VOTO PARTICULAR PARCIALMENTE
EN CONTRA DEL MAGISTRADO ALDO ENRIQUE CADER CAMILOT
INCONSTITUCIONALIDAD
DE DECLARATORIA DE IMPROCEDENCIA ADOPTADA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SOBRE
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
ASAMBLEA
LEGISLATIVA NO PUEDE NEGARSE A SESIONAR CUANDO EL CONSEJO DE MINISTROS LE HAGA
UNA CONVOCATORIA EN EJERCICIO DE LA COMPETENCIA QUE LE CONFIERE EL ART. 167
ORD. 7° DE LA CONSTITUCIÓN
“Si bien concurro con mi voto en la
formación de la sentencia respecto a la
declaratoria de inconstitucionalidad del acuerdo emitido por el Consejo de
Ministros de convocar a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria el 9 de
febrero de 2020, disiento con mis
compañeros de sala en el punto que desestimaron la inconstitucionalidad de la decisión de la Asamblea Legislativa
de declarar improcedente la referida convocatoria, en virtud de los motivos siguientes:
I. 1. En el presente caso, los fundamentos sobre los cuales
descansa la inconstitucionalidad del acuerdo de convocatoria del Consejo de
Ministros han sido aplicados en el examen de constitucionalidad de la
improcedencia declarada por la Asamblea Legislativa, pero, en mi opinión, el
razonamiento empleado para determinar la inexistencia de vicios de
constitucionalidad en ese acto del legislativo adolece de inconsistencias, pues
la conclusión a la que se arriba no se desprende de las premisas –valoraciones
jurídicas y fácticas– desarrolladas en la sentencia; de las cuales se derivan
obligaciones de ineludible cumplimiento tanto para el Órgano Ejecutivo como el
Órgano Legislativo en el ejercicio de las funciones públicas que les han sido
confiadas, sobre todo en el supuesto normativo objeto de controversia, este es,
una convocatoria a sesión extraordinaria que ha sido planteada por un órgano
externo al legislativo.
A.
Entre las premisas empleadas para el análisis de constitucionalidad en
cuestión, se encuentran las valoraciones efectuadas en el considerando X de la
citada sentencia referidas a la obligación de los órganos estatales de
justificar los actos y decisiones que implican el ejercicio del poder público.
Así, se acotó que el deber de justificación de las actuaciones se encuentra
vinculado al principio de legalidad y es la única vía por medio de la cual los
ciudadanos pueden controlar la sujeción de los entes públicos a la
Constitución, las leyes y demás fuentes del Derecho, pues cumple dos funciones
esenciales: (i) contribuir a la eliminación de cualquier vicio de arbitrariedad
o voluntarismo en la toma de decisiones públicas, fortaleciendo la confianza de
los ciudadanos en la sujeción al Derecho por parte de los entes estatales; y
(ii) desde un punto de vista individual, permite al interesado controlar las
decisiones adoptadas a través de los mecanismos de impugnación respectivos.
En ese orden de ideas, se enfatizó que
“[t]odos los órganos fundamentales del gobierno –Legislativo, Ejecutivo y
Judicial– (art. 86 inc. 2° Cn.) están obligados a justificar los actos que
impliquen el ejercicio de sus competencias”, lo cual implica “(…) ofrecer
razones fácticas y jurídicas dirigidas a mostrar el carácter aceptable o
correcto de una decisión”. Dicha
actividad no puede reducirse a una mera indicación de que algo es o no viable,
aceptable o procedente, pues sumado a ello, requiere que se expongan los
motivos que permitan comprender por qué se optó por una u otra opción.
B. Para el caso particular de la función
legislativa, en el apartado “XV. Democracia deliberativa” se hicieron
acotaciones sobre los principios que rigen la labor de la Asamblea Legislativa.
