PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA
EN UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, DEBE SER SUMINISTRADA POR LA ADMINISTRACIÓN,
IMPONIÉNDOSE SIEMPRE LA ABSOLUCIÓN ANTE LA CARENCIA DE LA PRUEBA DE CARGO
SUFICIENTE
“3. Violación a los principios
de presunción de inocencia y culpabilidad
3.1 En este punto, el actor advierte
dos aspectos en específico, en cuanto
a la conculcación a la presunción de inocencia alegó que: «…en la presente demanda, la autoridad demandada en el proceso [sic]
sancionatorio NO logró desvirtuar el principio
de inocencia que revestía a nuestra representada, dado que no existió prueba suficiente
que acreditare la culpabilidad de nuestra representada, respecto a la falta de peso
de los cilindros…».
3.2 Por su parte, respecto a la violación
al principio de culpabilidad, específicamente en cuanto a la ruptura del nexo de
causalidad, la actora lo configuró a partir de los siguientes argumentos:
(a) Que los establecimientos donde
fueron realizadas las inspecciones no son de su propiedad; y, por tanto, al no tener
el deber de vigilancia y control, no puede atribuírsele la infracción de incumplimiento
de pesos de los cilindros de gas que se comercializaban en dichos lugares: «…que los establecimientos a los cuales la Administración
realizo [sic]la mencionada inspección,
NO SON PROPIEDAD DE NUESTRA REPRESENTADA, es decir que no ejerce ni un solo acto
de control, mando u otro semejante sobre dichos establecimientos y desde luego sobre
las personas que laboran o ejecutan para ellos. Esto constituye una situación no
valorada por la administración, pero importante en cuanto a que nada de lo que ahí
acontece puede ser imputable a nuestra representada ni formal ni materialmente…».Folio
15 vuelto.
(b) Que no se comprobó que los cilindros
de gas eran propiedad de la sociedad de la demandante: «…la administración desarrolla un nexo causal entre los cilindros encontrados
en dicho establecimiento y nuestra representada, sin embargo la administración NO
IDENTIFICA LOS CILINDROS con el respectivo código y características de cada cilindro,
los cuales están al cuello de cada uno de los cilindros y que equivalen a las características
de fabricación que los hacen inidentificables(sic) individualmente…».
(c) Que el hecho que cada cilindro
contenga el respectivo sello de inviolabilidad, ello no significa que el mismo no
pueda ser manipulado, y en consecuencia, no puede asegurarse que el incumplimiento
del peso de los cilindros de gas sea atribuible a Unigas: «…dicho sello no es en sí mismo inviolable o imposible de manipular, pues
de ser así, sería sencillamente inoperante, pues nadie podría usar el contenido
del cilindro. Evidentemente el sello de inviolabilidad es un asunto que no es absoluto,
que tiende a excepciones que van desde las más positivas (abrirlo para usarlo lícitamente)
hasta manipularlo inteligentemente y de forma poco obvias para mal utilizarlo, y
de esto hay evidencias en el mercado mismo, personas utilizándolo en vehículos de
forma prohibida, intentos de plagió marcario en los sellos de inviolabilidad, entre
otros aspectos que son del mercado».
Concluyendo en este apartado mencionando
que: «[c]on lo anterior y aun (sic) en el análisis estrictamente formal de la ley
que realiza la administración, es errado e ilegal, puesto que la ley misma establece
que el sello de inviolabilidad debe estar INTACTO lo cual no se ha establecido en
las actuaciones».
3.3 La autoridad demandada no expresó
argumentos en atención a la violación a la garantía de presunción de inocencia,
y al principio de culpabilidad.
3.4 Expuestos los argumentos de las
partes, esta Sala hace las siguientes consideraciones:
A. El ius puniendi del Estado, está
concebido como la capacidad de ejercer un control social coercitivo ante lo constituido
como ilícito, y en este ámbito, se manifiesta en la actuación de la Administración
pública al imponer sanciones a las conductas calificadas como infracciones por el
ordenamiento. Ahora bien, la función represora de la administración
no solo encuentra su cimiento en la permisión abstracta del ius puniendi, sino, además, encuentra su
fundamento teórico en el marco del respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto,
dentro de los postulados esenciales a todo Estado
Constitucional de Derecho, y para el caso en concreto, cabe hacer referencia a los principios
de presunción de inocencia y de culpabilidad.
