AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

FORMAS DE CÓMO SE ENTIENDE AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA

“III. En este contexto, de conformidad con el art. 24 LJCA, para poder deducir pretensiones ante esta jurisdicción, es indispensable que el legitimado, previo a ejercer la acción contencioso administrativa, haya agotado la vía administrativa que la ley que rige el acto franquea para atacarlo, puesto que, dadas las particularidades que presenta el proceso contencioso administrativo, éste posee características propias que lo configuran en una efectiva garantía de defensa de los derechos de los ciudadanos y el buen funcionamiento de la Administración pública; de tal manera, el art. 11 letra b)  LJCA advierte que no podrán deducirse pretensiones derivadas de actos en relación a los cuales no se hubiera agotado la vía administrativa, en los términos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos.

Mientras esta última norma no adquiera vigencia, deben aplicarse las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de la Administración Pública, que, en su art. 2, determinan los supuestos bajo los cuales se entenderá agotada la vía administrativa:

Con el acto que pone fin al procedimiento respectivo, cuando en éste no hubiere recurso preceptivo alguno previsto para su impugnación, o habiendo sólo recursos potestativos, el administrado optara por no hacer uso de los mismos;

Con el acto que resuelve el recurso de apelación, independientemente de si el mismo deba ser conocido por el superior jerárquico o por otro órgano previsto por el legislador; y,

Con el acto que resuelva cualquier medio impugnativo que inicialmente deba resolver el superior jerárquico, cuando dichos recursos estén previstos en leyes especiales.

Siendo el tercero de los supuestos el que se ajusta al presente caso, con el que se entiende agotada la vía administrativa y, en consecuencia, a partir de la notificación de éste al administrado, se comienza a contar el plazo para deducir la pretensión ante la jurisdicción contencioso administrativo.”

TIENE PARTICULAR IMPORTANCIA EL REQUISITO DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA RESPECTO AL PLAZO PARA INTERPONER LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“De tal forma, una vez agotada la vía administrativa en tiempo y forma, según lo determine la ley que rige el procedimiento administrativo correspondiente, quien pretenda ejercer la acción contencioso administrativa, también debe encontrarse dentro del plazo para deducir pretensiones, es decir, dentro de los sesenta días contados a partir del siguiente al de la notificación del acto que agota la vía administrativa, art. 25 letra a) LJCA. En similares términos, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha establecido que tiene particular importancia el requisito del agotamiento de la vía administrativa respecto al plazo para interponer la demanda contencioso administrativo, en razón de que el mismo se cuenta a partir de la fecha en que se hizo saber al administrado el acto con el cual se agotó la vía administrativa previa (Sentencia, Ref. 446-2012, de fecha nueve de febrero de dos mil quince).

En consecuencia, la regulación normativa que impone el previo agotamiento de la vía administrativa como presupuesto procesal de admisibilidad, en modo alguno constituye una limitación al derecho de acceso a la jurisdicción de la demandante, en la medida que la LJCA brinda un período razonable de sesenta días hábiles para ejercer la acción contenciosa, una vez agotada la vía administrativa. Concluido dicho plazo, el cual reviste un carácter fatal y perentorio, cualquier ulterior impugnación ante esta jurisdicción debe ser declarada improponible. Entendiéndose que el derecho a la protección jurisdiccional reconocido en el Art. 2 de la Constitución de la República, en adelante Cn, implica la posibilidad que tiene todo ciudadano de acceder a los órganos jurisdiccionales para que estos se pronuncien sobre la pretensión formulada, lo cual deberá efectuarse conforme a las normas procesales y procedimientos previstos por las leyes respectivas, tal como la Sala de lo Constitucional lo ha sostenido (Sentencia, ref. 82-2012, de fecha trece de marzo de dos mil quince).” 

CON LA IMPUGNACIÓN DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO LA PRETENSIÓN QUEDARÍA EXCLUIDA DEL CONOCIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, POR NO HABERSE AGOTADO LA VÍA ADMINISTRATIVA

“IV. Del análisis antes expuesto, es posible concluir que, siendo el acto administrativo que se está impugnado, el despido de la demandada, contenido en Acuerdo número tres, del Acta número seis, de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, emitido por la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CHAPARRASTIQUE, éste debe ser revisado previamente en sede administrativa, de acuerdo al procedimiento administrativo previsto en el art. 75 LCAM, lo cual no ha sido acreditado en el escrito de demanda y sus anexos, ni tampoco en el escrito por medio del cual ha subsanado prevenciones.

