TÍTULO EJECUTIVO

CARECE DE FUERZA EJECUTIVA LA CERTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE MULTA IMPUESTA POR EL MINISTERIO DE SALUD, POR ESTAR BASADA EN UNA RELACIÓN SANCIONATORIA QUE REQUIERE LA CALIFICACIÓN PREVIA DEL LEGISLADOR PARA SERVIR DE TÍTULO EJECUTIVO

“4.3.- El proceso o juicio ejecutivo es un proceso especial, mediante el cual se hace efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en un título dotado de autenticidad, que a diferencia de los procesos de conocimiento no tiene por objeto la declaración de hechos dudosos o controvertidos, sino simplemente la realización de los que estén esclarecidos por documentos fehacientes, esto es, por títulos que autoricen vehementemente la presunción de que el derecho del actor es legítimo.

4.4.- Por eso el documento que se presenta ha de ser suficiente y bastarse a sí mismo para que se habilite la tutela judicial ejecutiva.

4.5.- El proceso ejecutivo no es un proceso declarativo ni un trámite de ejecución forzosa, aunque comparte rasgos de ambas realidades procesales; más bien es un proceso especial, propio en su género. La función del proceso ejecutivo es distinta a la del proceso declarativo. En este, se pretende determinar si existe o no el derecho que una parte invoca frente a la otra. Por el contrario, mediante el proceso ejecutivo se intenta hacer efectiva la realización de un derecho cuya existencia consta acreditada a través de un documento que da fe de él, según el amparo de la ley.

4.6.- El artículo 458 inciso 1 del Código Procesal Civil y Mercantil , establece que el proceso ejecutivo puede iniciarse cuando emane de una obligación  de  pago  en dinero,  exigible,  líquida  o liquidable, con vista del documento presentado, con fuerza ejecutiva.

4.7.- El documento que sirve de base al proceso ejecutivo es un título ejecutivo. Este título es una declaración contractual o autoritaria que consta siempre por escrito y que describe la existencia de una obligación de manera fehaciente; por tanto, el título ejecutivo es la declaración sobre la cual debe tener lugar la acción.

4.8.- El artículo 457 CPCM establece qué documentos son títulos ejecutivos, de donde se advierte que la ejecutividad de un documento está determinada por la ley, en virtud que es la ley la que establece cuáles documentos traen aparejada fuerza ejecutiva.

4.9.- Por otra parte, la doctrina señala que para que tenga lugar el juicio ejecutivo es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos: a) que exista un acreedor o persona con derecho a pedir; b) la existencia de un deudor determinado; c) deuda líquida o liquidable; d) plazo vencido, y e) que el documento presentado tenga aparejada fuerza ejecutiva, es decir, que sea un título ejecutivo.

4.10.- Este título, para que pueda configurarse como prueba preconstituida, deberá consignar la obligación cuyo cumplimiento se exige. Además, deberá determinar de manera precisa al acreedor y al deudor, así como el plazo en el que el deudor debe cumplir con la obligación, a fin de determinar si dicho plazo está vencido y, por tanto, si el deudor ha incurrido en mora para poder dar trámite a la demanda (artículo 460 CPCM).

4.11.- En el caso de marras, el debate gira en torno a este último requisito: “que el documento presentado tenga aparejada fuerza ejecutiva, es decir, que sea un título ejecutivo”, de modo que es necesario aproximarnos al imaginario jurídico que explica qué es un título ejecutivo.

4.12.- En primer lugar debemos tener claro que, en la legislación salvadoreña, título ejecutivo (artículo 457 CPCM) y título de ejecución (artículos 554 y 555 CPCM) son categorías totalmente diferentes; los primeros son el sustento del juicio ejecutivo, y los segundos el del trámite de ejecución forzosa. En este caso haremos referencia a los primeros.

4.13.- Según la naturaleza del título ejecutivo o de la relación subyacente que lo inspira, el mismo puede dar lugar al proceso ejecutivo mercantil o al proceso ejecutivo civil. En este caso haremos referencia al segundo. En algunas legislaciones “proceso ejecutivo” y “ejecución forzosa” pueden ser sinónimos, pero en la normativa procesal y organización jurisdiccional salvadoreña, representan actuaciones judiciales diferentes.

