DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

MUJERES CRIMINALIZADAS POR CUESTIONES DE EMERGENCIA OBSTÉTRICAS

“III. En este estado del proceso, se han recibido escritos de diferentes ONG, Amnistía Internacional y Women’s Link Worldwide; Robert F. Kennedy Human Rights; Human Rights Watch y Organización Mundial contra la Tortura; así como del PDDH para comparecer como amicus curiae –amigos del tribunal– para instruir a esta Sala sobre los estándares internacionales que deben ser considerados para la decisión del caso en concreto y, especialmente, en el caso de mujeres criminalizadas por cuestiones de emergencias obstétricas. Por su parte, el aludido funcionario además de armonizar su planteamiento con los argumentos referidos por las ONG indicadas, solicita que se considere a la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer de la institución que representa para que pueda acompañar en las diligencias al juez ejecutor que sea nombrado, el cual propone debe ser también una mujer.”

CONSIDERACIONES SOBRE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE ANALIZAR Y JUSTIFICAR LA RELEVANCIA DE LA CONDICIÓN DE GÉNERO DE LOS DETENIDOS

“2. Con respecto a las solicitudes presentadas esta Sala debe hacer algunas consideraciones:

a) Esta Sala no niega los conocimientos jurídicos de las organizaciones citadas y su trayectoria en la protección de los derechos humanos.

b) Todas las organizaciones señalan la necesidad de que el Estado salvadoreño debe tomar medidas en cuanto a las personas privadas de libertad, por ser un grupo de vulnerabilidad en esta pandemia de COVID-19 y acuden a la normativa jurídica internacional ratificada por El Salvador,   los estándares  establecidos   por la Corte  Interamericana  de Derechos  Humanos  –CIDH–, opiniones y resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.

c) Enfatizan las condiciones de las cárceles en la región y el problema del hacinamiento, en el cual las mujeres son especialmente vulnerables.

d) Hacen un llamado de atención a la “deuda” que tiene El Salvador en cuanto a seguir criminalizando a mujeres por hechos denominados como emergencias obstétricas y señalan que mujeres en esta situación deben ser puestas en libertad.

e) El PDDH además de señalar los compromisos internacionales sobre el tema algunos ya indicados por las ONG, requiere la toma de medidas para verificar el estado de salud de las favorecidas y el acompañamiento al juez ejecutor que se designe, en los términos referidos en líneas que anteceden.

Ahora bien, todas las opiniones vertidas por los solicitantes de amicus curiae están basadas en conocimientos jurídicos sobre el tema de los derechos de las personas privadas de libertad con su particular perspectiva de género, cómo podrían tutelarse en esta pandemia, el derecho internacional al cual El Salvador está sometido, jurisprudencia de la CIDH y el uso de medidas alternativas a la detención provisional, entre otros.

Respecto de lo expuesto, es de señalar que esta Sala tiene vasta jurisprudencia sobre el tema de la excepcionalidad de la detención provisional y su vinculación con la presunción de inocencia de cualquier justiciable (por ejemplo, las sentencias de 21 de diciembre de 2015 y 13 de marzo de 2019, hábeas corpus 115-2015 y 299-2018, respectivamente).

Esta Sede además ha reconocido la problemática del hacinamiento carcelario desde la sentencia 27 de mayo de 2016, en el hábeas corpus 119-2014 Ac, a cuya situación se le ha venido dando seguimiento con todas las autoridades involucradas (audiencia de 12 de septiembre de 2016, resoluciones de fechas 7 de julio de 2017, 30 de mayo de 2018 y 23 de noviembre de 2018) y en el caso del Centro Penal de Ilopango, que es de mujeres, se dictó la sentencia del 21 de diciembre de 2016, en el hábeas corpus 391-2015, en el cual se analizó el hacinamiento carcelario en ese centro y se replicaron los efectos del pronunciamiento estimatorio acerca del hacinamiento carcelario, decisión a la cual se le da seguimiento a través del proceso 119-2014 Ac ya mencionado.

