PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL SOBRE EL OBJETO DE CONTROL

 

“1. El objeto de control es uno de los elementos necesarios para realizar el control constitucional. Dentro de este concepto figuran, en primer lugar, los que la Constitución misma señala de forma expresa en los arts. 149 inc. 2° y 183. Según la primera disposición, “[l]a declaratoria de inconstitucionalidad de un tratado, de un modo general y obligatorio, se hará en la misma forma prevista por esta Constitución para las leyes, decretos y reglamentos” (las itálicas son propias). De acuerdo con la segunda, “[l]a Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano” (las itálicas son propias). Pero, la jurisprudencia de este tribunal ha ido ampliando los posibles objetos de control constitucional en el proceso de inconstitucionalidad. Así, ha dicho que puede controlarse la constitucionalidad de toda norma general y abstracta[1], de los actos de aplicación directa de la Constitución[2] y de las omisiones constitucionales[3].”

 

LEGITIMIDAD PROCESAL, CONSIDERACIONES SOBRE LOS AMICUS CURIAE

 

            “3. También debe darse respuesta al escrito de 13 de febrero de 2020, mediante el cual los abogados Jorge Salomón Cuadra González y Milton Raúl Paredes Fernández piden que se les tenga por parte en calidad de apoderados del Director General y de la Policía Nacional Civil. Al respecto, esta sala debe tomar en cuenta que los sujetos procesales del proceso de inconstitucionalidad que han sido reconocidos hasta la fecha son el peticionario (demandante), la autoridad emisora, esta sala, el Fiscal General de la República, los terceros que puedan resultar afectados a título individual y concreto por la sentencia —como en el nombramiento de funcionarios de elección popular indirecta— y los amicus curiae (arts. 183 Cn. y 7 de la Ley de Procedimientos Constitucionales)[4].

            Lo dicho se puede tomar como punto de partida para el análisis de esta petición, debido a que la calidad en que los abogados Cuadra y Paredes piden intervenir no encaja en ninguna de las categorías mencionadas. A esto cabría agregar que ni el Director General ni la Policía Nacional Civil figuran como autoridad demandada en este proceso. Incluso aunque su petición se analice bajo los estándares jurisprudenciales de los amicus curiae, no han acreditado las exigencias para intervenir en esa calidad: (i) acreditación razonable de sus conocimientos especializados, técnicos o científicos, así como de su experiencia o trayectoria reconocida en la materia de que se trate; (ii) objetividad de sus argumentos, sin adhesión abierta a la posición de alguna de las partes, excluyendo valoraciones estrictamente ideológicas o políticas o apreciaciones puramente subjetivas; (iii) pertinencia e importancia de su aporte para dilucidar las cuestiones debatidas en el proceso, debido a la existencia de dudas relevantes del tribunal; y (iv) la oportunidad procesal de su opinión, en el sentido que debe plantearse de manera posterior a las posturas de las partes procesales e intervinientes que señala la ley[5]. Por ello, esta petición deberá rechazarse.”

 

ANTE LA INVOCACIÓN SIMULTÁNEA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES GENÉRICOS Y DE OTROS MÁS CONCRETOS EN LOS CUALES SE REFLEJE LA MISMA CONFRONTACIÓN NORMATIVA, SOLO LOS SEGUNDOS DEBEN SER SOMETIDOS A ANÁLISIS

 

“6. Sin embargo, deberá sobreseerse respecto de las alegaciones por la supuesta violación del art. 164 Cn. La razón es que esta disposición prevé que “[t]odos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del Órgano Ejecutivo emitan, excediendo las facultades que esta Constitución establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos, aunque se den a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa”, porque en este caso concreto resulta ser un parámetro de control más genérico que el resto de los que fueron alegados —ej., el art. 167 ord. 7° Cn.—. Conforme con la jurisprudencia constitucional, ante la invocación simultánea de preceptos constitucionales genéricos y de otros más concretos en los cuales se refleje la misma confrontación normativa, solo los segundos deben ser sometidos a análisis[6].”



[1] Ej., sentencia de 16 de julio de 1992, inconstitucionalidad 7-91.

[2] Ej., sentencia de 13 de mayo de 2011, inconstitucionalidad 7-2011.

[3] Ej., sentencia de 10 de noviembre de 2017, inconstitucionalidad 8-2015.

[4] También, a título de ejemplo, pueden verse las resoluciones de 16 de enero de 2017 y de 11 de marzo de 2019, inconstitucionalidades 19-2016 y 167-2016.

[5] Sobre estos requisitos, véase la resolución de inconstitucionalidad 167-2016, ya citada.

[6] A título de ejemplo, puede verse la resolución de 17 de enero de 2018, inconstitucionalidad 124-2017.