(i) La presunción
de inocencia o de no culpabilidad posee al menos
tres significados según la Sala de lo Constitucional, los cuales son claramente
diferenciados: «… (i) es una garantía básica
del proceso penal; (ii) es una regla referida al tratamiento del imputado durante
el proceso; y (iii) es una regla relativa a la actividad probatoria…» (Inc.
54-2005, de las ocho horas y veinte minutos del día cinco de octubre de dos mil
once).
Interesa hacer referencia al último ítem respecto
de la actividad probatoria, en tanto que la prueba presentada en un procedimiento
administrativo sancionador, debe [en principio y por regla general] ser suministrada
por la administración, imponiéndose siempre la absolución ante la carencia de la
prueba de cargo suficiente; es decir que, en el plano adjetivo se estatuyen diversas cargas que determinan a cada
parte su interés en probar un hecho alegado, de cara a obtener éxito en las resultas
del proceso, por ello, se configura la obligación a la parte procesal que afirma
un hecho o circunstancia, que aporte los medios necesarios e idóneos para su acreditación;
a esta especial circunstancia se la ha denominado: carga de la prueba.
Empero, luego de establecida la tesis incriminatoria,
el administrado, puede aportar la prueba de descargo que considere idónea para refutar
la hipótesis planteada por la administración y así desvirtuar posibles señalamientos,
sin que ello signifique una obligación procesal, pero sí en una medida de contraposición
a la teoría de la administración, que además garantiza su actividad probatoria en
el desarrollo de una investigación.”
CONFORME AL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD SOLAMENTE RESPONDE EL
ADMINISTRADO POR SUS ACTOS PROPIOS, SE REPELE LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UNA
RESPONSABILIDAD OBJETIVA O BASADA EN LA SIMPLE RELACIÓN CAUSAL INDEPENDIENTE DE
LA VOLUNTAD DEL AUTOR
“(ii) El principio de culpabilidad, está reconocido por el artículo 12 Cn, que prescribe: «[t]oda
persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe
su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren
todas las garantías necesarias para su defensa», disposición que es aplicable
no solo en el ámbito penal, sino además en el administrativo sancionador (sentencia
de inc. 3-92 Ac. 6-92 de la Sala de lo Constitucional, doce horas del diecisiete
de diciembre de mil novecientos noventa y dos).
En este sentido, la Sala de lo Constitucional respecto al principio
de culpabilidad en materia administrativa sancionadora ha expresado que «[e]l principio de culpabilidad en esta materia
supone el destierro de las diversas formas de responsabilidad objetiva, y rescata
la operatividad de dolo y la culpa como formas de responsabilidad. De igual forma,
reconoce la máxima de una responsabilidad personal por hechos propios, y de forma
correlativa un deber procesal de la Administración de evidenciar este aspecto subjetivo
sin tener que utilizar presunciones legislativas de culpabilidad, es decir, que
se veda la posibilidad de una aplicación automática de las sanciones únicamente
en razón del resultado producido» (sentencia de Inc. 18-2008 de Sala de lo Constitucional
doce horas veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil trece).
Cabe destacar que una de la
sub-categorías o corolarios del principio de culpabilidad, es la responsabilidad por el hecho o responsabilidad por
la acción ilícita como se denomina en la doctrina administrativa sancionadora. Este principio implica que la sanción únicamente
puede recaer a quien en forma dolosa o culposa ha participado en los hechos que
configuran una acción ilícita; así lo expone Nieto al referir que «[e]l gravamen que la sanción representa solo
podrá recaer sobre aquellas [personas] que
han participado de forma dolosa o culposa en los hechos constitutivos de infracción.
