DERECHO A OPTAR A CARGOS PÚBLICOS

INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN ANTE LA PROHIBICIÓN PARA LOS MINISTROS DE CULTOS RELIGIOSOS DE ASOCIARSE A PARTIDOS POLÍTICOS PUES LO QUE SE PRETENDE ES PRESERVAR LA OBJETIVIDAD Y NEUTRALIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

“B. La Constitución reconoce a los ciudadanos los derechos a asociarse para constituir partidos políticos e ingresar a los ya constituidos y, además, a optar a cargos públicos (art. 72 de la Cn.), pero prohíbe, en casos excepcionales, la pertenencia a partidos políticos de parte de ciertos funcionarios e incluso de determinadas personas particulares, por razón de la naturaleza de los cargos públicos que desempeñan o de las funciones o actividades que realizan, con el objetivo fundamental de "garantizar la pureza de los procesos electorales".

Tal es el caso, por ejemplo, de los militares en servicio activo, de los miembros de la Policía Nacional Civil y de los ministros de cultos religiosos. Esta prohibición tiene como fundamento "la consideración de que la disposición de las armas y la posición de autoridad en que se encuentran los militares en servicio activo son propicias a causar intimidación e influir el ánimo de las personas por razones distintas de sus propias convicciones políticas". (Informe Único de la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución de 1983, Título II, Sección Cuarta, Capítulo III).

El art. 82 de la Cn. demuestra que para la Constitución el derecho de asociarse con fines políticos, aun cuando constituye un derecho de fundamental importancia para la democracia representativa, no es un derecho absoluto, ya que puede limitarse o restringirse excepcionalmente a determinadas personas o funcionarios públicos por razón del cargo o por la naturaleza de la función que desempeñan, incompatibles con la pertenencia a partidos políticos y con la realización de actividades partidarias.

La prohibición que hace la Constitución a los militares, policías y ministros de cultos religiosos no puede interpretarse, entonces, como una vulneración a sus derechos políticos, particularmente a los derechos de asociación política y de optar a cargos públicos, pues lo que se pretende con dicha prohibición es preservar la objetividad y neutralidad de la función pública, sin influencia de los partidos políticos ni de otro sector de poder y garantizar la pureza de los proceso electorales, tal como lo determinó el Constituyente –Sentencia de fecha 14-X-2013, pronunciada en el proceso de Inc. 77-2013–.”