SENTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD

ADQUIEREN EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA, YA QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE RECURSO ALGUNO Y SON OPONIBLES A TODOS LOS ÓRGANOS PÚBLICOS Y AUTORIDADES, CON EFECTOS DE PRECEDENTES

“2. Justamente, uno de los defectos de la pretensión de inconstitucionalidad que puede justificar su rechazo en el desarrollo del proceso por medio del sobreseimiento es la existencia de un precedente desestimatorio sobre el mismo objeto de control que está siendo cuestionado. Esta circunstancia hace necesario referirse a los efectos de los precedentes de esta sala y a las deficiencias que pueden cometerse en la formulación de la pretensión de inconstitucionalidad.

A. En torno a los efectos de los precedentes de este tribunal, los arts. 183 Cn. y 10 inc. 1° LPC establecen que la sentencia no admitirá ningún recurso y será obligatoria, de un modo general, para los órganos de Estado, para sus funcionarios y autoridades y para toda persona natural o jurídica. Con base en tales disposiciones, es viable afirmar que la sentencia de inconstitucionalidad adquiere el carácter de cosa juzgada, ya que no es susceptible de recurso alguno y es oponible a todos los órganos públicos y autoridades[1]. Y ni siquiera pueden ser anuladas por este mismo tribunal. Esto ha permitido a esta sala sostener que “[…] si una disposición impugnada ha sido objeto de control en un proceso anterior y el sentido de esa resolución hubiera [sido] desestimatorio, bien podría examinarse, en un proceso posterior […] la constitucionalidad del objeto de control siempre que los demandantes alegaran motivos distintos a los desestimados con anterioridad […]”, de modo que “[…] no cabría la posibilidad de reexaminar, en un nuevo proceso, la constitucionalidad del cuerpo normativo o disposición impugnada por los mismos motivos desestimados […]”[2].

Tal consecuencia no solo es predicable de las sentencias, sino también de cualquier tipo de resolución que se emita: autos de admisión, improcedencia, inadmisibilidad, sobreseimiento o sentencia, pues constituyen autoprecedentes, por ser todos ellos obligatorios incluso para el propio tribunal[3]. Esto significa que esta sala (como cualquier otro tribunal) está sujeta a sus precedentes —autoprecedentes—, salvo que se aduzcan mejores razones que justifiquen apartarse de ellos[4]. El fundamento constitucional de esta figura son los principios de seguridad jurídica (art. 1 inc. 1º y 2 inc.1ºCn.) e igualdad (art. 3 Cn.), que exigen que todos los casos futuros, dadas circunstancias similares, sean tratados de la misma forma[5].

Lo anterior implica que “[…] las resoluciones o sentencias que ponen fin a un proceso constitucional o que resuelven la pretensión no pueden modificarse, porque el orden jurídico les atribuye efectos de cosa juzgada. Esta adquiere pleno sentido cuando se la relaciona con un proceso constitucional posterior, ya que hasta entonces es que la vinculación de carácter público adquiere virtualidad. De esta vinculación se derivan dos efectos: la inmodificabilidad del precedente y la autovinculación al mismo. En principio, las exigencias derivadas de los principios de igualdad y de seguridad jurídica obligan a este tribunal a ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior, cuando haya de decidir sobre una pretensión respecto de la cual la sentencia recaída se encuentre en estrecha conexión”[6]. De ahí que, cuando una pretensión de inconstitucionalidad ha sido juzgada y luego se presenta otra que guarda con ella semejanzas relevantes, el tribunal tiene la obligación constitucional de atenerse al precedente que ha adquirido efectos de cosa juzgada[7].”

EFECTOS SON DEFINIDOS MEDIANTE LÍNEA JURISPRUDENCIAL, CONFORME A LA FIGURA DE LA MODULACIÓN

“V. Efectos de las sentencias de inconstitucionalidad en el tiempo; y la creación y cambio de precedente.

1. A diferencia de lo que ocurre en países como Costa Rica[8], Perú[9], Colombia[10] y España[11] —entre otros—, en los que existe una regulación que fija claramente el alcance de los efectos temporales de las sentencias que se pronuncian en el marco del control abstracto de constitucionalidad, en El Salvador la Constitución y la Ley de Procedimientos Constitucionales no lo hacen de manera expresa. Sin embargo, tal deficiencia normativa no ha sido un obstáculo para que este tribunal elabore una línea jurisprudencial que defina la aplicación retroactiva o irretroactiva de las consecuencias derivadas de las sentencias del proceso de inconstitucionalidad y su alcance sobre el ordenamiento jurídico, mediante la figura de la modulación de los efectos de las sentencias. Tal orientación jurisprudencial ha sido construida de acuerdo con el tipo de vicio de inconstitucionalidad estimado[12]. Acá debe recordarse que el art. 183 Cn. atribuye a este tribunal la competencia para ejercer el control abstracto de constitucionalidad sobre las leyes, decretos y reglamentos o sobre cualquier otra fuente normativa, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio.

