INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN
CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPUGNABILIDAD OBJETIVA Y LA DOCTRINA DEL
PRECEDENTE JUDICIAL
“Las resoluciones judiciales que definen las cuestiones de fondo y las
incidencias planteadas durante el desarrollo de un proceso, pueden estar
afectadas por algún vicio o error que provoque un gravamen a cualquiera de las
partes legítimamente acreditadas; entonces, con el objetivo de revisar la
resolución para enmendar o invalidar -total o parcialmente- las posibles
irregularidades que se puedan cometer en la tramitación de la causa, el Derecho
Procesal Penal, ha instituido medios de impugnación, a través de los cuales
ofrece a los litigantes la facultad potestativa para solicitar, generalmente
ante el superior jerárquico, la corrección de los defectos en que los jueces
hayan incurrido, restablecer los derechos quebrantados y eliminar el agravio
derivado del acto procesal irregular.
A propósito de la impugnación, que se considera como un medio técnico
que aspira no sólo a un nuevo examen de la resolución perjudicial, sino también
a la posterior reforma dentro del mismo proceso en el que la resolución ha sido
expedida, doctrinariamente se comprende como: “El acto procesal de la parte que
se estima agraviada por un acto de resolución del juez o tribunal, por lo que
acude al mismo o a otro superior, pidiendo que revoque o anule el o los actos
gravosos, siguiendo el procedimiento previsto en las leyes.” (FAIREN GUILLEN,
Víctor. “Doctrina General del Derecho Procesal”. P. 479).
A partir de dicho concepto, logra sustraerse que es imperativo para la
prosperidad de la queja formulada por los sujetos que se consideran perjudicados
con el acto que sean cumplidos los requisitos exigidos por la norma, desde la
pretendida apertura del procedimiento propiamente de reclamo.
Dentro del universo de remedios que la ley concede al agraviado, el
estudio de la presente causa se concentrará en la casación. Así pues, la
normativa adjetiva (Art. 50 del Código Procesal Penal) designa a la Sala de lo
Penal como la entidad encargada de conocer este especial medio recursivo, la
cual tiene a su cargo las funciones concernientes de velar por el pleno respeto
de la ley, así como de los derechos y garantías de las partes del litigio;
procurar la garantía de seguridad jurídica (función nomofiláctica), así como la
de la aplicación de la justicia al caso concreto (función dikelógica).
Por su parte, los Arts. 478 y siguientes del mismo cuerpo normativo,
contienen una serie de disposiciones relativas a la interposición,
admisibilidad y formalidades del escrito elaborado por el impugnante.
El ordenamiento indica con precisión cuál fallo es el oportuno para
acceder a la casación. Este requerimiento significa que podrán ser objeto de
reproche, bajo pena de inadmisibilidad, las resoluciones citadas en tal
precepto. Ello se conoce doctrinariamente como “Principio de Recurribilidad”,
contenido en el Art. 452 del Código Procesal Penal.
En concordancia a ese precepto, dispone el Art. 479 del Código Procesal
Penal, que son objeto de análisis por parte de esta sede las sentencias
definitivas y los autos que pongan fin al proceso o a la pena, hagan imposible
que continúen las actuaciones o que denieguen la extinción de la pena, toda vez
que éstos sean proferidos por el tribunal que conoció en segunda instancia. Así
pues, quedan proscritas las interpretaciones extensivas o analógicas a
supuestos no comprendidos dentro de esa enumeración concreta.
Entonces, de acuerdo a esta línea jurisprudencial, en principio se
encuentran excluidas del universo de análisis casacional, todas aquellas
decisiones que retrotraigan el proceso a estadios previos, entiéndase al juicio
oral y público, en tanto que en tales casos las pretensiones jurídicas de las
partes se encuentran pendiente de resolver
ii. Doctrina del precedente judicial.
El proceso penal se encuentra inspirado por principios y dentro de éstos
figura el denominado stare decisis o la vinculación al precedente, el cual ha
sido diseñado con la finalidad de brindar seguridad jurídica a las partes
intervinientes de una causa, así como a la colectividad jurídica en general.
Este principio supone que la decisión de un tribunal o un juez tomada después
de un razonamiento sobre una cuestión de derecho planteada en un caso -y
necesaria para el establecimiento del mismo- es una autoridad o precedente
obligatorio para el mismo tribunal y para otros de igual o inferior rango en
subsiguientes casos en que se trace otra vez la misma cuestión. En ese
entendimiento, una providencia que constituye un precedente implica
vinculatoriedad de ésta con supuestos futuros. En un sentido estricto, un
precedente sólo es aquel que tiene eficacia jurídicamente vinculante para las
decisiones sucesivas de casos semejantes.
