ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

REGLAS DEL ONUS PROBANDI O CARGA PROBATORIA SE RIGEN POR LAS REGLAS CIVILES

“FUNDAMENTO 1. El Estado de El Salvador, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República, invocó en su solicitud de extinción de dominio los presupuestos contenidos en los literales “a)” e “i)” del art. 6, por lo que resulta procedente determinar sus alcances.

FUNDAMENTO 2. Así, el presupuesto contenido en el literal “a)” del artículo 6 LEDAB, está vinculado –entre otras cosas-, a determinar la afectación de un bien por su origen ilícito, y se debe entender que lo es cuando razonablemente proviene su obtención de la realización de una actividad ilícita determinada en el art. 5 de la LEDAB, que para el caso que se invoca resulta ser el lavado de activos, por la tipología propia del traslado de dinero entre diversas fronteras con el propósito de ocultar su origen e incorporarlo al comercio lícito, el cual actualmente se le tipifica como trasiego de dinero, constituyendo el dinero el objeto del delito.

Es decir, que el presupuesto configura el origen ilícito, entre otros supuesto, si los bienes son producto directo o indirecto de la actividad ilícita, o son resultado de la actividad proscrita, de sus pagos, o producto de ésta, condiciones que de acuerdo a la doctrina, implica que el bien teniendo apariencia de lícita viene viciada de ilicitud por su origen[1], que es a lo que se conoce como nulidad ab initio, la cual si bien no encuentra nominalmente enunciada en el texto de la LEDAB, de forma implícita ha sido reconocida, al sostener que ninguno de los negocios que se hayan realizado con bienes de procedencia ilícita constituirán justo título, porque se encuentra viciado, cuya magnitud de ese vicio de deriva de una afectación gravísima de rango constitucional, para el caso los valores y principios de seguridad jurídica, justicia e igualdad, reconocidos en la Cn, tal como lo ha desarrollado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de inconstitucionalidad 146-2014.

FUNDAMENTO 3. Como se ha sostenido en otras decisiones judiciales, el presupuesto relacionado en el literal “i)” del mismo artículo es un presupuesto de carácter procesal, en todos aquellos casos que las sedes judiciales distintas a la de extinción de dominio hayan omitido su pronunciamiento o nunca fue objeto del debate la procedencia o destinación ilícita de los bienes, por lo cual, al haber cesado la competencia asumida, es esta sede judicial la que debe valorar la situación de los mismos para emitir una decisión definitiva sobre su licitud o ilicitud.

FUNDAMENTO 4. En otro contexto, es preciso relacionar que en materia de extinción de dominio, las reglas del onus probandi o carga probatoria se rigen por las reglas civiles, en tanto a partir del principio dispositivo, los hechos alegados deben ser probados, para dar procedencia al reconocimiento de las pretensiones planteadas, siendo entonces, que “quien alega un hecho debe comprobarlo”, e incluso es viable sostener que quien tiene la carga de la prueba y no la produce, se perjudica. Así ha sido sostenido en la doctrina, al afirmar que “más allá del carácter de actor o demandado, en determinados supuestos la carga de la prueba recae sobre ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentre en mejores condiciones para producirla.”^[2]”