PRINCIPIO
ANTIFORMALISTA
LA EXIGENCIA DE FIRMA Y SELLO DE ABOGADO DIRECTOR, RESPONDE
A LA NECESIDAD QUE UN PROFESIONAL DEL DERECHO INTERVENGA EN EL PROCESO AVALANDO
LOS ESCRITOS DEL ADMINISTRADO
“Sobre lo anterior se tiene que:
a) El proceso contencioso administrativo a partir del
artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa LJCA -derogada- -emitida el catorce de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, publicada
en el Diario Oficial número doscientos treinta y seis, tomo número doscientos sesenta
y uno, del diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, ordenamiento
de aplicación al presente caso en virtud del artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa vigente- permite únicamente a los particulares o
administrados que presenten su demanda y todo escrito junto con firma de abogado
director; dicha disposición es una manifestación del derecho de acceso a la vía
jurisdiccional con el objetivo de presentar sus pretensiones y el derecho de esgrimir
sus acciones con la asesoría técnica necesaria, a efecto de obtener una
sentencia estimatoria.
La exigencia de firma y sello de abogado director, responde
a la necesidad que un profesional del derecho intervenga en el proceso avalando
los escritos del administrado, examinando si su contenido cumple con ser jurídicamente
válido y procedente; es decir que la disposición en comento busca garantizar y favorecer
al administrado, en vista que éste se enfrenta contra una parte que se encuentra
en una superioridad manifiesta en cuanto a recursos y presunciones de legalidad.”
EL PROCESO ADMINISTRATIVO CARECE DE FORMALIDADES
RÍGIDAS PARA EL PARTICULAR COMO UNA MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO
ACTIONE
“Esto a su vez está íntimamente vinculado al principio
de informalidad del proceso administrativo, el cual, si bien está reglado para la
Administración Pública, carece de formalidades rígidas para el particular como una
manifestación del Principio In dubio pro actione. Con base a lo anterior es procedente rechazar
la solicitud de inadmisibilidad de la demanda por falta de procuración preceptiva
alegada por la autoridad administrativa.”