ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA
CUANDO EL AD QUEM NO VALORA LA DECLARACIÓN DE PARTE DEL APODERADO
JUDICIAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DEMANDADA, NO SE CONFIGURA EL VICIO
ALEGADO, POR SER AL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA A QUE A QUIEN LE CORRESPONDE
“Error de hecho en la apreciación de la
prueba, art. 402 inciso primero del Código de Trabajo.
Para este sub motivo el licenciado
Sánchez Chinchilla expresó: “[...] Para el caso, la Cámara sentenciadora, basó
principalmente su sentencia, en la declaración ficta de parte del señor SDF, el
cual fue citado por la Procuraduría General de la República, sin embargo,
mediante escrito de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se
introdujo al proceso, certificación del punto de acta debidamente inscrito en
el Registro de Comercio desde el mes de febrero de dos mil diecisiete, en donde
constaba que el señor antes mencionado, ya no era el administrador único de la
sociedad, sino que el señor WRBR, y como se expuso dentro del documento que
aparece agregado al proceso, esto se debió a que el señor F no pasaba en el
país, lo que generaba dificultades para cumplir con los objetivos de la
sociedad; con lo cual, se dejó de manera clara dentro del proceso, que el
primero de los llamados, no era ni tenía facultades de representación dentro de
mi representada. (...) es haber ignorado y no considerar al momento de emitir
su sentencia, la existencia de ese instrumento auténtico que claramente
establece que la persona que tenía el cargo de administrador único de la
sociedad que presento, al momento de su convocatoria, no era el señor F sino el
señor BR.(...) Por otra parte, también cometió el error de hecho, al no haber
considerado la modificación del pacto social, particularmente en lo atinente a
su cláusula XXIX, el cual fue agregado mediante escrito de fecha siete de
noviembre del año dos mil diecisiete, en donde consta que la persona que tiene
la representación judicial de la sociedad es un Gerente o abogado designado por
la sociedad, y que el administrador único de la sociedad solamente tiene la
representación EXTRAJUDICIAL de la misma, no siendo competencia del
administrador único el rendir las declaraciones de parte que sean solicitadas,
siendo que, si hubiera tomado en cuenta la modificación al pacto social
inscrito en el registro de comercio el veinte de julio de dos mil dieciséis,
claramente hubiese encontrado que el administrador único de la sociedad que
represento, no tenía facultades judiciales para rendir declaración de parte
contraria [...]”. (sic).
Este Tribunal considera necesario
señalar, en relación al vicio alegado, que el mismo no necesariamente tiene
lugar cuando el juzgador aprecia erróneamente la prueba, según el particular
punto de vista de cada quien, y la eficacia probatoria de la misma; sino que se
produce cuando el juzgador al valorar la prueba se forma un criterio distinto
de lo que el documento establece o un juicio contrario a lo que la realidad
indica, dado que en ocasiones existe mutilación en el contenido de la prueba
por restricción del alcance de la misma. Este yerro precisamente ocurre cuando
no se tiene por probado un hecho, en razón de no distinguir la prueba que
demuestra su existencia, es decir, dicho error recae sobre la apreciación de la
existencia o inexistencia del medio de prueba, en su aspecto material, objetivo
o físico, por ejemplo: no ver prueba donde sí la hay. (Sentencia Ref.
212-C-2005, de fecha 10-7-2006).
Del planteamiento expuesto por el
recurrente se desprenden, dos situaciones: la primera, que la Cámara ignoró un
documento auténtico, con el cual el licenciado Sánchez Chinchilla pretendió
comprobar que el señor SDFM al momento de ser llamado a rendir su declaración
de parte contraria no tenía las facultades de representación dentro de la
sociedad demandada, por lo que el Ad quem no debió tener por establecido un
reconocimiento ficto; y segunda, que la Cámara no tomó en consideración la
modificación del pacto social, particularmente la cláusula XXIX, en la cual se
establece que la representación judicial de la demandada recae en un Gerente o
abogado designado por la sociedad, y que el Administrador Único solamente tiene
la representación extrajudicial.
Respecto al primer punto este Tribunal
considera necesario analizar la prueba vertida en el proceso, mediante la cual,
la demandada intentó probar que el señor SDFM, no tenía la calidad de
representante legal al momento de ser llamado a rendir su declaración de parte,
y por lo tanto, no debió de haberse citado a rendirla.
Así se advierte que, a fs. […] de la
pieza principal consta agregada copia certificada por notario del punto de acta
del Llamamiento del Administrador Único suplente para cubrir temporalmente al
Administrador Único Propietario, y entre otras cosas se desprende: “el
presidente de debates que por no residir el Administrador Único Propietario en
el territorio de la República de El Salvador, genera dificultades para la
ejecución del objeto de la sociedad así como las actuaciones que deban ser
realizadas ante las distintas autoridades salvadoreñas, en virtud de ello se
hace necesario llamar al Administrador Único Suplente, D. WRBR para cubrir
temporalmente y por ausencia al Administrador Único Propietario D. SDF,
conforme lo dispuesto en la cláusula XXV) “De la sustitución del Administrador
Único o de Directores” del pacto social vigente y el Art. 264 del Código de
Comercio (...)”.
