INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL

LA DEMANDA ES IMPROPONIBLE POR FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CAUSALIDAD DEL DAÑO RELATIVO AL DESPIDO ILEGAL DEL DEMANDADO, Y CARECER EL TRIBUNAL DE COMPETENCIA PARA CALIFICAR DICHO PRESUPUESTO

"El abogado de la parte demandante invoca la teoría de la responsabilidad civil como fundamento de su pretensión de indemnización por daños y perjuicios. Sostiene que su mandante, el señor JARM, ha sido víctima de daños materiales y morales, a consecuencia del despido ilegal que sufrió por parte de la Comisión del Servicio Civil de la Asamblea Legislativa. Alega que el monto de los daños morales asciende a ciento sesenta mil dólares y el del lucro cesante a cincuenta y un mil novecientos noventa y tres dólares de los Estados Unidos de América. Por su parte, el valor del daño emergente se obtendrá al conocer el monto debido de su préstamo, para lo cual deberán requerirse los correspondientes informes financieros. Por tanto, el abogado de la parte demandante pide que se declare la ilegalidad del despido y la existencia de los daños y perjuicios, así como la condena al pago de los mimos, de acuerdo a los montos antes indicados.

Que de acuerdo al fundamento factico de la demanda, los daños que el señor JARM pretende se le indemnicen se derivan del despido ilegal. Es este acto presuntamente ilegitimo el que sirve de causa a la responsabilidad jurídica que invoca. Por tanto, al examinar la naturaleza de la entidad responsable (Comisión del Servicio Civil - Asamblea Legislativa), el hecho que se constituye como la causa del daño (despido presuntamente ilegal) y las secuelas adversas para la víctima (daños materiales y morales), se advierte que las mismas dan lugar a un tipo de responsabilidad que desborda el ámbito de competencia de esta Cámara. En efecto, consideramos que el contenido y el alcance subjetivo y objetivo de la responsabilidad invocada debe tramitarse ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, por las razones que a continuación se detallan.

El Artículo 1 Inciso 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone que La jurisdicción Contenciosa Administrativa será competente para conocer de las pretensiones que se deriven de las actuaciones u omisiones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo. Seguidamente, el Artículo 3 letra a) de la referida ley establece que En la jurisdicción contenciosa administrativa podrán deducirse pretensiones relativas a las actuaciones y omisiones administrativas siguientes: a) actos administrados. Agrega en el Inciso 2 que también podrán deducirse pretensiones relativas a la responsabilidad patrimonial (…).

En ese sentido, advertimos que el fundamento factico de la pretensión indemnizatoria se subsume dentro de la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Primero, porque la naturaleza de la entidad presuntamente responsable del daño es de tipo administrativa. Además, las Comisiones del Servicio Civil, al igual que el Tribunal de Servicio Civil, ejecutan una función administrativa. Los actos de estas entidades son controlables ante la mencionada jurisdicción.

Segundo, porque la voluntad de la Administración Pública de dar por terminada la relación laboral con el servidor público se ha expresado a través de un acto administrativo expreso, es decir, a través de la resolución que ordenó el despido del señor RENB. Incluso, la parte demándate pide que se declare la “ilegalidad del despido”, cuestión que desborda las competencias de esta Cámara. Tercero, porque el presunto daño se ha derivado de una actuación administrativa normal de la Comisión del Servicio Civil, de modo que es la Administración Pública en su propio desempeño quien ha generado una secuela adversa a uno de sus ciudadanos. Al respecto, es pertinente destacar que el Artículo 55 de la Ley de Procedimientos Administrativos dispone que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por la Administración Pública de la lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que esta sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración Pública (la referida ley fue aprobada a través del Decreto Legislativo N° 856, del quince de diciembre de dos mil diecisiete, y publicado en el Diario Oficial N° 30, Tomo 418, de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho).

La pretensión invocada por la parte demandante gira en torno a actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo, de modo que la competencia para pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda corresponde a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, y no a esta Cámara, por carecer de competencia objetiva en razón de la materia para hacerlo.

Aclaramos que la demanda se interpuso el día diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la Ley de Procedimientos Administrativo, pues la primera entró en vigencia el día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mientras la segunda lo hizo el trece de febrero de dos mil diecinueve (según lo establece su Artículo 168).

En otro orden de ideas, la parte demandante solicita la indemnización por daños morales, los cuales se derivan del despido injustificado, de la afectación sustancial al proyecto de vida, de la afectación al honor, de la frustración familiar y de renuncia a las comodidades. Al respecto, es importante destacar que el Artículo 3 Inciso 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que se excluye de la jurisdicción contenciosa administrativa los casos de responsabilidad regulados por la Ley de Reparación por Daño Moral. En ese sentido, al examinar el contenido de la Ley de Reparación por Daño Moral, identificamos que la misma regula lo relativo a los daños morales derivados de: a) La acción u omisión ilícita, intencional o culposa (…), que afecte los derechos humanos o los derechos de la personalidad de la víctima; b) El exceso de los límites de la buena fe en el ejercicio de un derecho legítimo que causa un daño a otro; c) Las imputaciones injuriosas, calumniosas o difamatorias contra el honor o la vida privada de una persona (…);d) La afectación sustancial del proyecto de vida; e) Por errores judiciales debidamente comprobados; f) Por retardación de justicia; g) Por violación de derechos constitucionales y derechos reconocidos por tratados internacionales vigentes y las leyes secundarias.

Así las cosas, el examen de la pretensión de indemnización por daño moral sigue siendo competencia de este tribunal. Sin embargo, al efectuar el examen de fondo de dicha pretensión, advertimos que la misma carece de un presupuesto esencial para tramitarla y resolverla. En efecto, la teoría de la responsabilidad civil exige la concurrencia de una serie de presupuestos básicos para determinar su contenido y alcance. Uno de esos presupuestos lo constituye la identificación y acreditación de la causalidad del daño. Según el contenido de la demanda, la causa de los daños es el “despido ilegal” que efectuó la Comisión del Servicio Civil.

Sin embargo, a la fecha no se ha acreditado la ilegalidad del despido, de modo que la causalidad aún está por definirse. Quiere decir, entonces, que la pretensión indemnizatoria por daños morales se persigue sin que se haya acreditado la causa de los mismos. Y no obstante que es procedente acumular la declaratoria de ilegalidad del acto y la indemnización de los daños que produjo, dicha acumulación en esta instancia no es procedente, por cuanto esta Cámara carece de competencia para calificar la ilegalidad del despido y, consecuentemente, para tener por configurada la casualidad de los daños y, al mismo tiempo, los presupuestos de la responsabilidad civil. En otras palabras, la pretensión de indemnización por daño moral carece de un presupuesto esencial que la hace improponible en el presente caso, según lo establece el Artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Por las razones antes expuestas, estimamos procedente declararnos incompetentes en razón de la materia para conocer de la pretensión indemnizatoria por daños materiales, y remitir el proceso a un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en vista de que el valor de la pretensión no excede de quinientos mil dólares (Artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa).En lo que respecta a la pretensión por daños morales, la pretensión se declarará improponible por carecer de uno de los presupuestos esenciales de la responsabilidad civil."