Así, se apuntó que sus decisiones deben ser adoptadas dentro de un
procedimiento deliberativo democrático, en donde los representantes de la
ciudadanía en el pleno se muestren abiertos al diálogo y a un discurso de
autoentendimeinto; de ahí que, entre sus obligaciones se encuentran las de
discutir, votar y aprobar los asuntos que le competen no solo en las comisiones
parlamentarias, sino también en el pleno, pues todo asunto aprobado en esas
instancias –parte de la dinámica de trabajo de la asamblea– deben ser sometidas
al máximo órgano de gobierno para la formación de una decisión.
En consonancia con lo expuesto, y con base
en los arts. 131 ord. 5°, 134 y 135 de la Cn., se enfatizó que “(…) la voluntad
parlamentaria únicamente puede formarse por medio del debate y la
contradicción”, es decir, “las soluciones a los compromisos que se adopten
deben ser producto de la discusión de las diferentes opciones políticas”.
Asimismo, se señaló que, con base en los principios democrático, pluralista, de
publicidad, de contradicción y libre debate, bajo el imperio de la seguridad
jurídica, debe garantizarse la
intervención de los distintos grupos parlamentarios en las comisiones en las
que formen parten y en las discusiones en el pleno, pues en una democracia
nunca debe menospreciarse “el rol esencial que juegan el disenso y el consenso,
la contradicción, la libre exposición y contraste de ideas, puntos de vista y
cosmovisiones –incluso aunque no sean aceptadas por la mayoría, por muy aplastante que esta sea–,
y el control y dialogo ciudadano sobre cuestiones que de vinculan con asuntos
de relevancia pública”.
II. 1. A. Con fundamento en las
consideraciones aducidas en el considerando X, entre otras, en la sentencia se
estableció que el Consejo de Ministros transgredió los arts. 86 en relación con
el artículo 167 ordinal 7°, y 86 inciso 1°, 131 ordinal 5° y 148 de la
Constitución, pues, por un lado, no justificó las razones por las que convocaba
de manera extraordinaria a la Asamblea Legislativa, esto es, la urgencia de la
aprobación del préstamo y la relación existente entre su aprobación y la
disminución inmediata de la delincuencia organizada; y, por otro, incidió en
las competencias del legislativo, quien no está obligado a aprobar la emisión
de una resolución en particular. Respecto a este último punto se destaca en el
fallo que “la única obligación que tiene
dicho órgano fundamental frente a una convocatoria extraordinaria es la de
atenderla y sesionar, no la de adoptar una decisión en específico” (itálica
suplida).
Desde esa perspectiva, independientemente
de la constitucionalidad o no de la referida convocatoria, también es necesario
analizar las actuaciones realizadas por la Asamblea Legislativa frente al
ejercicio de tal facultad por parte del Consejo de Ministros, a fin de
establecer su compatibilidad con la Constitución, pues toda actividad realizada
en el marco de una potestad pública –en este caso, la declaratoria de
improcedencia de la aludida convocatoria emitida por el legislativo– debe
observar los principios orientadores e informadores de dicha facultad, así como
las obligaciones que de ellos se derivan.
B. En razón de ello,
y las valoraciones efectuadas en el considerando XVII de la sentencia, a mi
juicio, una vez que se ha hecho una convocatoria extraordinaria a la Asamblea
Legislativa, los diputados se encuentran en la obligación de atenderla. En
otras palabras, dicho órgano fundamental o los diputados no pueden negarse a
sesionar cuando el Consejo de Ministros le haga una convocatoria en ejercicio
de la competencia que le confiere el art. 167 ord. 7° Cn. Incluso, si la Asamblea Legislativa estima que la convocatoria es
improcedente, dicha decisión —cualquiera que sea la forma que adopte— deberá
ser consecuencia de una discusión y decisión parlamentaria dentro de la sesión
extraordinaria a la que se le ha convocado. Si considera que la
convocatoria es procedente, no está en la obligación de aprobar el asunto que
se discute o de acceder a algo, pero sí está obligada constitucionalmente a
analizar seriamente la cuestión y pronunciarse sobre ella. Así lo exigen el
principio de separación orgánica de funciones, la prohibición de mandato
imperativo y el principio deliberativo (arts. 86, 125 y 135 Cn.).
