba ante la DGII; más sin embargo,
no se aportaron pruebas de descargo que soportaran sus inconformidades, sino meras
aseveraciones que no desvirtuaron los resultados determinados por la DGII; y por
último, se accedió al recurso de apelación en el plazo establecido en la LOFTAIIA.
Lo anterior, confirma que dicha sociedad ha tenido conocimiento cierto de las actuaciones
de la Administración Pública, y además intervino activamente durante todo el procedimiento,
no vislumbrándose indefensión alguna en los términos planteados por la sociedad
en referencia.
Ahora bien, respecto a lo señalado en referencia al artículo 232 CPCM como norma
supletoria común aplicada al CT, es plausible mencionar que el artículo 20 CPCM,
regula claramente que únicamente en caso de no existir una disposición específica
de las leyes que regulan los procesos distintos de los procesos civil y mercantil,
según sea el caso, las disposiciones del mencionado Código se aplicarán supletoriamente.
Lo anterior, significa que las mismas son primordialmente aplicables a los procesos
civil y mercantil, no de forma automática a todos los procesos que se lleven a cabo,
sino únicamente en aquellos casos en que no existiere regulación legal específica.
Sobre lo anterior, el artículo 232 letra c) CPCM, en el capítulo séptimo, relativo
a la nulidad de las actuaciones procesales, hace alusión al principio de especificidad,
que es aplicado en los supuestos en que los actos procesales son nulos, siempre
y cuando así lo establezca expresamente la ley. La aludida letra del artículo 232
CPCM señala, que serán nulos aquellos casos que “se han infringido los derechos
constitucionales de audiencia y defensa”; es decir que, bajo ese supuesto, si en
un proceso o procedimiento no se han respetado los derechos de audiencia y defensa,
todos los actos subsecuentes son nulos. Situación la anterior, en la que la parte
actora enmarca su argumento. No obstante, como ya se ha relacionado, en el caso
en análisis la notificación del auto de designación de auditores, como de la resolución
determinativa de impuesto y sancionadora, se realizaron conforme lo establece el
CT.
En ese sentido, no se advierte que exista motivo alguno de nulidad de los actos
administrativos relacionados supra, ya
que se tuvo pleno conocimiento de las actuaciones de la Administración Tributaria,
y se ejerció el derecho de defensa durante el procedimiento respectivo. En consecuencia,
lo argüido por la demandante social no tiene ningún asidero legal. Aunado a lo anterior,
no pude aplicarse normativa distinta, en el presente caso, pues existe una regulación
específica para realizar las notificaciones en respeto de la Ley Tributaria.
Por consiguiente, se concluye que los actos
administrativos impugnados no adolecen de la ilegalidad de conformidad a lo expresado
por EMILIA, S.A. DE.C.V.”