Cuando se habla de la auto vinculación del juez a sus propias
decisiones, se comprende que se refiere a una aplicación no sólo de la justicia
formal, puesto que se da tratamiento equitativo a situaciones similares,
alcanzando así una consistencia entre la resolución presente y las anteriores;
sino también, se da plena vigencia al principio de igualdad ante la ley, ya que
los fallos posteriores deben tener en cuenta no sólo las anteriores, sino
también se revisten de un determinado peso no derogable, salvo que se
configuren razones suficientes para modificarlas.
En la misma línea, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia ha sostenido: “el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional
requiere de los jueces y tribunales la elaboración de criterios
jurisprudenciales uniformes... Dicha labor obliga a entender a la
jurisprudencia como una actividad racional y argumentativa creadora de normas,
las cuales han de convertirse en un canon de obligatoria observancia para ellos
mismos -auto precedente- o para otras entidades jurisdiccionales -precedentes
verticales, con el fin de poder dirimir los casos futuros” (Sala de lo
Constitucional, Amparo Ref. 4082010, emitida el 27/10/2010).
Lo expuesto con antelación, no es óbice a la posibilidad de modificar
los criterios fijados en resoluciones anteriores, con la suficiente motivación,
tal como lo ha manifestado la jurisprudencia constitucional: “En efecto, aunque
el precedente (y de manera más precisa, el auto precedente) posibilita la
precomprensión jurídica de la que parte toda interpretación, la continuidad de
la jurisprudencia puede flexibilizarse o ceder bajo determinados supuestos;
pero, para ello, se exige que el apartamiento de los precedentes esté
especialmente justificado -argumentado- con un análisis prospectivo de la
antigua jurisprudencia, que también es susceptible de ser reinterpretada” (Sala
de lo Constitucional, Inconstitucionalidad Ref. 1-2010 Ac., dictada el
25/08/2010).
En especial, debe tenerse presente que la Constitución de la República,
postula diversos principios esenciales de la función jurisdiccional, incluyendo
la independencia, imparcialidad, predeterminación.”
PROCEDE SU DECLARATORIA POR NO SER SOSTENIBLE LA INVOCACIÓN DEL
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL SEÑALADO Y POR EVIDENCIARSE AUSENCIA DEL REQUISITO
LEGAL DE IMPUGNABILIDAD OBJETIVA
“Invocando las decisiones emitidas por esta Sala Casacional, referencias
216C2016, 172C2017 y 264C2018, de fechas 6/12/2017, 21/05/2018 y 29/08/2018,
respectivamente, el impugnante inicia solicitando que para el caso en
discusión, el estudio de la “Impugnabilidad Objetiva”, sea abordado de acuerdo
a los excepcionales criterios jurisprudenciales desarrollados en las aludidas
sentencias -los cuales se apartan de la toma de postura respecto al principio
de taxatividad-, de acuerdo a los que, la vía casacional ha resultado
aperturada acertadamente, aún a pesar de estar ante la presencia de una
decisión proferida por el colegiado de alzada correspondiente a la “anulación
del fallo de primera instancia y el reenvío de la causa al tribunal
sentenciador”.
Continúa indicando, que dicha jurisprudencia es aplicable al subjúdice,
en tanto que se encuentra afectado por el presupuesto correspondiente al
“círculo infinito de persecución”, al que hace expresa referencia los
precedentes recién indicados.
En cuanto que han sido claramente invocadas decisiones emitidas por este
Tribunal, es preciso conocer del contenido y alcance de las mismas, con el objetivo
de establecer si las cuestiones pasadas en la autoridad de cosa juzgada guardan
semejanza con el asunto en discusión, así:
En la sentencia referencia 216C2016, se sorteó el requisito de la
impugnabilidad objetiva, en tanto que se planteó como objeto de debate, la
“excepción perentoria de la cosa juzgada”. Posteriormente, la casación
identificada como 264C2018, no es homogénea en contenido respecto del primer
fallo mencionado, ya que en esta decisión se indica -luego de un exhaustivo
estudio a la auto vinculación de los pronunciamientos vertidos en esta sede-,
que no resultaba aplicable la excepcionalidad respecto de los fallos que son
objeto de estudio en Casación, puesto que en esa oportunidad se discutía la
revocatoria de un sobreseimiento definitivo decretado por el Juzgado de Primera
Instancia, ordenando la reapertura de la instrucción y la celebración de una
audiencia especial de prueba, pretensión recursiva que no es próspera a la luz
del Art. 478 del Código Procesal Penal, declarándose, en consecuencia,
inadmisible el recurso intentado.
