DERECHO A LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL

POSIBILIDAD DE QUE UN SUPUESTO TITULAR DEL DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO PUEDA ACCEDER A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A PLANTEAR SU PRETENSIÓN, A OPONERSE A LA YA INCOADA

“Para el caso que nos ocupa es necesario analizar el Derecho a la Protección Jurisdiccional, que de acuerdo a la Sala de lo Constitucional responde a una finalidad: “[...] fue instaurado con la finalidad de asegurar la eficacia de los derechos fundamentales, al permitirle a su titular reclamar válidamente ante los entes jurisdiccionales, frente a actos de particulares o estatales que atenten contra tales derechos". (Sentencia de Inconstitucionalidad 40-2009, de fecha 12-XI-2010).

Este derecho forma parte de los principios procesales que recoge el CPCM, respecto del cual en su artículo 1 establece: “Todo sujeto tiene derecho a plantear su pretensión ante los tribunales, oponerse a la ya incoada, ejercer lodos los actos procesales que estime convenientes para la defensa de su posición y a que el proceso se tramite y decida conforme a la normativa constitucional y a las disposiciones legales."

En el mismo sentido la referida Sala ha indicado: “El derecho a la protección jurisdiccional conlleva la posibilidad de que un supuesto titular del derecho o interés legítimo pueda acceder a los órganos jurisdiccionales a plantear su pretensión, a oponerse a la ya incoada, a ejercer todos los actos procesales en defensa de su posición y a que el proceso se tramite y decida de conformidad a la Constitución y a las leyes correspondientes.” (Sentencia de Amparo 840-2007, de fecha 15-1-2010).”

NO TODO RECHAZO LIMINAR DE LA DEMANDA, SE TRADUCE EN UNA VULNERACIÓN AL DERECHO AL ACCESO A LA JURISDICCIÓN

“Respecto a la primera de las manifestaciones del derecho a la protección jurisdiccional -acceso a la jurisdicción-, la referida Sala de lo Constitucional ha indicado que comprende: “la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales para que éstos se pronuncien sobre la pretensión formulada y que deberá efectuarse conforme a las normas procesales y de procedimientos previstos en las leyes respectivas." (Sentencia de Amparo 816-2008, de fecha 23-IV-2010).

En consonancia con lo anterior, la misma Sala ha expresado: “En ese sentido, la interpretación de esas normas procesales y específicamente la apreciación de causas legales que impiden el pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones, competen a los órganos judiciales en el ejercicio de la función jurisdiccional que les es propia. (Sentencia de Amparo 441-2007, de fecha 27-IV- 2009. En la misma jurisprudencia la Sala, ha indicado que: “si el ente jurisdiccional decide rechazar al inicio del proceso la demanda incoada, en aplicación de una causa establecida en la norma jurídica, que le impida entrar a conocer del fondo del asunto planteado, no significa que con ello se esté vulnerando el derecho al acceso a la jurisdicción, salvo que sea por interpretación restrictiva o menos favorable a la efectividad del derecho fundamental aludido. (El resaltado es propio).

En ese entendido, no todo rechazo liminar de la demanda, se traduce en una vulneración al derecho al acceso a la jurisdicción, como manifestación del derecho a la protección jurisdiccional, sino solo cuando dicho rechazo sea producto de una interpretación restrictiva; puesto que como se dijo, la finalidad de este derecho es procurar resolver sobre el fondo de una determinada pretensión.”

DEBER DE LOS JUECES NO NEGAR A LOS CIUDADANOS EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

“La Sala de lo Constitucional reconoce que debe privilegiarse el libre acceso al órgano jurisdiccional siempre y cuando se haga por las vías legalmente establecidas, esto se refiere al proceso el cual se configura como el mecanismo realizador del Derecho a la Protección Jurisdiccional, es decir, el medio del que se vale el Estado para satisfacer las pretensiones de los particulares en cumplimiento de su función de administrar justicia o, desde otra perspectiva, dicho proceso es el único y exclusivo instrumento por medio del cual se puede -cuando se realice conforme lo preceptúa la Constitución-, privar a una persona de algún o algunos de los derechos consagrados a su favor.

Los jueces tienen una función de guardián y garante de los derechos de los ciudadanos, debiendo observar siempre el Derecho a la Protección Jurisdiccional y no negar el Acceso a la Justicia sin bases fundamentadas, ya que el ejercicio del poder-deber del juzgador para rechazar la pretensión, debe ser ejecutado con suma prudencia, en tanto tienen que concurrir verdaderos obstáculos, de carácter material o esencial o bien formal no subsanados, que impida la facultad de juzgar.”

8.- Conclusión.

La pretensión de nulidad de pleno derecho de las actuaciones de la administración pública, implica que el demandante debe establecer no sólo establecer de manera concreta cual es el vicio o supuesto que adolece de invalidez, sino que también debe de justificar el agravio material y jurídico que le causa; es decir, debe fundamentar jurídicamente el o los vicios radicales, su gravedad y carácter evidente que atentan contra los principios fundamentales del sistema.

Lo anterior, no implica una vulneración a la protección jurisdiccional, en razón que la norma establece de manera clara que el demandante debe de cumplir con los requisitos formales contenidos en los arts. 34, 75, y 123 de la LJCA, y 276 Ordinal 6^o CPCM.”