SEGURIDAD JURÍDICA

CONSIDERACIONES JURISPRUDENCIALES

“Por otra parte, con relación a la Seguridad Jurídica, la SC ha establecido que: “[…] es la certidumbre del imperio de la ley, en el sentido que el Estado protegerá los derechos de las personas tal como la ley los declara, imponiéndole, además, el deber insoslayable de respetar y asegurar la inviolabilidad de los derechos constitucionales, delimitando de esa manera las facultades y deberes de los poderes públicos.” (V. gr. Sentencias definitivas dictadas en los procesos de Amparo 142-2007 y 199-2007 del 30-IV-2010 y 15-I-2010, respectivamente.)

Por otra parte, la SCA ha determinado respecto del principio de seguridad jurídica que: “[…] es un principio universalmente reconocido del Derecho que se entiende como certeza práctica del Derecho, y representa la seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno. La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegará a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación. En resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, y conductos establecidos previamente.”

En atención a lo anterior puede afirmarse, tal como ha sido sostenido por este Tribunal en la Sentencia de las ocho horas nueve minutos del cuatro de septiembre de dos mil dieciocho en el proceso NUE 00021-18-ST-COPC-CAM, que el principio de seguridad jurídica se erige como la estabilidad del orden jurídico, generando así un cierto grado de predictibilidad respecto de las consecuencias jurídicas que puede conllevar una determinada conducta para el administrado. Dicha predictibilidad, deviene en el caso de nuestro ordenamiento jurídico —de tradición del civil law— , de la aplicación de las normas previstas por el legislador, las cuales, en caso de indeterminación o falta de previsión para resolver una determinada situación, serán suplidas mediante la jurisprudencia, debiendo los Tribunales en estos casos, establecer un sistema uniforme de precedentes a efecto que el particular pueda verificar el grado de predictibilidad que requiere la seguridad jurídica.”