OBJETO DE CONTROL EN EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

PUEDE CONTROLARSE LA CONSTITUCIONALIDAD DE TODA NORMA GENERAL Y ABSTRACTA, DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS OMISIONES INCONSTITUCIONALES

“V. El objeto de control en el proceso de inconstitucionalidad.

Según el art. 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC), los elementos del control constitucional son los que siguen: (i) el parámetro de control (art. 6 n° 3 LPC), que es la norma constitucional potencialmente violada por el acto objeto de examen[1]; (ii) el objeto de control, que es la norma, acto u omisión que se considera que infringe o transgrede el parámetro de control propuesto (art. 6 n° 2 LPC); y (iii) la confrontación normativa (art. 6 n° 3 LPC), constituida por la argumentación tendente para evidenciar la incompatibilidad percibida por el demandante entre el objeto y parámetro de control[2].

Dentro de los posibles objetos de control constitucional figuran, en primer lugar, los que la Constitución misma señala de forma expresa en los arts. 149 inc. 2° y 183. Según la primera disposición, “[l]a declaratoria de inconstitucionalidad de un tratado, de un modo general y obligatorio, se hará en la misma forma prevista por esta Constitución para las leyes, decretos y reglamentos” (las itálicas son propias). De acuerdo con la segunda, “[l]a Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano” (las itálicas son propias). Pero, la jurisprudencia de este tribunal ha ido ampliando los posibles objetos de control constitucional en el proceso de inconstitucionalidad. Así, ha dicho que puede controlarse la constitucionalidad de toda norma general y abstracta[3], de los actos de aplicación directa de la Constitución[4] y de las omisiones inconstitucionales[5].”

ACTOS DE APLICACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

“En cuanto a los actos de aplicación directa de la Constitución, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el objeto de control del proceso de inconstitucionalidad incluye las actuaciones específicas realizadas por los órganos del Estado en el ejercicio de competencias directamente atribuidas por la Constitución, ya que, si bien se trata de actos concretos, son actuaciones que tienen a la Ley Suprema como único fundamento normativo, por lo que admiten como parámetro de control los límites (formales y/o materiales) que aquella establece[6]. Así, el control jurisdiccional de esta clase de actos, como la designación de funcionarios de elección directa e indirecta, es un elemento inseparable del concepto de Constitución, pues admitir lo contrario supondría aceptar la existencia de actuaciones de las autoridades que, al imposibilitar su examen, generarían en el ordenamiento jurídico zonas exentas de control de constitucionalidad o de normas constitucionales que serían incumplidas[7].”

DECRETO EJECUTIVO COMO ACTO DE APLICACIÓN DIRECTA DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ÓRGANO EJECUTIVO, NO ENCAJA DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE OBJETO DE CONTROL, POR NO SER LEY, TRATADO, REGLAMENTO, OMISIÓN O ACTO DE APLICACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

“VI. Examen liminar