Por lo tanto, no es posible exigir responsabilidad por la sola existencia de un
vínculo personal con el actor o la simple titularidad de la cosa o actividad en
cuyo marco se produce la infracción. La exigencia de individualización de la sanción
supone un veto a la responsabilidad objetiva» [Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, quinta
edición totalmente reformada, Madrid. Editorial Tecnos, p. 329, 2011].
En este orden, conforme
al principio de culpabilidad solamente responde el administrado por sus actos propios,
de este modo, se repele la posibilidad de construir una responsabilidad objetiva
o basada en la simple relación causal independiente de la voluntad del autor.
En congruencia con lo expuesto, en el Derecho Administrativo Sancionador,
debe respetarse el principio de culpabilidad, de tal suerte que el elemento indispensable
para sancionar un actuar, es la determinación de la responsabilidad subjetiva.”
LO DICHO Y DE CONFORMIDAD A LA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD QUE
OSTENTAN ESTE TIPO DE DILIGENCIAS, AL NO HABER SIDO CONTROVERTIDAS EN CUANTO A
SU CONTENIDO, LOS HECHOS QUE EN ELLAS SE CONSIGNAN SE TIENEN POR CIERTOS
“B.1 Es necesario indicar, que para el caso de la insuficiencia probatoria de cargo; al revisar los medios de prueba que
fueron examinados en el acto originario y en los que se basó la resolución del recurso
de revisión, se identifican que éstos son los mismos; ello es importante, ya que
si resultan ser insuficientes para establecer la culpabilidad de la demandante,
implicaría la ilegalidad de ambos actos administrativos; por el contrario, si se
establece que la prueba conduce a demostrar la responsabilidad del administrado,
los actos impugnados devendrían en legales respecto de este punto.
Aclarado lo anterior, y retomando el motivo de ilegalidad; es preciso indicar
que la conducta infractora a comprobar, se circunscribe a establecer si los cilindros
de gas licuado de petróleo presuntamente propiedad de Unigas, no contenían el peso
de variación máxima permitido de conformidad a su presentación, por responsabilidad
de la actora.
Para comprobar los hallazgos en el peso de los cilindros de gas licuado
de petróleo, la Administración pública llevó a cabo dos inspecciones. La primera
en distribuidora de GLP, propiedad del señor JECD [folio 3 del expediente administrativo] en la cual, entre otras cosas,
se consignó: «…se procedió a pesar los cilindros
que se encontraban en el lugar de treinta y cinco libras llenos con GLP (…) todos
los cilindros encontrados son de color rojo y tienen colocado en la válvula el sello
de garantía correspondiente a la marca Total gas (…) se determina que catorce cilindros
(setenta y cinco punto siete por ciento de los pesados) tiene peso menor al establecido
en las regulaciones vigentes…».
Y la segunda inspección se realizó en distribuidora
Vicky, propiedad de la señora MVT, [folio 7 del expediente administrativo], en la
que se detalló: «[s]e procedió a tomar una
muestra de treinta y dos cilindros de capacidad para veinticinco libras llenos con
GLP, de un total aproximado de ciento cincuenta que se encontraban en el momento
de la inspección. Todos los cilindros de la muestra son de color rojo y tienen colocado
en la válvula el sello de garantía correspondiente a la marca Total (…) en el que
se determina que diez cilindros (treinta y uno punto veinticinco por ciento de la
muestra) tienen peso menor al establecido en las regulaciones vigentes…».
En el presente caso, las diligencias de inspección,
se constituyeron en la prueba mediante la cual la Administración pública comprobó
la falta atribuida a Unigas. Esta competencia [inspección]
constituye principalmente una potestad vinculada al ámbito de control administrativo
que se ejerce para comprobar el cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte
de los administrados de la materia que se trate, cuyo objetivo es la obtención de
información, mediante el reconocimiento y comprobación, por observación directa
o inmediata de la realidad que se verifica; su principal función es dar cuenta al
organismo competente, de la existencia de hechos irregulares
-denunciados o de oficio- y se instituye
en un elemento determinante para el esclarecimiento de éstos y, en su caso, para
la imposición de una sanción, dado que por su naturaleza las inspecciones realizadas
por la Administración pública, en el ejercicio de sus facultades legales gozan de
presunción de veracidad.
