PRINCIPIO DE EXCLUSIVIDAD DE LA JURISDICCIÓN

ORIGEN CONSTITUCIONAL

“VII. El principio de la exclusividad de la jurisdicción.

El art. 172 inc. 1° Cn. prescribe que “[l]a Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias, integran el Órgano Judicial. Corresponde exclusivamente a este Órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucionales, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso-administrativo, así como en las otras que determine la ley”. De esta disposición deriva el principio de exclusividad de la jurisdicción, según el cual el Órgano Judicial es el único órgano competente para poder conocer, decidir y ejecutar lo decidido en cualquier proceso que se suscite entre las personas o cuando, por la relevancia o interés general de que ciertas situaciones se declaren o concreten por medio de tal órgano, su intervención sea necesaria[1].

ENFOQUES POSITIVO Y NEGATIVO

“El principio de exclusividad de la jurisdicción puede analizarse desde dos enfoques: uno positivo, el cual implica que —salvo casos excepcionales— la autodefensa se encuentra proscrita en el Estado de Derecho; y otro negativo, que implica que los tribunales no deben realizar otra función que no sea la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Tal principio exige que la facultad de resolución de conflictos sea atribuida a un único cuerpo de jueces y magistrados, independientes e imparciales, en donde toda manipulación relativa a su constitución y competencia esté expresamente excluida. Una exigencia que conlleva el principio de exclusividad de la jurisdicción es que la potestad jurisdiccional, tanto en la fase de declaración —juzgar—, como en la de ejecución —hacer ejecutar lo juzgado—, sea atribuida como monopolio a los miembros que integran el Órgano Judicial, vedando a los demás órganos del Gobierno la asunción de las funciones jurisdiccionales[2].”

IMPLICA UN MONOPOLIO ESTATAL Y UNO JUDICIAL

“El principio de exclusividad de la jurisdicción implica, en primer lugar, un monopolio estatal como consecuencia ineludible de atribuir a la jurisdicción la naturaleza jurídica de potestad dimanante de la soberanía popular; y, en segundo lugar, un monopolio judicial, en virtud de la determinación del órgano del Estado al cual se atribuye la jurisdicción. Por tanto, ningún otro órgano distinto del Judicial puede realizar el derecho en un caso concreto juzgando de modo irrevocable una pretensión y ejecutando lo juzgado[3]. Ahora bien, este principio no excluye que el resto de órganos constitucionales que tienen alguna competencia materialmente jurisdiccional también actúen dentro de su marco competencial. Es decir, este principio no descarta la posibilidad de que otros entes públicos u órganos estatales distintos al Judicial puedan aplicar el Derecho, siempre y cuando las decisiones emitidas por ellos sean susceptibles de revisión en el órgano jurisdiccional[4].

En tal sentido, se admite que los demás órganos del Estado puedan ser operadores jurídicos con funciones de aplicación del Derecho. Pero, las resoluciones que se pronuncien en ejercicio de estas funciones deben ser susceptibles de potencial revisión en sede judicial. De tal forma se logra la conservación de la exclusividad de la jurisdicción sin mermar o anular las facultades aplicativas a las que se ha hecho referencia.”