VOTO PARTICULAR PARCIALMENTE EN CONTRA DEL MAGISTRADO ALDO ENRIQUE CADER CAMILOT

 

INCONSTITUCIONALIDAD DE DECLARATORIA DE IMPROCEDENCIA ADOPTADA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SOBRE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA NO PUEDE NEGARSE A SESIONAR CUANDO EL CONSEJO DE MINISTROS LE HAGA UNA CONVOCATORIA EN EJERCICIO DE LA COMPETENCIA QUE LE CONFIERE EL ART. 167 ORD. 7° DE LA CONSTITUCIÓN

 

“Si bien concurro con mi voto en la formación de la sentencia respecto a la declaratoria de inconstitucionalidad del acuerdo emitido por el Consejo de Ministros de convocar a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria el 9 de febrero de 2020, disiento con mis compañeros de sala en el punto que desestimaron la inconstitucionalidad de la decisión de la Asamblea Legislativa de declarar improcedente la referida convocatoria, en virtud de los motivos siguientes:

            I. 1. En el presente caso, los fundamentos sobre los cuales descansa la inconstitucionalidad del acuerdo de convocatoria del Consejo de Ministros han sido aplicados en el examen de constitucionalidad de la improcedencia declarada por la Asamblea Legislativa, pero, en mi opinión, el razonamiento empleado para determinar la inexistencia de vicios de constitucionalidad en ese acto del legislativo adolece de inconsistencias, pues la conclusión a la que se arriba no se desprende de las premisas –valoraciones jurídicas y fácticas– desarrolladas en la sentencia; de las cuales se derivan obligaciones de ineludible cumplimiento tanto para el Órgano Ejecutivo como el Órgano Legislativo en el ejercicio de las funciones públicas que les han sido confiadas, sobre todo en el supuesto normativo objeto de controversia, este es, una convocatoria a sesión extraordinaria que ha sido planteada por un órgano externo al legislativo.

 A. Entre las premisas empleadas para el análisis de constitucionalidad en cuestión, se encuentran las valoraciones efectuadas en el considerando X de la citada sentencia referidas a la obligación de los órganos estatales de justificar los actos y decisiones que implican el ejercicio del poder público. Así, se acotó que el deber de justificación de las actuaciones se encuentra vinculado al principio de legalidad y es la única vía por medio de la cual los ciudadanos pueden controlar la sujeción de los entes públicos a la Constitución, las leyes y demás fuentes del Derecho, pues cumple dos funciones esenciales: (i) contribuir a la eliminación de cualquier vicio de arbitrariedad o voluntarismo en la toma de decisiones públicas, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en la sujeción al Derecho por parte de los entes estatales; y (ii) desde un punto de vista individual, permite al interesado controlar las decisiones adoptadas a través de los mecanismos de impugnación respectivos.

En ese orden de ideas, se enfatizó que “[t]odos los órganos fundamentales del gobierno –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– (art. 86 inc. 2° Cn.) están obligados a justificar los actos que impliquen el ejercicio de sus competencias”, lo cual implica “(…) ofrecer razones fácticas y jurídicas dirigidas a mostrar el carácter aceptable o correcto de una decisión”. Dicha actividad no puede reducirse a una mera indicación de que algo es o no viable, aceptable o procedente, pues sumado a ello, requiere que se expongan los motivos que permitan comprender por qué se optó por una u otra opción.

B. Para el caso particular de la función legislativa, en el apartado “XV. Democracia deliberativa” se hicieron acotaciones sobre los principios que rigen la labor de la Asamblea Legislativa. Así, se apuntó que sus decisiones deben ser adoptadas dentro de un procedimiento deliberativo democrático, en donde los representantes de la ciudadanía en el pleno se muestren abiertos al diálogo y a un discurso de autoentendimeinto; de ahí que, entre sus obligaciones se encuentran las de discutir, votar y aprobar los asuntos que le competen no solo en las comisiones parlamentarias, sino también en el pleno, pues todo asunto aprobado en esas instancias –parte de la dinámica de trabajo de la asamblea– deben ser sometidas al máximo órgano de gobierno para la formación de una decisión.

En consonancia con lo expuesto, y con base en los arts. 131 ord. 5°, 134 y 135 de la Cn., se enfatizó que “(…) la voluntad parlamentaria únicamente puede formarse por medio del debate y la contradicción”, es decir, “las soluciones a los compromisos que se adopten deben ser producto de la discusión de las diferentes opciones políticas”. Asimismo, se señaló que, con base en los principios democrático, pluralista, de publicidad, de contradicción y libre debate, bajo el imperio de la seguridad jurídica, debe garantizarse la intervención de los distintos grupos parlamentarios en las comisiones en las que formen parten y en las discusiones en el pleno, pues en una democracia nunca debe menospreciarse “el rol esencial que juegan el disenso y el consenso, la contradicción, la libre exposición y contraste de ideas, puntos de vista y cosmovisiones –incluso aunque no sean aceptadas por  la mayoría, por muy aplastante que esta sea–, y el control y dialogo ciudadano sobre cuestiones que de vinculan con asuntos de relevancia pública”.

II. 1. A. Con fundamento en las consideraciones aducidas en el considerando X, entre otras, en la sentencia se estableció que el Consejo de Ministros transgredió los arts. 86 en relación con el artículo 167 ordinal 7°, y 86 inciso 1°, 131 ordinal 5° y 148 de la Constitución, pues, por un lado, no justificó las razones por las que convocaba de manera extraordinaria a la Asamblea Legislativa, esto es, la urgencia de la aprobación del préstamo y la relación existente entre su aprobación y la disminución inmediata de la delincuencia organizada; y, por otro, incidió en las competencias del legislativo, quien no está obligado a aprobar la emisión de una resolución en particular. Respecto a este último punto se destaca en el fallo que “la única obligación que tiene dicho órgano fundamental frente a una convocatoria extraordinaria es la de atenderla y sesionar, no la de adoptar una decisión en específico” (itálica suplida).