2. Al aplicar los
principios constitucionales que rigen la labor legislativa al caso en cuestión,
claramente puede constatarse de los hechos acaecidos –que son de conocimiento
público– que la Asamblea Legislativa se limitó a estimar improcedente la
convocatoria que le hizo el Consejo de Ministros para que llevara a cabo la referida
sesión extraordinaria en la sesión n° 2 de 6 de febrero de 2020[1], y
solo remitió un escrito al aludido consejo haciéndole saber su posición frente
a la convocatoria, sin explicar los motivos en los que se fundamentó su
decisión[2].
III. Con base en las
razones expuestas, considero que la actuación de la Asamblea Legislativa, consistente
en negarse a sesionar extraordinariamente, no se ajusta a los parámetros
fijados en esta sentencia, pues implica una negativa a someter al pleno la
discusión, deliberación y decisión de la referida petición. En mi opinión,
cualquier decisión sobre si debe atenderse o no una convocatoria como la que
fue objeto de este proceso, así como el examen de fondo que ello requiera en
caso de ser admitida, debe ser adoptada por el
pleno en la sesión extraordinaria a la que fue convocada, pues solo de
esa forma se garantiza la observancia de los principios que rigen la labor
legislativa, entre estos, el de seguridad jurídica, democracia, pluralismo,
contradicción y libre debate, siendo este el motivo por el cual me separo del
razonamiento efectuado por mis compañeros de sala en este punto.
En razón de lo expuesto, la declaratoria
de improcedencia en cuestión es inconstitucional,
y así debió ser declarada por esta sala, pues tal actuación riñe con los
principios informadores de la actividad legislativa, entre estos, el
democrático (art. 85 Cn.) y deliberativo (arts. 131 ord. 5º, 134 y 135 Cn.). A
mi juicio, al no pronunciarse la inconstitucionalidad de dicha declaratoria de
improcedencia, que está indisolublemente ligada a la convocatoria cuya
inconstitucionalidad ha sido declarada previamente, se ha provocado una
inconsistencia con lo resuelto, que resta efectividad a la decisión, pues los
dos órganos del Estado han actuado inconstitucionalmente.
En efecto, el mensaje que se envía es que,
cuando se realice una convocatoria extraordinaria a legislativo, por un lado,
solo uno de dichos órganos tiene el deber de motivar y justificar sus
actuaciones; y, por otro, solo uno tiene obligaciones constitucionales que
cumplir en esta temática. Ello, pese a que tal como se señala en esta
sentencia, todos los órganos estatales están obligados a fundamentar sus
decisiones en el ejercicio de una potestad pública. Aún más, si esas decisiones devienen del legislativo, quien, con base
en los principios democrático, pluralista, de publicidad, de contradicción y
libre debate, bajo el imperio de la seguridad jurídica, debe ceñir su actividad a esos principios,
para garantizar la intervención de los distintos grupos parlamentarios en las
comisiones en las que formen parten y en las discusiones en el pleno.”
[1]
Según consta
en la página web de la Asamblea Legislativa, esto ocurrió en la sesión plenaria
ordinaria de 7 de febrero de 2020
(https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/62159FB0-1172-4EEA-8BF4-035B5C19E117.pdf).
En dicha página también consta la votación respectiva realizada en ella
(https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/votaciones/8440D081-F78D-4CE5-81BA-4A16BEF7F06C.pdf).
[2]
Puede consultarse:
https://verdaddigital.com/parlamento-a-bukele-improcedente-acuerdo-de-consejo-de-ministros/;
y también https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nayib-bukele-asamblea-legislativa-plenaria-extraordinaria/684483/2020/.