Sin embargo, cabe decir que, si bien las inspecciones realizadas por autoridad competente
al tener una presunción iuris tantum gozan de presunción de veracidad, su contenido admite prueba en contrario; esto
implica, que el administrado tiene la oportunidad
ulterior dentro del procedimiento sancionatorio para contradecir y discutir su contenido,
trasladándose la verificación de los hechos
argumentados por el administrado en razón del ejercicio de su derecho de defensa,
y de este modo, puede aportar toda la prueba de descargo con la que refute la hipótesis
planteada por la administración y desvirtuar posibles señalamientos, sin que ello
signifique una carga procesal [cuando la administración presenta la prueba de
cargo], pero si en una medida de contraposición a la teoría de la administración,
que además garantiza su actividad probatoria en el desarrollo de una investigación.
En el caso concreto, no obstante que la demandante presentó sus argumentos
de defensa en sede administrativa, no propuso ningún medio probatorio mediante el
cual refutara la incriminación realizada por la autoridad demandada detallada en
el acta de inspección; es decir, que su dicho son meras inconformidades sin sustento
fáctico o jurídico que soporte sus afirmaciones; no se perfila ningún aporte de
prueba idóneo con el que se advirtiera: contenido falaz, contradictorio o ambiguo.
Sin embargo, en esta sede judicial, la demandante ofreció como prueba tres fotografías
de cilindros con el sello de garantía supuestamente falsificado, con las cuales
pretendió señalar que dichos sellos pueden falsificarse; sin embargo, resulta evidente
que tales fotografías no corresponden a los cilindros encontrados en las actas de
inspección, porque en ellos se lee la marca UNIGAS, cuando los cilindros de la inspección
se referían a la marca TOTAL, las mismas se vuelven irrelevantes a efecto de acreditar
cualquier argumento sobre el sello de garantía, por no corresponder ni siquiera
a los cilindros cuestionados [marca TOTAL], ya que, fue hasta el año dos mil trece
que la sociedad demandante paso a denominarse UNIGAS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.,
según escritura de modificación de pacto social otorgada a las diecisiete horas
del día veintiocho de febrero de dos mil trece, e inscrita en el Registro de Comercio
al número noventa y cuatro del libro tres mil noventa y cuatro del Registro de sociedades,
del folio cuatrocientos diecinueve al folio cuatrocientos cuarenta, el veinte de
mayo de dos mil trece, tal como lo afirma la actora a folio 1 vuelto de la demanda;
verificándose de tal forma la irrelevancia de las fotografías presentadas puesto
que las inspecciones fueron realizadas en el año dos mil diez.
Asimismo, no presenta prueba periférica que permitiera determinar a
qué cilindros correspondían esas fotografías y cómo se relacionaban con los cilindros
objeto de las inspecciones hoy cuestionadas de ilegales por la sociedad actora;
en el sentido de lo dicho, y de conformidad a la presunción de veracidad que ostentan
este tipo de diligencias, al no haber sido controvertidas en cuanto a su contenido,
los hechos que en ellas se consignan se tienen por ciertos, y, por ende, por si
solas tienen el valor probatorio suficiente para establecer la acción de incumplimiento
de pesos en cilindros de gas licuado de petróleo; de ahí que en el presente caso
no es procedente alegar la falta de prueba como lo indica el demandante.”
SELLO DE GARANTÍA ES UN DISPOSITIVO DEL FABRICANTE, LO AGREGA AL
PRODUCTO CON EL OBJETO PROTEGER Y ASEGURAR LAS CONDICIONES DEL CONTENIDO
DESEADO DURANTE EL PERIODO DE RESGUARDO, TRANSPORTE, ALMACENAJE, Y
COMERCIALIZACIÓN
“B.2 En cuanto
al principio de culpabilidad por ruptura del nexo causalidad, el actor indica que
los establecimientos en los que se efectuaron las inspecciones, no eran propiedad
de Unigas; agrega que, por ello no se tiene certeza que los cilindros encontrados
eran propiedad de la sociedad demandante; y, además, que el hecho que en las inspecciones
se haya corroborado que los productos tenían el sello de inviolabilidad, no asegura
que éstos no hayan sido manipulados por terceros a efecto de variar el peso de los
mismos.