En cuanto al tema de perspectiva de género esta Sala ha instado, aun antes de esta crisis de salud, a los jueces en materia penal a incorporarlo al análisis de sus resoluciones, como parte de su motivación aunque de manera equilibrada; lo cual ha seguido requiriendo en el contexto de esta pandemia de COVID-19, como exigencia del respeto los derechos fundamentales, tal como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1-20 (ver autos de 5 de junio de 2019, 29 de abril de 2020, 29 de mayo de 2020 y 3 de junio del mismo año, en los hábeas corpus 446-2018, 209-2020, 463-20202[1] y 437-2020, respectivamente).

Así, esta Sala ha implementado medidas precautorias estructurales y excepcionales por la situación actual que se vive en el país a raíz de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, para tutelar los derechos fundamentales, tales como ordenar a los jueces la revisión inmediata de la detención provisional, para el caso de los privados de libertad en bartolinas policiales y de mujeres, también en casos concretos se ha ordenado la verificación de situación de personas que pueden optar a beneficios penitenciarios (autos de 17 de abril de 2020 y 22 de mayo de 2020, hábeas corpus 201-2020 y 363-2020).

En ese sentido, esta Sala aceptará la participación de los amicus curiae limitada a que realicen aportaciones técnicas estrictamente jurídicas desde su propia perspectiva, relacionadas con casos de mujeres encarceladas por acusárseles de delitos de homicidio agravado consumado y tentado; dado que, como arriba se indicó, la normativa nacional e internacional a aplicar en relación con dichos casos es un aspecto del que no necesita ilustración el tribunal.

Desde esa perspectiva, aunada a la situación de la pandemia de COVID-19, esta Sala considera innecesario el acompañamiento al juez ejecutor que designare este Tribunal, como lo ha requerido el PDDH. Además, así el delegado respectivo puede cumplir su función con toda independencia.”

MEDIDA CAUTELAR QUE ESTABLECE LA IMPORTACIA DE QUE RECLUSAS QUE SON MADRES PUEDEN SEGUIR TENIENDO CONTACTO CON SUS HIJOS

“2. También se plantea la posibilidad de que las privadas de libertad a favor de quienes se promueve este proceso puedan contagiarse de COVID-19, además de que al habérseles prohibido el régimen de visitas a las internas y no tener información acerca de su actual condición y su estado de salud, no saben si ya hay brotes de dicho virus en los recintos en los que se encuentran y una de ellas convive con su menor hijo de 3 años en el centro penal.

Refieren, que a pesar de que muchas de ellas ya cumplen con el tiempo para optar a beneficios penitenciarios las solicitudes planteadas a favor de estas no han sido resueltas por las autoridades judiciales respectivas; incluso algunas de ellas al haber sido trasladadas a otro centro penal no han sido sometidas a evaluaciones por parte de los equipos criminológicos del recinto donde están actualmente.

Al respecto esta Sala se ha referido que, a la luz de la jurisprudencia internacional de derechos humanos, las restricciones indebidas al régimen de visitas o la incomunicación coactiva, pueden llegar a constituir formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en los términos del artículo 5.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, violatorios del derecho a la integridad personal –v. gr. caso García Asto y Ramírez Rojas contra Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párrafos 97.54, 97.55, 97.56 y 229–. De forma que, en algunas circunstancias, tales limitaciones trascenderán de afectar solo las relaciones familiares y podrían generar verdaderas transgresiones a la integridad o también a la salud de los privados de libertad.

En ese sentido, esta Sala ha sido del criterio consistente que no pueden desconocerse en ningún tiempo los derechos fundamentales de los reclusos que impliquen una transgresión al derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral (sentencia de 2 de febrero de 2018, hábeas corpus 365-2017).