Finalmente, en cuanto a la cita correspondiente a la providencia
172C2017, el recurrente trae a mención los argumentos desarrollados en el voto
disidente del magistrado Ramón Iván García. Al respecto, es preciso indicar que
si bien es cierto, tales argumentos son respetables, indudablemente no reflejan
los juicios, valoraciones y posturas emitidas por la mayoría de este Tribunal,
por las cuales se decantó en esa oportunidad, emitir un fallo desestimatoria a
la pretensión impugnaticia.
Confeccionadas las necesarias aclaraciones previas, es preciso retomar
el contenido de la decisión referencia 216C2016, la cual es citada por el
recurrente, a fin de establecer si ciertamente, procede apartarse del unánime
criterio respecto de la impugnabilidad objetiva, prescrito por el Art. 478 del
Código Procesal Penal, y en su lugar, admitir la pretensión impugnaticia y
emitir un pronunciamiento de fondo.
En ese contexto, la referida decisión indica que, sí y sólo sí, se está
en la presencia de los siguientes presupuestos, es posible seguir la regla del
overruling -como se conoce en el derecho anglosajón-, esto es, bajo una debida
fundamentación, separarse de los criterios previamente vertidos por el tribunal
emisor. A saber, tales requisitos son: “a) La identificación de una nulidad
absoluta patente por infracción de derechos y garantías fundamentales,
atendiendo a la característica de este tipo de defectos pueden ser declarados
en cualquier grado o estado del proceso. b) Que se trate de un reclamo que no
se refiera al ofrecimiento, producción y valoración de material probatorio,
dado que estos puntos pueden ser discutidos por las partes en el reenvío
ordenado, en aplicación de los principios especiales que rigen la fase de
prueba. y c) Que la causa haya sido elevada en diversas ocasiones al
conocimiento de esta sede, generando una sucesión de múltiples reenvíos que
deviene en un “círculo infinito de persecución penal”.
Ahora bien, al examinar en el escrito recursivo, las razones bajo las
cuales el impugnante pretende sea aplicada tal excepcionalidad, se abrigan en
el “circulo infinito de persecución”, tal como se indicó en el fallo referencia
172C2017, el cual transitó por la vía casacional tres veces y una adicional
oportunidad ante la Sala de lo Constitucional a consecuencia de un proceso de
amparo.
Al verificar los autos, se advierte que el caso discutido no ha sido
previamente del conocimiento de esta sede casacional en multiplicidad de
oportunidades, por el contrario, en esta primera ocasión de análisis, bajo el
amparo de la jurisprudencia en cita, se pretende aperturar la vía impugnaticia
frente a un caso de tramitación ordinaria, el cual por haber provocado
perjuicio a sus intereses procesales, el recurrente pretende acceder al
recurso.
Sin vacilaciones sostiene este Tribunal que la invocación del precedente
referencia 216C2016, no es aplicable al caso concreto, pues al informarse esta
Sala, sobre los argumentos mediante los cuales se fundamentaría la
circunstancia correspondiente a la imperecedera persecución, es evidente que
éstos redundan en la disputa de temas a agotarse en la reposición de la vista
pública ordenada por el colegiado de alzada, verbigracia, credibilidad de la
menor víctima, duda sobre la participación del imputado en los hechos, ausencia
de valoración integral de la prueba, determinación exacta de la fecha de
comisión del ilícito.
Entonces, no se advierte que se colme el supuesto correspondiente a la
irracionalidad en la duración del proceso por el abuso en el derecho al acceso
al recurso, ni un quebranto a la seguridad jurídica mediante el ejercicio del
Ius Puniendi del Estado, el cual no puede mantenerse indefinidamente hasta
lograr el dictado de una sentencia condenatoria. Finalmente, tampoco se
advierte la ruptura al Principio de Pronta y Cumplida Justicia, por las
impugnaciones sin límite por parte de las partes legitimadas, provocando con
ello un proceso de duración indeterminada.
Así pues, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala considera
que no es oportuno respecto del actual caso en discusión abandonar la
jurisprudencia casacional correspondiente a la impugnabilidad objetiva -la cual
fue agotada en el romano i de la presente-, en tanto que el núcleo del agravio
radica en una simple inconformidad con el fallo anulatorio dictado por el
colegiado de alzada, aspirando en esa óptica la hipótesis defensoril a retorcer
los criterios consolidados por este Tribunal.
En consecuencia, al evidenciarse la ausencia del requisito legal de impugnabilidad objetiva, la única consecuencia a tenor de lo dispuesto en el Art. 479 Pr. Pn., y del criterio establecido en la jurisprudencia de esta Sala, es declarar la inadmisibilidad del escrito recursivo en comentario y devolver las actuaciones a la Cámara proveyente.”