4.14.- A diferencia de los títulos de ejecución, los títulos ejecutivos son documentos extrajudiciales, en el sentido que no han atravesado el filtro de la tutela judicial, es decir, a diferencia de las sentencias judiciales, que sirven de títulos de ejecución, no son el producto de la organización y actividad jurisdiccional, y por ese mismo motivo deben atravesar la vía procesal especialmente adecuada para ellos, esta es, la del proceso ejecutivo. Un título ejecutivo, entonces, es un instrumento fehaciente no judicial, pero cuya autenticidad atribuida por la ley lo califica como el soporte del juicio ejecutivo.

4.15.- La sentencia condenatoria dictada en el proceso ejecutivo se convierte en un título de ejecución forzosa, de modo que el título ejecutivo es un documento privilegiado a partir del cual se puede obtener un título de esa calidad.

4.16.- El juicio ejecutivo es improcedente con títulos que no llevan en sí mismos aparejada fuerza ejecutiva, porque la esencia del título ejecutivo está en ella. Sin fuerza ejecutiva no existe título ejecutivo y sin éste no existe proceso ejecutivo. Ahora bien, la fuerza ejecutiva no es una sustancia, característica o disposición subordinada a la autonomía de la voluntad, no es una cosa o un elemento que los particulares coloquen o disloquen arbitrariamente de los actos jurídicos que ejecutan. Más bien, la fuerza ejecutiva es una calificación previa de parte del legislador sobre determinados documentos, según la política jurídica y procesal de cada Estado, por la cual se les asigna autenticidad de valor o poder ejecutivo. Los particulares no pueden, por ejemplo, decidir qué actos jurídicos de los que realizan gozan de fuerza ejecutiva y cuáles no, no obstante que si pueden ejecutar o documentar determinados actos que se encuentran dentro del catálogo legal de los que tienen fuerza ejecutiva. Quiere decir, entonces, que sólo el legislador, a través de ley formal, puede definir qué documentos tienen fuerza ejecutiva, porque es una actividad sujeta a reserva de ley.

4.17.- Llevar aparejada fuerza ejecutiva significa poseer aptitud eficiente y suficiente para reclamar un derecho autentico a través del juicio ejecutivo, que en sí mismo reúne una serie de características procesales adecuadas a su esencia. Así las cosas, la finalidad del juicio ejecutivo es alcanzar el cumplimiento de una obligación cierta e indudable que consta en un antecedente autentico. Sin fuerza ejecutiva no existe un título ejecutivo, y sin este, como antes se dijo, el proceso ejecutivo no es procedente, en atención al principio nulla executio sine titulo.

4.18.- En el caso en estudio, se ha presentado como documento base de la pretensión, una certificación del proceso sancionatorio número 214/2014, CTO N° 166/2013, CD N° 02/2013, promovido por el Ministerio de Salud Pública, en contra de la sociedad […], en el cual consta la resolución pronunciada por la Ministra de Salud Doctora […], a las diez horas cinco minutos del día diez de diciembre del año dos mil catorce, en la que se impuso a la sociedad mencionada una  multa  por incumplimiento de contrato, por la cantidad de DOCE MIL SETENTA DÓLARES TRECE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, los cuales debían ser pagados en la Colecturía Central de la Dirección General de Tesorería, del Ministerio de Hacienda, dentro de los ocho días siguientes al de notificación de la resolución.

4.19.- Dicha certificación fue ofertada como documento base de la pretensión, de acuerdo a lo establecido en los artículos 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 1570 del Código Civil y 457 ordinal 1° del Código Procesal Civil y Mercantil, aduciendo que la certificación de la resolución dada en el proceso sancionatorio ya relacionado, tiene fuerza ejecutiva por ser un documento público.

4.20.- Argumento que el Juez a quo ha rechazado, por considerar que, a la certificación antes mencionada, se le debe acompañar de una resolución que declare ejecutoriada la resolución en que se impuso la multa a la sociedad sancionada, porque de conformidad a lo establecido en el artículo 15 inciso 4° de la Ley de Procedimientos para la Imposición del Arresto o Multa Administrativos, para que la resolución que impone la multa adquiera fuerza ejecutiva, deberá contener el texto íntegro de la resolución, del acta de notificación al infractor y del proveído que la haya declarado ejecutoriada.

4.21.- No obstante lo anterior, advierte este tribunal que, la norma arriba relacionada no aplica al caso que nos ocupa, ya que de conformidad al artículo 1 inciso 2° de la misma Ley de Procedimientos para la Imposición del Arresto o Multa Administrativos: “”””””””El procedimiento que aquí se establece no será aplicable cuando en la respectiva ley, reglamento u ordenanza, el trámite de los mismos, garantice los derechos de audiencia y de defensa al presunto infractor.””””””””