Tomando como base lo expuesto por el
licenciado Sánchez Chinchilla y la jurisprudencia señalada en líneas
anteriores, se advierte que la Cámara si bien obvió valorar el documento
aludido, no la hace incurrir en una arbitrariedad de la prueba, dado que del
mismo lo único que puede extraerse, es que, al señor F por no residir en el
país se le dificultaba la ejecución del objeto de la sociedad; así como, las
actuaciones que debían realizarse ante las distintas autoridades salvadoreñas,
aunado a ello, se advierte que a fs. […] de la pieza principal, el señor SDF
tiene nacionalidad Británica, y que es del Domicilio del Estado de Texas,
Estados Unidos de América, por lo tanto, dicho documento no establece que al
momento de ser llamado a rendir la declaración de parte no se encontraba en
territorio salvadoreño; situación que debió el recurrente comprobar; por otra
parte, se debe resaltar que en el documento controvertido únicamente indica un
llamamiento temporal y no definitivo, y en vista que para rendir la declaración
de hechos de parte –art. 347 CPCM- corresponde únicamente al representante
legal; por consiguiente, la Cámara no incurrió en el vicio alegado; por lo
tanto, no habiéndose cometido el vicio invocado por el recurrente, se declara
no ha lugar a casar la sentencia en atención a esta prueba.
Ahora bien, respecto a que la Cámara no
tomó en cuenta la modificación del pacto social de la sociedad demandada,
específicamente la cláusula XXIX, esta Sala considera que es necesario
establecer que en la misma se lee a fs. […] p.p.: “REPRESENTACIÓN LEGAL
Y USO DE LA FIRMA SOCIAL. A) REPRESENTACION EXTRAJUDICIAL. Corresponderá al
Presidente y al Secretario de la Junta Directiva, conjunta o separadamente, o
al Administrador Único, en su caso, representar a la sociedad
extrajudicialmente y hacer uso de la firma social (...) B)
REPRESENTACION JUDICIAL. Corresponderá al Secretario de la Junta Directiva
de la Sociedad, ejercer la representación judicial de la
sociedad, conjunta o separadamente con el Gerente Jurídico, si lo hubiere; o,
con los abogados que la Junta General de Accionistas de la Sociedad designe en
cada rama específica del derecho; en consecuencia, al Secretario de la Junta
Directiva y al Gerente Jurídico les corresponde representar a la sociedad en
toda clase de juicios (...) y de rendir Declaración de parte contraria. A los
Abogados designados por la Junta General de Accionistas, les corresponderá la
representación judicial en la rama específica que les defina la Junta General
de Accionistas”. (sic).
Tomando como base lo anterior, se debe
resaltar que el inciso 2º del art. 347 del Código Procesal Civil y Mercantil,
establece que las personas jurídicas serán representadas
conforme a la ley, y éstos estarán obligados a responder los interrogatorios de
la parte contraria y del Juez, siempre que versen sobre hechos ocurridos dentro
del período de su representación y dentro de su específica competencia
funcional, es decir, prevé las condiciones necesarias o presupuestos que
deberán cumplirse para que tenga lugar la presunción legal.
Bajo ese contexto, es oportuno resaltar
que el título segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente
los arts. […] nos indican que “Son partes en el proceso el demandante, y el
demandado y quienes puedan sufrir los efectos materiales de la cosa juzgada”, y
que en los procesos civiles y mercantiles podrán ser parte las personas
jurídicas, quienes comparecerán y actuaran en el proceso por medio de quien
ostente su representación conforme a la ley. De lo expuesto, se deduce que la
persona jurídica es un ente con capacidad de ejecutar actos y celebrar
contratos comprendidos en el objeto social para lo cual es constituida, pero
para ello, obviamente se requiere de una persona física que los ejecute a
nombre de la sociedad, lo que da lugar a la figura de la representación legal
de una sociedad o empresa, quien puede denominarse de varias formas, tales como
presidente, director, gerente, etc., cuya función principal, es sin duda, la de
actuar a nombre de la sociedad frente a terceros, como si fuera ésta quien
actuara, de conformidad con la teoría de la representación de las personas
jurídicas; el art. 454 del Código de Trabajo es claro en determinar que la
persona que a la fecha de la demanda, apareciere inscrita en el Registro de
Comercio como representante de una sociedad mercantil, será con quien se
entenderá aquélla, y cuando el nombramiento del representante de una persona
jurídica no está sujeta a un registro público, la demanda podrá entablarse
contra cualquiera de sus miembros directivos como representantes de aquélla.
De tal manera, que no obstante la
Cámara sentenciadora ignoró el documento que el recurrente aduce, es de
mencionar que la facultad de rendir declaración de parte contraria, es un hecho
personalísimo, que le corresponde al representante legal de la sociedad, ya que
es un acto que corresponde a la persona jurídica, toda vez que los mismos se
realicen dentro de los límites de la actividad u objeto que la ley le permita
(competencia funcional); en ese sentido, si bien, la facultad de nombrar
representantes judiciales y extrajudiciales, y el uso de la firma lo contempla
el art. 260 del Código de Comercio, no implica que el representante legal de la
sociedad se vea impedido de su facultad de rendir declaración de parte
contraria, como lo sostiene el licenciado Sánchez Chinchilla; por lo tanto, al
igual que la anterior prueba no ha lugar a casar la sentencia, particularmente
por ignorar la Cámara la modificación de la cláusula XXIX del pacto social.”