En cuanto al caso de mujeres y con hijos menores de edad, se ha referido a los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, 2013, párrafo 216) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok, 2010, Nº 57), en relación con los arts. 1, 3 y 144 Cn.

De ahí que se alude que muchas de estas mujeres que ya cumplieron el tiempo suficiente para obtener beneficios penitenciarios no les han respondido solicitudes relacionados con la obtención de los mismos, planteadas ante las respectivas sedes penitenciarias, incluso sin considerar que una de ellas está con su hijo menor dentro de la cárcel.

Así, dado que se plantean temas vinculados con posibles vulneraciones a los derechos de integridad personal y la libertad física tutelados a través del hábeas corpus, es procedente el nombramiento de un juez ejecutor –artículo 43 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC)–, cuya función es intimar a quien se atribuye una restricción de la libertad personal, para que le exhiba la causa respectiva y le manifieste las razones de aquella.

Por su parte, la autoridad demandada está obligada a responder íntegramente a los requerimientos de aquel, lo cual permitirá otorgar una adecuada tutela constitucional.

Él referido delegado de este Tribunal también documentará y comunicará oportunamente cualquier obstáculo que se presente en el desarrollo de la labor encomendada. Con fundamento en lo anterior, este deberá:

1. Intimar al Director General de Centros Penales, a los jueces de las sedes penitenciarias mencionadas en esta resolución y a los Jueces Segundo de Paz de Ahuachapán y de Primera instancia de Chinameca, a cuyo cargo se encuentran las favorecidas según se ha detallado, para que se pronuncien sobre las vulneraciones constitucionales alegadas, en el plazo del artículo 45 LPC.

2. Verificar en los expedientes administrativo y judicial de las señoras MJG, MRHR, ECSC, KAAG, MAP, ERNE, AMPH, JNCA, SRR, BMA, CAEA y SBJA, CMRH y DEGH si se ha dado la orden de negar la entrada a sus abogados y familiares y qué autoridad la emitió, además, si en las instalaciones de los centros penales de mujeres se garantiza a las internas el rápido y efectivo acceso a los artículos de higiene personal, especialmente aquellos indispensables para prevenir el contagio del COVID-19 –detallando el procedimiento de entrega– y si existen medidas, mecanismos de protección y protocolos para prevenir y contener la pandemia en las instalaciones de cada centro penal.

Además, deberá constatar las peticiones vinculadas con la obtención de beneficios penitenciarios, efectuadas ante las sedes judiciales correspondientes, por las favorecidas que puedan aplicar a estos y sus respectivas respuestas; así como cualquier otra documentación que se refiera al reclamo planteado y el estado actual del proceso de las señoras CMRH y DEGH.

El juez ejecutor deberá verificar, en el caso de estas dos últimas por tener calidad de procesadas, las decisiones relacionadas con la privación de libertad, desde su aprehensión, a efecto de señalar su situación actual y si estas han sido motivadas incluyendo una perspectiva de género.

De igual forma, el juez ejecutor informará si las autoridades demandadas han realizado otras actuaciones que incidan en los derechos de libertad física, integridad personal y salud de los favorecidas, puntualizando su estado actual.

El delegado de este Tribunal también debe requerir expresamente al Director General de Centros Penales información sobre: i) cuál es el procedimiento para entrega de kit de limpieza a las privadas de libertad ante la emergencia decretada por el COVID-19, en cada centro penal de mujeres; ii) cuál es su contenido; iii) a cuántas internas se ha entregado y, si no se ha proporcionado a todas, exponer las razones; iv) de qué manera se puede obtener, debiendo aclarar si se ha cobrado algún precio y qué pasa cuando una privada de libertad no lo puede pagar; v) donde se encuentran los centros de acopio de implementos de higiene que quieran proporcionar familiares de las internas; vi) las razones por las cuales las internas MJG, MRHR, ECSC, KAAG, MAP, ERNE, AMPH, JNCA y SRR quienes fueron trasladadas a finales del año 2019 a otro centro penal, no han sido evaluadas por los equipos criminológicos o hacer constar lo contrario, en su caso vii) confirmar si se han prohibido las visitas en los centros penitenciarios y cuáles son las razones de ello y por cuanto tiempo.”

REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS

“3. Requerir a las autoridades demandadas, certificación de: i) decisión que impone la incomunicación total de las favorecidas con sus familiares y el régimen de visitas –donde se especifique su justificación, a quiénes incluye y por cuánto tiempo–, ii) decisión mediante la cual se imponen las condiciones de ingreso y adquisición de insumos de higiene personal para las reclusas de cada centro penal, iii) medidas, guías, manuales, planes o protocolos a implementar para la protección de la salud de empleados e internas que se encuentran en el referido recinto ante la amenaza del virus COVID-19, iv) actuaciones en las que conste el estado y condición de salud actual de todas las favorecidas, v) las solicitudes hechas ante las sedes judiciales acerca de las favorecidas para obtener beneficios penitenciarios y las respectivas respuestas –si hubieren– vi) evaluaciones de los equipos criminológicos si las hubiera, vii) resolución que impuso la detención provisional a las señoras CMRH y DEGH y el estado actual de su proceso; y viii) de cualquier otra actuación o decisión relacionada con el reclamo planteado a esta Sala.

4. Indicar la condición actual de todas las favorecidas respecto a su libertad física y estado de salud.

5. Presentar un informe en el que se pronuncie sobre la lesión constitucional alegada, en el plazo dispuesto en el artículo 66 LPC, es decir, dentro de los cinco días de intimada la autoridad demandada.”

V. 1. Por otra parte, en esta resolución también es procedente solicitar, con fundamento en los artículos 11 y 12 de la Constitución, informe de defensa a la autoridades demandadas en el presente hábeas corpus, en este caso al Director General de Centros Penales y a los JVPEP 1º y 2º de San Miguel, 1º de Santa Tecla, de Cojutepeque, 2º de San Salvador y 2º de Santa Ana, Juez 2º de Paz de Ahuachapán y Juez de Primera Instancia de Chinameca, el cual deberá remitirse a esta Sede dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir del acto de intimación que realice el juez ejecutor designado, debiendo en él pronunciarse sobre la vulneración constitucional alegada por la peticionaria y adjuntar certificación de la documentación que considere pertinente.

2. Asimismo, las citadas autoridades informarán el estado actual de los procesos penales instruidos en contra de las favorecidas y su situación jurídica respecto a sus derechos de libertad personal y salud; debiendo comunicar cualquier decisión que incida en los referidos derechos, con su respectiva certificación y notificaciones.

Debido a la naturaleza del proceso que nos ocupa, el cual debe ser expedito y no cargado de formalismos, la autoridad debe remitir cualquier información que se les requiera de forma oportuna y completa; pudiendo esta Sede pronunciarse con posterioridad en caso de incumplimiento de tales obligaciones.

VI. A partir de lo propuesto por las peticionarias y considerando que el cuestionamiento está relacionado con un tema de posibles vulneraciones a los derechos de integridad personal y libertad física, este Tribunal estima necesario, dada las circunstancias particulares en las que se encuentran las favorecidas examinar la posibilidad de decretar una medida precautoria, de forma específica para la situación de cada una de ellas.

1. Es preciso indicar que en el proceso de hábeas corpus no se prevé la adopción de medidas cautelares; no obstante ello esta Sala, en reiterada jurisprudencia, ha aplicado analógicamente el art. 19 LPC referido al proceso de amparo y, con base en el mismo, ha afirmado la posibilidad de decretar tal tipo de medidas, particularmente por la necesidad de anticipar una mejor protección de los derechos fundamentales objeto de tutela, particularmente cuando respecto de la limitación a la libertad se podría encontrar comprometido el derecho a la salud.