A. Cuando se alega vicios de forma, la validez (formal) de una norma está condicionada al desarrollo de las etapas o fases del proceso de producción de fuentes del Derecho, es decir, el cumplimiento de las normas constitutivas que establecen el proceso de formación de ley, con independencia de la materia regulada. Esto es así porque en dicho proceso debe verificarse la observancia de las normas que indican qué actos y hechos jurídicos cuentan como fuentes del Derecho[13], por lo que estas normas se convierten en “[…] las condiciones exigibles para la producción y existencia de situaciones jurídicas o de resultados institucionales y son condición necesaria para la producción de las consecuencias jurídicas a que se refieren”[14]. Las normas constitutivas se dividen en puramente constitutivas, que son las que condicionan la producción de un resultado institucional a la ocurrencia de un cierto estado de cosas; y en reglas que confieren poder, que vinculan el surgimiento de un resultado institucional y la creación de un estado de cosas a la realización deliberada de una acción o de un conjunto de acciones encaminadas a ese fin, siempre que dichas acciones estén amparadas por una norma jurídica que faculte a alguien a ejecutarlas[15].

En consecuencia, si las normas constitutivas determinan los requisitos para la producción de un determinado resultado normativo, de esto se sigue que el incumplimiento de tales reglas[16], en el ámbito legislativo, produce la inexistencia de la norma jurídica o del acto normativo. Es decir, dado que no se han cumplido las exigencias que la Constitución impone para la creación normativa, el resultado pretendido se considera como no alcanzado. Por tal razón, la jurisprudencia constitucional salvadoreña ha indicado que “[…] la inobservancia de aquellos actos esenciales que integran el procedimiento, produce como consecuencia vicios en la formación de la voluntad, afectando de esta manera la validez de la decisión final que se adopte […]”[17]. Por ello, “[…] el proceso de inconstitucionalidad, por vicio en la forma[,] tiene por finalidad que esta [s]ala invalide la disposición estimada inconstitucional, por no haberse cumplido, en la producción de tal disposición, con los requisitos formales establecidos por la Constitución para su validez […]”[18]. Esta es la razón por la cual se ha determinado que la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad, por vicios de forma, en puridad debería surtir efectos desde la fecha de emisión del acto impugnado, porque dicha declaratoria constata que en esa fecha se omitió una condición necesaria para la producción de la fuente del Derecho controlada. De acuerdo con esto, los efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad de este tipo se retrotraen al momento de la emisión del acto impugnado, porque “[…] la voluntad soberana no se habría manifestado en la forma prescrita por la Constitución […]”. Aquí la fuente simplemente no tendría existencia[19].

B. Por su parte, en cuanto a los vicios de contenido, es posible que en la sentencia se constate la incompatibilidad entre el contenido del precepto impugnado y el contenido del parámetro de control. En este caso, la declaratoria de inconstitucionalidad sería el resultado de evaluar o comparar el contenido regulativo del acto enjuiciado con el contenido regulativo que se adscribe a las disposiciones constitucionales. Aquí el efecto de la declaratoria de inconstitucional es constitutivo, esto es, la sentencia es el acto que crea la inconstitucionalidad. Esto implica que el precepto impugnado es inconstitucional desde el instante en que la sentencia se pronuncia (dejando a salvo la posibilidad de que el tribunal difiera este efecto), porque es hasta ese momento en que se realiza institucionalmente el juicio de compatibilidad[20].

2. A. Descritos de forma general los tipos de vicios de inconstitucionalidad, es preciso advertir que las sentencias de inconstitucionalidad estimatorias producen diferentes efectos. Por regla general, la declaratoria de inconstitucionalidad por vicio de forma debería tener efectos retroactivos, porque la decisión constata la falta de cumplimiento de las normas constitutivas, lo que determina su invalidez formal y, consecuentemente, determina la inexistencia del objeto de control, pues no cumple con los estándares para pertenecer al sistema de fuentes[21]. Acá la infracción se produjo desde el momento en que la norma jurídica o el acto normativo se intentó producir[22]. La consecuencia que este tipo de situación traería aparejada es que, en principio, los actos que se produjeron al amparo de normas que se declaran inconstitucionales tendrían que considerarse inválidos. Al respecto, en la jurisprudencia constitucional se ha reconocido que, “[…] en virtud de la inexistencia del acto[,] deben eliminarse ab initio también las consecuencias o efectos que generó, es decir, [se] pretende la desaparición de las consecuencias jurídicas ex tunc —desde el momento en que se produjeron—”[23].

 En cambio, la declaratoria de inconstitucionalidad por vicios de contenido tendría efectos hacia el futuro (es decir, irretroactivos), pues a partir del pronunciamiento es que se constata la contradicción lógica entre la normativa impugnada y la Constitución[24]. Así lo ha reconocido también la jurisprudencia constitucional, al señalar que la sentencia estimatoria en un proceso de inconstitucionalidad “[…] surte efecto desde el momento [en] que se produce la declaración, [por lo que] no [implica] un pronunciamiento con efectos hacia el pasado”[25].

B. Pese a la existencia de la citada dicotomía asistemática de efectos de las sentencias de inconstitucionalidad que existe en la jurisprudencia constitucional, de igual manera existen decisiones en las que este tribunal ha dado un tratamiento unificado a las consecuencias derivadas de las declaratorias de inconstitucionalidad por vicio de forma y de contenido, pues en ambos casos se ha optado por reconocerle a la decisión únicamente efectos constitutivos[26]. En este sentido, cuando se ha detectado un vicio en el proceso de formación de la ley, se ha sostenido que, a pesar de tal inconstitucionalidad, “[…] dicha declaración no puede afectar las relaciones o las situaciones jurídicas que se consolidaron a raíz de la aplicación de las disposiciones impugnadas, lo cual obliga a establecer […] efectos […] a futuro, para no afectar dichas situaciones jurídicas consolidadas […]”[27], por lo que la “[…] sentencia no puede tener efectos declarativos, sino constitutivos”[28].