DEBIDO PROCESO
DERECHO DE AUDIENCIA,
“2.3 De conformidad a los
anteriores argumentos, esta sala hace las siguientes consideraciones:
A. Con relación al Debido Proceso, el artículo 11 de la Constitución de la República establece que «[n]inguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes...».
Por su parte el derecho de audiencia se caracteriza, en primer lugar, por ser un derecho de contenido procesal, instituido como un pilar fundamental para la protección efectiva de los demás derechos de los gobernados, estén o no reconocidos explícitamente en la Constitución.
El contenido de los derechos de audiencia y defensa ha sido delimitado por la jurisprudencia constitucional, así, se ha señalado que el derecho de audiencia posibilita que toda persona, de forma previa a la privación de cualquier derecho material, tenga oportunidad real y eficaz de ser oída, lo anterior implica que en todo proceso o procedimiento se tiene que facilitar al menos, una oportunidad razonable para oír la posición del sujeto pasivo. Este derecho procesal viabiliza, entre otras cosas, que el demandado pueda desvirtuar, con los medios probatorios conducentes o argumentos pertinentes, la pretensión incoada en su contra por el demandante; de tal suerte que si no se potencia adecuadamente, aunque pueda ser oído, existiría violación constitucional.
En ese orden de ideas, es dable afirmar que -a
efectos de cumplir con la verdadera naturaleza y esencia de los derechos
constitucionales de audiencia y defensa- en un procedimiento determinado no
basta con hacer del conocimiento del afectado los cargos o faltas que se le
imputan y darle una oportunidad meramente “formalista” para que se manifieste,
sino que esta oportunidad debe ser real, razonable y eficaz de
manera que potencie la posibilidad de que aquél controvierta la pretensión
incoada en su contra y qué pueda desvirtuar la misma con los medios probatorios
y las alegaciones pertinentes.
A partir de lo
anterior se colige que para que exista una oportunidad razonable y eficaz para
las partes de ejercer sus derechos de audiencia y defensa en cualquier proceso
o procedimiento, éstas deben actuar en igualdad de condiciones, teniendo acceso
a las pruebas presentadas y disponiendo de plazos equitativos para preparar sus
alegaciones, puesto que si a una de las partes se le dan posibilidades menores
de defensa en virtud de los plazos otorgados o de las herramientas puestas a su
disposición para preparar sus argumentos, entonces se colocaría a la misma en
una situación de indefensión que violentaría, el derecho de audiencia y defensa
de ésta, pese a que a ambas partes se les dé la oportunidad de ser escuchados.”