4.22.- El proceso sancionatorio a través del cual el Ministerio de Salud Pública, impuso a la sociedad demandada, la multa que ahora pretende reclamar, fue tramitado conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la cual dentro de sus disposiciones, posibilita el que los demandados puedan ejercer sus derechos de audiencia y defensa previo a la imposición de una multa, por lo que no tiene sentido aplicar una ley diferente a la ley especial de la materia.

4.23.- Así las cosas, considera este tribunal que efectivamente, el Juez a quo ha incurrido en una errónea aplicación de la ley para resolver la cuestión objeto de debate, sin embargo, aún con ello no puede decirse que se revocará la improponibilidad de la demanda presentada, debido a que, tal como el mismo Juez lo mencionó en su resolución, aunque no por los fundamentos correctos, la certificación del proceso de multa presentado como documento base de la pretensión, no puede tenerse como tal, ya que el mismo carece de fuerza ejecutiva, por las razones que se explican a continuación.

4.24.- En la demanda presentada por la Licenciada […], se menciona que la certificación presentada goza de fuerza ejecutiva, de conformidad al artículo 457 ordinal 1° del Código Procesal Civil y Mercantil; sin embargo, no es cierto lo expresado por la referida profesional, en cuanto a que el documento presentado por ella reúne las características de tipo ejecutivo, en virtud que al examinar el catálogo de títulos ejecutivos relacionados en el artículo 457 ordinales 1° al 7° CPCM, se advierte que la certificación de la resolución de imposición de multas presentada junto a la demanda no se subsume en ninguno de ellos.

4.25.- Además, al examinar el contenido de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento, se advierte que no se le confiere fuerza ejecutiva a la resolución de imposición de multa que se pronunció en virtud de ellas, de modo que tampoco es posible aplicar lo dispuesto en el ordinal 8° del artículo 457 CPCM. El documento base de la acción ejecutiva no ha sido previamente calificado por la ley como documento que goza de fuerza ejecutiva, por lo que el mismo no es un título ejecutivo que ampare la presente acción.

4.26.- Por otra parte, es importante aclarar que de conformidad al artículo 331 CPCM los instrumentos públicos son los expedidos por Notario, que da fe, y por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. En atención al artículo 2 de la Ley de Notariado, los instrumentos notariales o instrumentos públicos son: escritura matriz, que es la que se asiente en el protocolo; escritura pública o testimonio, que es aquella en que se reproduce la escritura matriz; y actas notariales, que son las que no se asientan en el protocolo.

4.27.- Sin embargo, los instrumentos públicos son títulos ejecutivos cuando el acto jurídico que instrumentalizan tiene por naturaleza una relación estrictamente de crédito y cuando la esencia del mismo no desnaturaliza al juicio ejecutivo, de modo que no se cuestiona la pureza ejecutiva de la acción. No todo instrumento público por el simple hecho de serlo se constituye como título ejecutivo. Así, por ejemplo, mientras un contrato de mutuo que consta en escritura pública goza de fuerza ejecutiva, un contrato de arrendamiento que también consta por escritura pública no goza de ella. Por igual, un contrato de naturaleza administrativa por sí mismo tampoco goza de fuerza ejecutiva sino existe una norma habilitante que lo establezca.

4.28.- En ese mismo orden de ideas, a pesar que las resoluciones dictadas por funcionarios en el ejercicio de sus funciones son instrumentos públicos, no por ese simple hecho se constituyen como títulos ejecutivos, ya que debe existir una norma habilitante que lo ampare. En el presente caso, por ejemplo, la certificación de la resolución de multa impuesta por el Ministerio de Salud no se inspira en una relación estrictamente de crédito, sino en una razón sancionatoria, que requiere de la calificación previa de parte del legislador para que sirva de título ejecutivo. Por tanto, a pesar que se considere un instrumento público, no por ese hecho se subsume en el ordinal 1° del artículo 457 CPCM.

4.29.- En consecuencia, el documento ofertado junto a la demanda no sustenta el ejercicio de la acción ejecutiva, ya que carece de fuerza ejecutiva, de modo que la demanda es improponible. Por tanto, es procedente confirmar la resolución venida en apelación, pero por las razones acá expuestas y no por las dichas por el Juez a quo en la resolución recurrida.”