JUEZ EJECUTOR

OBJETIVO DE SU NOMBRAMIENTO

"El objetivo del nombramiento del juez ejecutor es ser un apoyo útil en el proceso constitucional de hábeas corpus que por su misma naturaleza debe ser ágil y efectivo; en tanto que es un delegado de este Tribunal, a quien se le da la potestad de intimar —en nombre de la Sala de lo Constitucional— a la autoridad a quien se le atribuye el acto restrictivo de libertad lesivo a la Constitución para que esta pueda brindar las razones de este."

DILIGENCIAS QUE DEBE CUMPLIR SEGÚN LO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

"Asimismo, al juez ejecutor se le encomiendan una serie de diligencias, las cuales debe cumplir en los términos requeridos por la Sala a efecto de coadyuvar a la eficacia del proceso de hábeas corpus y quien también debe emitir un informe sobre lo advertido, el cual no es vinculante para este Tribunal.

Pese a la utilidad que pueda reportar dicho informe, cuando no ha sido rendido la Sala ha resuelto con la información y documentación remitidas por las autoridades demandadas, a efecto de no causar perjuicio a las partes y más retraso en los procesos (sentencias de 12 y 16 ambas de junio de 2017, hábeas corpus 474-2016 y 379-2016, en su orden)."

JUEZ EJECUTOR AL TENER QUE ACUDIR A CUALQUIER SEDE JUDICIAL O PENITENCIARIA REQUERIDA, PUEDE ESTAR EXPUESTO A  CONTAGIARSE EN LA ACTUALIDAD DE COVID-19, POR LO QUE LA SALA PUEDE PRESCINDIR DE ESTE DE FORMA  EXTRAORDINARIA

"Ahora bien, la persona delegada por este Tribunal en su labor de colaboración acude a las sedes judiciales, centros penitenciarios o a cualquier otro lugar donde se alegue que acontece la vulneración a los derechos tutelados en este proceso, lo cual implica no solo su necesario desplazamiento sino además el contacto con otras personas, siendo indudable su exposición y riesgo a su salud en esta pandemia. A su vez, podría exponer a contagio a personas con las que tenga contacto, en el supuesto de tener COVID-19.

Esta situación extraordinaria lleva a que esta Sala considere la necesidad de prescindir de la colaboración de jueces ejecutores en algunos supuestos —como en el presente, por ejemplo— en los que se reclaman de actuaciones que pueden ser constatadas en los expedientes respectivos y, por lo tanto, se pueden obtener los insumos necesarios de forma directa a través de las autoridades demandadas.

CUMPLIMIENTO DE INTIMACIÓN A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS POR PARTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

"Desde esa perspectiva, la intimación a las autoridades demandadas quedaría cumplida con la notificación del auto de exhibición personal que efectúe la Secretaría de este Tribunal, para que dicho acto habilite la remisión del informe de defensa y de toda la documentación que se le pida. Esto no es ajeno a la actuación del Tribunal, que ya ha requerido directamente informes de defensa y documentación en otras ocasiones (autos de 16 de febrero de 2011 y de 20 de junio de 2012, hábeas corpus 1-2011 y 518-2011, respectivamente, por citar ejemplos). La solicitud de documentación, además, está expresamente regulada en el inciso 3° del art. 71 LPC.

Así en estos casos en los que, en principio, solo se necesita para emitir el pronunciamiento correspondiente la certificación de algunos pasajes de los expedientes de los justiciables relacionados con el reclamo, la autoridad remitente debe hacer constar que la información enviada es la misma que está agregada al expediente de forma correcta y completa. Este Tribunal siempre ha sido enfático en indicar la responsabilidad en la que pueden incurrir las autoridades en caso de no adjuntar información certera y completa o de negarse a remitirla, lo cual tampoco impediría que esta Sede emita el pronunciamiento correspondiente (ver sentencias de 7 de julio de 2004 y 1 de octubre de 2010, amparo 858­2002 y hábeas corpus 39-2007).

Lo anterior garantiza no solo la veracidad de la información obtenida para que este Tribunal pueda resolver, sino además evita poner en riesgo la salud e integridad personal de los jueces ejecutores y de otras personas, cuando su labor no sea indispensable.

Y es que, en este contexto explicado, la disposición contenida en la normativa secundaria relativa al nombramiento de un juez ejecutor puede ser suplida con la remisión de los atestados correspondientes de los informativos y con el informe de defensa de la autoridad, a fin de que pueda valorarse lo relativo a la violación constitucional denunciada.

DE IGUAL FORMA SI SE VUELVE INDISPENSABLE, ESTA SALA PUEDE DESIGNAR UN DELEGADO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTREN LOS FAVORECIDOS EN ESTE PROCESO

Cabe añadir que lo indicado no inhibe a esta Sala de designar un delegado si, en el trámite del proceso, se advierte indispensable.

Ahora bien, en reclamos de otra naturaleza en los que, por ejemplo, exista la necesidad de la verificación de condiciones o entrevistar al propio favorecido y el no desplazamiento del delegado de este Tribunal implique no poder tutelar de forma adecuada los derechos involucrados, esta Sala deberá nombrar un juez ejecutor; pero se tratará en lo posible, dada la crisis de la pandemia de COVID-19, de reducir el uso de esta figura en casos que pueda resolverse sin su labor.