Sobre este punto es necesario indicar que un sello de garantía es un dispositivo utilizado por el fabricante, quien
lo agrega al producto que manufactura con el objeto de proteger y asegurar las condiciones
del contenido deseado durante el período de resguardo, transporte, almacenaje, y
comercialización. Por ello la diligencia debida del productor al momento de implementar
el mecanismo del sello de garantía, es trascendental para asegurar que el contenido
y las condiciones de sus productos no sean alterados, y conserven la naturaleza,
estado y calidad dentro del período de vigencia que asegura el fabricante.”
PARA TENER POR DEMOSTRADA, FUERA TODA DUDA RAZONABLE
LA RESPONSABILIDAD, ES INELUDIBLE QUE, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA HAYA
ESTABLECIDO EN LAS ACTAS DE INSPECCIÓN, EL ESTADO DEL SELLO DE INVIOLABILIDAD
ESTE INTACTO
“Ahora bien, tal como lo manifiesta el demandante, en
el presente caso, los cilindros no fueron encontrados en instalaciones de Unigas;
por lo que, por un lado [a su criterio] no se tiene certeza si el producto encontrado
estuviera con integridad del producto, tal como su fabricante [Unigas] lo creó,
o si eran una réplica; y, bien por otro, asegura que no se puede afirmar que pese
a que el producto inspeccionado fuera de su manufactura, el sello de inviolabilidad,
no haya sido manipulado por terceros, alterando con ello su contenido.
Al margen de lo dicho, y de manera accesoria, es relevante
resaltar, que en las actas levantadas, se consignó que los cilindros de gas licuado
de petróleo, objeto de muestreo, se identificaron de la misma manera; es decir,
que no obstante en las inspecciones los cilindros fueron encontrados en distintas
condiciones, aun así, éstos poseían las mismas características: el sello de inviolabilidad
de la marca distintiva TOTAL (hoy Unigas), y los pesos inexactos. Lo cual es un indicio
para esta Sala, que todos los cilindros tomados para muestreo, presentaron las mismas
características, contrario a lo afirmado por el actor sobre que el contenido de
los cilindros de gas licuado habían sido modificado, ya que no se consigna nada
en el acta, y todos guardan las mismas características.
Este último aspecto es determinante, pues se llega a
la conclusión, efectuando un análisis lógico, racional, y
coherente, de conformidad al sistema
de libre apreciación de las pruebas o reglas de la sana crítica, que, en el presente
caso, el hecho de haberse encontrado los hallazgos del incumplimiento de pesos de
los cilindros de gas licuado de petróleo y al encontrarse que todos tenían colocado
en la válvula el sello de garantía correspondiente; resulta improbable sostener
la presunta manipulación de terceros. Aunado a que no se presentó prueba que robusteciera
su dicho.
En este sentido, probatoriamente se llega a la convicción
inequívoca, que el producto analizado, no había sido alterado manteniendo su estándar
de calidad y contenido desde su envasado; de ahí que, el incumplimiento de los pesos
sea responsabilidad de la empresa encargada de su llenado: Unigas.
En razón de lo anterior, se deriva lo siguiente: (i) Unigas es la sociedad encargada del proceso de producción y envasado de los cilindros de gas licuado de petróleo, (ii) los cilindros poseen el sello de garantía, (iii) el sello de garantía tiene la funcionalidad de salvaguardar la integridad del producto por el tiempo útil estipulado por el fabricante.
Por lo tanto, el responsable de la infracción de incumplimiento del peso de los cilindros de Gas Licuado de Petróleo a ley sectorial que regula la materia en análisis, es la sociedad demandante, de ahí que no sea sostenible admitir en el presente caso, la violación al principio de culpabilidad.”