Desde esa perspectiva, independientemente de la constitucionalidad o no de la referida convocatoria, también es necesario analizar las actuaciones realizadas por la Asamblea Legislativa frente al ejercicio de tal facultad por parte del Consejo de Ministros, a fin de establecer su compatibilidad con la Constitución, pues toda actividad realizada en el marco de una potestad pública –en este caso, la declaratoria de improcedencia de la aludida convocatoria emitida por el legislativo– debe observar los principios orientadores e informadores de dicha facultad, así como las obligaciones que de ellos se derivan.

B. En razón de ello, y las valoraciones efectuadas en el considerando XVII de la sentencia, a mi juicio, una vez que se ha hecho una convocatoria extraordinaria a la Asamblea Legislativa, los diputados se encuentran en la obligación de atenderla. En otras palabras, dicho órgano fundamental o los diputados no pueden negarse a sesionar cuando el Consejo de Ministros le haga una convocatoria en ejercicio de la competencia que le confiere el art. 167 ord. 7° Cn. Incluso, si la Asamblea Legislativa estima que la convocatoria es improcedente, dicha decisión —cualquiera que sea la forma que adopte— deberá ser consecuencia de una discusión y decisión parlamentaria dentro de la sesión extraordinaria a la que se le ha convocado. Si considera que la convocatoria es procedente, no está en la obligación de aprobar el asunto que se discute o de acceder a algo, pero sí está obligada constitucionalmente a analizar seriamente la cuestión y pronunciarse sobre ella. Así lo exigen el principio de separación orgánica de funciones, la prohibición de mandato imperativo y el principio deliberativo (arts. 86, 125 y 135 Cn.).

2. Al aplicar los principios constitucionales que rigen la labor legislativa al caso en cuestión, claramente puede constatarse de los hechos acaecidos –que son de conocimiento público– que la Asamblea Legislativa se limitó a estimar improcedente la convocatoria que le hizo el Consejo de Ministros para que llevara a cabo la referida sesión extraordinaria en la sesión n° 2 de 6 de febrero de 2020[1], y solo remitió un escrito al aludido consejo haciéndole saber su posición frente a la convocatoria, sin explicar los motivos en los que se fundamentó su decisión[2].

III. Con base en las razones expuestas, considero que la actuación de la Asamblea Legislativa, consistente en negarse a sesionar extraordinariamente, no se ajusta a los parámetros fijados en esta sentencia, pues implica una negativa a someter al pleno la discusión, deliberación y decisión de la referida petición. En mi opinión, cualquier decisión sobre si debe atenderse o no una convocatoria como la que fue objeto de este proceso, así como el examen de fondo que ello requiera en caso de ser admitida, debe ser adoptada por el pleno en la sesión extraordinaria a la que fue convocada, pues solo de esa forma se garantiza la observancia de los principios que rigen la labor legislativa, entre estos, el de seguridad jurídica, democracia, pluralismo, contradicción y libre debate, siendo este el motivo por el cual me separo del razonamiento efectuado por mis compañeros de sala en este punto.

En razón de lo expuesto, la declaratoria de improcedencia en cuestión es inconstitucional, y así debió ser declarada por esta sala, pues tal actuación riñe con los principios informadores de la actividad legislativa, entre estos, el democrático (art. 85 Cn.) y deliberativo (arts. 131 ord. 5º, 134 y 135 Cn.). A mi juicio, al no pronunciarse la inconstitucionalidad de dicha declaratoria de improcedencia, que está indisolublemente ligada a la convocatoria cuya inconstitucionalidad ha sido declarada previamente, se ha provocado una inconsistencia con lo resuelto, que resta efectividad a la decisión, pues los dos órganos del Estado han actuado inconstitucionalmente.

En efecto, el mensaje que se envía es que, cuando se realice una convocatoria extraordinaria a legislativo, por un lado, solo uno de dichos órganos tiene el deber de motivar y justificar sus actuaciones; y, por otro, solo uno tiene obligaciones constitucionales que cumplir en esta temática. Ello, pese a que tal como se señala en esta sentencia, todos los órganos estatales están obligados a fundamentar sus decisiones en el ejercicio de una potestad pública. Aún más, si esas decisiones devienen del legislativo, quien, con base en los principios democrático, pluralista, de publicidad, de contradicción y libre debate, bajo el imperio de la seguridad jurídica, debe ceñir su actividad a esos principios, para garantizar la intervención de los distintos grupos parlamentarios en las comisiones en las que formen parten y en las discusiones en el pleno.”



[1] Según consta en la página web de la Asamblea Legislativa, esto ocurrió en la sesión plenaria ordinaria de 7 de febrero de 2020 (https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/62159FB0-1172-4EEA-8BF4-035B5C19E117.pdf). En dicha página también consta la votación respectiva realizada en ella (https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/votaciones/8440D081-F78D-4CE5-81BA-4A16BEF7F06C.pdf).

[2] Puede consultarse: https://verdaddigital.com/parlamento-a-bukele-improcedente-acuerdo-de-consejo-de-ministros/; y también https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nayib-bukele-asamblea-legislativa-plenaria-extraordinaria/684483/2020/.