2. Ahora bien, la adopción de esta supone la concurrencia de al menos dos presupuestos básicos: la probable existencia de un derecho amenazado o apariencia de buen derecho y el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso o peligro en la demora.

Respecto al primero, se alegado que muchas de las favorecidas se les ha impedido la visita de sus hijos, una de ellas convive son su menor hijo dentro del recinto penal, han perdido beneficios penitenciarios sin haber efectuado, aparentemente, alguna conducta para que se les retiraran, restringiendo con ello derechos de los que gozan las reclusas, sin poder acceder a implementos de higiene personal, condiciones que podrían impactar en su integridad física y psíquica por la crisis de salud que se vive a nivel mundial.

PERSPECTIVA DE GÉNERO IMPLICA INCLUIR EN EL ANÁLISIS OTRAS CONDICIONES QUE PUEDEN AGUDIZAR LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

“En referencia al segundo, esta Sala advierte que, según la exposición de las circunstancias fácticas planteadas en la solicitud podría poner en riesgo sus derechos por el transcurso del tiempo que dure la tramitación de este proceso constitucional y a fin de garantizar los efectos materiales de la decisión definitiva que se emita, se justifica la implementación temporal e inmediata de una medida cautelar, que permita asegurar razonablemente las condiciones en la que se encuentra aquel.

Al respecto se ha sostenido que los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ya se dijo, en relación con los arts. 1, 3 y 144 Cn., obligan a analizar y justificar de modo explícito la relevancia de la condición de género de la persona detenida, el impacto diferencial de su detención en la ruptura de lazos de protección de las personas a su cargo, el interés superior de la niñez y las razones para superar la prioridad que, en principio, tienen las medidas no privativas de libertad en estos casos.

Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– ha sido enfática en señalar que, en el caso de las mujeres, las condiciones de encierro adquieren una dimensión propia y la pena privativa de la libertad, se convierte en un ámbito especialmente discriminador y opresivo (sentencia de 25 de noviembre de 2006, caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú).

En nuestro país en un informe emitido en el año 2009, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sobre las cárceles de mujeres, se afirma entre otras cuestiones, las dificultades que afrontan las internas para que sus hijos menores puedan permanecer con ellas (“Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad y las niñas y niños que viven con sus madres en los centros penales de El Salvador”).

Esto no es exclusivo de El Salvador pues, con relación a ello, en un documento elaborado por y otras organizaciones, titulado “Mujeres Privadas de Libertad. Informe Regional: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay”, señala que las mujeres se ven particularmente afectadas al someterse a encarcelamiento, esto debido al rompimiento del vínculo con los hijos, lo cual para las madres significa una doble sanción, pues soporta la privación de libertad aunada a la lejanía de aquellos, pues son pocas las que reciben visitas de estos, lo que afecta al núcleo familiar, según se analiza.

Sobre ese tema, el art. 34 de nuestra Norma Suprema señala que “Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado.

La ley determinará los deberes del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y de la infancia”.

Al respecto, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (CDN) –ley de la República– posee disposiciones generales para la protección de los derechos de estos infantes, específicamente en lo referido a su desarrollo y vida familiar. Así, en el art. 3 de la CDN se refiere que todas las medidas que el Estado adopte (ya sea de carácter administrativo, judicial, legislativo, u otras), deben considerar primordialmente el interés superior del niño y los Estados tienen la obligación de dar a los padres –y a otras personas que tengan el cuidado del niño– el apoyo necesario para el bienestar de este último. Por otra parte, el artículo 9 reconoce el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres, lo que implica que cuando la separación del niño de uno o de ambos padres sea resultado de una decisión estatal, como el encarcelamiento, este debe otorgar la información necesaria sobre el paradero de los miembros de la familia, a fin de concretar dicho derecho.

