MOTIVACIÓN
CONSIDERACIONES JURISPRUDENCIALES
“Sobre
la violación al principio de seguridad jurídica y el incumplimiento al deber de
motivar, y la violación a los principios de Verdad Material y Capacidad
Contributiva y Necesidad del Gasto
Sobre
el principio de seguridad jurídica y la falta de motivación de las resoluciones
impugnadas
La sociedad demandante alegó que la DGII no expuso en la
resolución de fecha veintidós de abril del año dos mil dieciocho, ahora
impugnada, las razones por los cuales no valoró los argumentos expuestos por la
demandante, de lo cual resultaron las objeciones de los cinco gastos, por lo
que considera que dicho acto administrativo está basado en un informe realizado
en contra de las leyes, y viola el principio de seguridad jurídica. Al
respecto, la DGII manifestó que su actuar ha estado en todo momento apegado a
derecho. Por su parte, el TAIIA expresó que la resolución que emitió se
encuentra debidamente motivada y que puede ser debidamente constatado en el
incidente de apelación, puesto que dio respuesta a cada uno de los argumentos
de hecho y de derecho planteados por la demandante social.
Muñoz Machado indica que “Motivar los actos, en la actualidad, es
siempre una operación consistente en justificar la decisión administrativa
constatando la concurrencia de los hechos en que se apoya y la legalidad que
habilita las potestades que se ejercen, así como explicar razonadamente la
conexión que existe entre los hechos y la norma que se aplica” (Muñoz Machado,
S. (2011). Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. IV.
Primera Edición. Iustel. Madrid. p.73). Asimismo, la Sala de lo Contencioso
Administrativo, ha señalado que “la motivación se constituye como uno de los
elementos esenciales del acto administrativo, por medio del cual, el
administrado conoce las circunstancias fácticas y jurídicas que inciden en la
emisión del acto, y cuya correcta articulación soporta la legalidad del mismo,
es decir, aclaran tanto las razones de hecho como de derecho que dan origen al
acto aportando luz sobre el sentido del mismo”. (Sentencia de referencia
141-2009 de fecha veintidós de agosto del año dos mil diecisiete). En ese
sentido, la motivación exige a la Administración Pública establecer en sus
resoluciones las razones fácticas) y jurídicas que la llevaron a resolver de
cierta forma, de modo que el administrado las conozca.
Otro de los aspectos de la motivación, y que ha sido retomado por
la Sala de lo Contencioso Administrativo, es el hecho que la Administración
Pública puede motivar sus actos de manera directa, o en su caso, a través de
una motivación por remisión, destacando que, en el caso de la motivación por
remisión, la administración no solo debe relacionar en el acto decisorio final
los informes o dictámenes en lo que se basa para adoptar su decisión, sino que
además debe retomarlos como fundamento de su resolución, haciendo depender la
misma de los resultados, valoraciones y constataciones comprendidos en tales
elementos. (Sentencia de referencia 188-2011 de fecha veinticuatro de junio del
año dos mil dieciséis).
Es así como la obligación de las administraciones públicas de
motivar sus decisiones se considerará cumplida cuando estas exterioricen los
argumentos que cimienten dichas decisiones, debiendo ser la motivación lo suficientemente
clara para que sea comprendida por las personas, a fin de eliminar todo sentido
de arbitrariedad y someter toda actuación del poder público al control
jurisdiccional. (Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de referencia
362-2009 de fecha veintiuno de junio del año dos mil trece).”
LA SUFICIENTE MOTIVACIÓN NO REQUIERE NECESARIAMENTE DE UNA
EXHAUSTIVA Y COMPLETA REFERENCIA FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA VOLUNTAD
ADMINISTRATIVA
“Debe considerarse, además, que la motivación debe ser suficiente,
es decir que no basta la simple expresión general o abstracta de los motivos
que llevaron a la administración a tomar esa decisión, sino que esta debe
realizar una labor explicativa y concluyente de tales motivos. En ese orden de
ideas, la misma Sala ha establecido en reitera jurisprudencia que la suficiente
motivación no requiere necesariamente de una exhaustiva y completa referencia
fáctica y jurídica de la voluntad administrativa, sino que para su cumplimiento
es suficiente que conste de modo razonable y claro cuál ha sido el fundamento
jurídico esencial de la decisión adoptada.”
INEXISTENCIA DE FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN, CUANDO CONTIENEN LAS RAZONES
SUFICIENTES POR LAS CUALES SE OBJETARON LOS GASTOS DE OPERACIÓN DECLARADOS POR
LA SOCIEDAD DEMANDANTE
“La parte actora alega falta de motivación de las resoluciones que
se impugnan. En específico, de lo alegado por la parte actora, el TAIIA señaló,
respecto al gasto deducido en concepto de clawback,
que la DGII no realizó una “adecuada motivación”, se considera que si bien el
elemento motivación de los actos administrativos es indispensable, el vicio que
trae consigo admite ser saneado, y esto fue precisamente lo que ocurrió cuando
el TAIIA al confirmar la resolución arribó a la misma conclusión fundamentando
las razones fácticas y jurídicas que la llevaron a considerar que tal deducción
era indebida. Se hace énfasis, además, que los vicios del acto administrativo
(anulabilidad o nulidad de pleno derecho, en este caso el primero) está
vinculado al principio de trascendencia. En todo caso, al corroborarse la
resolución de la DGIIA impugnada, se verifica que en la misma se hizo relación
al informe de auditoría en el que a su vez, se detallaban las razones por las
que era procedente objetar la deducción el cual era de conocimiento de la
sociedad demandante, por lo que se considera que no existe la falta de
motivación respecto a este punto.
En general, al analizar las resoluciones emitidas tanto por la
DGII y el TAIIA este juzgado concluye que sí existió la suficiente motivación
para realizar las objeciones a los gastos deducidos y determinar el tributo en
contra de la sociedad demandante, tal como se desprende del análisis que se
hizo en el punto dos de los fundamentos jurídicos de esta sentencia. Por lo
tanto, se establece que no ha existido falta de motivación en la resolución
emitidas por la DGII y el TAIIA, respectivamente, pues contienen las razones
suficientes por las cuales se objetaron los gastos de operación declarados por
la sociedad demandante, ya que en la misma se expresan los elementos que la
llevaron a emitir su decisión. en consecuencia, se desestimará este motivo de
ilegalidad de los actos administrativos que se impugnan.”