De manera que, la CDN busca evitar una separación del infante con sus padres que podría ser perjudicial, así el apartamiento de los niños de sus padres por el hecho de que ellos estén en prisión, sin que el juzgador haya tomado en cuenta esa circunstancia al momento de imponer la detención provisional o una sanción penal, puede ser considerado una discriminación respecto de la realidad que viven el resto de los niños y niñas; por tanto, deben tomarse las medidas necesarias para salvaguardar la familia, pues esta goza de protección de la sociedad y del Estado, según lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 23 Nº 1.

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su Observación General Nº 7 sobre la “Implementación de los Derechos en Primera Infancia”, ha expresado que en esta etapa de la vida, los niños y niñas desarrollan vínculos emocionales estrechos con sus padres o cuidador primario, de quien esperan recibir cuidado, guía y protección adecuados para su edad.

De ahí la importancia, de que las autoridades judiciales en sus decisiones consideren el interés superior del niño/niña, la situación de hacinamiento carcelario en esta crisis de salud y la perspectiva de género, lo que implica incluir en el análisis otras condiciones que pueden o no agudizar la discriminación de género, como son la clase social, la etnia, la edad, así, con el fin de brindar iguales oportunidades entre hombres y mujeres para un acceso equitativo de recursos, servicios y derechos.”

MEDIDA CAUTELAR ORIENTADA A GARANTIZAR QUE CONDENADAS QUE HAN CUMPLIDO CON EL TIEMPO PARA ACCEDER A BENEFICIOS PENITENCIARIOS PUEDAN GOZAR DE ELLOS

“3. A. Desde esa perspectiva, se considera que la medida cautelar necesaria para garantizar los derechos de las favorecidas que se encuentran condenadas y han cumplido con el tiempo para acceder a beneficios penitenciarios es ordenar que, de conformidad con sus atribuciones legales, los respectivos jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena a cuyo cargo se encuentren las beneficiadas verifiquen de forma urgente y prioritaria la situación de estas, en cuanto a su estado de salud y sus condiciones personales a efecto de que realicen las diligencias necesarias para que se analice el caso de cada una y se determine si pueden optar a una alternativa que garantice mejor todos los derechos e intereses involucrados en el cumplimiento de su pena, debiendo considerar lo expuesto por esta Sala en el número que precede, especialmente en el caso de las privadas de libertad que tienen hijos como el de CAEA, quien está en la Granja Penitenciaria de Izalco y ya gozaba de salidas del recinto penal en el cual se encuentra, por estar en fase de confianza y SBJA quien está con su hijo, también en la citada granja de Izalco.

Con relación a las señoras CMRH y DEGH, se ordena a los jueces 2º de Paz de Ahuachapán y de Primera Instancia de Chinameca que tienen respectivamente a su cargo los procesos de las referidas señoras, verificar si la resolución que impuso la detención provisional evaluó sus arraigos e incorporó la perspectiva de género de manera equilibrada y determinar, en resolución fundada, si la medida cautelar debe mantenerse o si puede imponerse alguna que garantice mejor todos los derechos e intereses involucrados.

Se reitera que los aspectos apuntados por esta Sala, son principios que deben ser considerados por los operadores de justicia cuando se verifiquen las condiciones particulares de las favorecidas y de mujeres que estén en igual condición (con datos fácticos individualizados, no invocaciones genéricas o abstractas de tales requisitos); demostrar que han tomado en cuenta con rigor los argumentos de las partes que se opondrían a la privación de libertad, para llegar a la conclusión de que la aludida medida privativa de libertad es necesaria, excepcional y proporcional en el caso concreto. Y es que, en la fundamentación de la medida también tiene alcance la aplicación de principios constitucionales y derechos fundamentales, como el de igualdad en la aplicación de la ley, art. 3 Cn. que exige tomar en cuenta las condiciones particulares de personas en situación especial de riesgo o vulnerabilidad (auto de 5 de junio de 2019, hábeas corpus 446-2018).”