De esta forma, con la impugnación directa que se hace de dicho acto, la pretensión deducida quedaría excluida del conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, por no haberse agotado la vía administrativa en los términos que establecen las Disposiciones Transitorias, según lo prescrito en los arts. 11 letra b) y 24 LJCA, y 2 de las Disposiciones Transitorias, en relación con los art. 75, 78 y 79 LCAM.”

LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA CONLLEVA LA DECLARATORIA DE IMPROPONIBILIDAD DE LA DEMANDA

“Esta imposibilidad del juzgador para conocer de las pretensiones de declarar nulo el acto administrativo de despido y reincorporar a su puesto de trabajo a la demandante, una vez concluidas las Diligencias de Nulidad de Despido e Indemnización, por contener éstas un defecto irremediable, es decir, insubsanable o insalvable, es la que nos ubica ante la improponibilidad, como consecuencia del control jurisdiccional que debe ejercerse en todo proceso judicial. Así, la ausencia de este requisito de procesabilidad, de conformidad con el art. 35 inc. 4 LJCA, impone que se declarare improponible la demanda, debiendo por tanto el juzgador emitir un pronunciamiento en ese sentido, quedándole expedito el derecho a la demandante de acudir ante el órgano competente, según el procedimiento administrativo correspondiente, a plantear su solicitud de nulidad de despido y recursos correspondientes, como acto previo para interponer su demanda ante esta jurisdicción, en tanto se encuentre dentro del plazo estipulado, tal como lo prevé el art. 75 LCAM.

En atención a lo anterior, es preciso advertir que, de lo expuesto por la demandante, en cuanto a que la plaza que ostentaba no gozaba de confianza patronal, se deduce que dicha servidora efectivamente forma parte de la carrera administrativa municipal, al no encontrarse su cargo, dentro de las exclusiones previstas en el art. 2 núm. 2 LCAM. Además, de lo establecido en la copia del Acuerdo Número Cuatro, contenido el Acta Número Uno de la AMC, de fecha dos de enero de dos mil dieciocho, adjuntado por la demandante a su escrito de demanda, se logra identificar la decisión de la Junta Directivo de dicha Asociación, de inscribir y por tanto incorporar a la señora QS, a la carrera administrativa municipal.

Lo anterior hace presumir que dicha servidora goza del derecho constitucional a la estabilidad en el cargo, e impone a aquella Asociación, la obligación de observar el procedimiento legalmente establecido en la LCAM para la imposición de cualquier sanción a la señora QS, independientemente de la causal aducida, por estar comprendida dicha servidora en la carrera administrativa municipal. La inobservancia de dicho procedimiento, habilita a la persona agraviada, a iniciar el procedimiento de nulidad de despido dispuesto en el art. 75 LCAM, supra indicado.

De forma expresa, la Sala de lo Constitucional ha establecido que “[e]n efecto, los jueces que conforme a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y la Ley Orgánica Judicial deben conocer de los procesos de nulidad de despedido son competentes para determinar, observando los parámetros que este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia al precisar el contenido del derecho a la estabilidad laboral reconocido en el art. 219 Cn., si el cargo desempeñado por el servidor público municipal despedido debe o no ser catalogado como de confianza y, por tanto, si la persona que lo ejerce es o no titular de dicho derecho” (Sentencia 82-2012 y 84-2012, de fecha trece de marzo de dos mil quince; y Auto, ref. 206-2016,  de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete).

Todo lo anterior no presupone que los derechos de la demandante no puedan ser protegidos, pues de llegar a configurar el acto que se pretende impugnar, alguna de las condiciones previstas en el art. 1 de las Disposiciones Transitorias, la servidora municipal agraviada podrá solicitar la revocatoria del acto administrativo ante la misma Administración pública, de conformidad al art. 3 de las Disposiciones Transitorias, e impugnar ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo resuelto en aquélla; asimismo, en caso de llegar a configurar dicho acto alguna vulneración a derechos constitucionales, la demandante podrá ejercer la acción correspondiente.

Finalmente, es preciso aclarar la improcedencia de declarar la incompetencia de este tribunal para conocer de la pretensión planteada, conforme a lo dispuesto en el art. 36 LJCA, ya que conocer de las actuaciones u omisiones de la Administración pública sujetas al Derecho administrativo, sí es parte de la competencia material de la jurisdicción contencioso administrativo; sin embargo, en el presente caso, estamos frente a un caso de actuaciones de la Administración pública, sujetas al Derecho administrativo, pero respecto de las cuales no se ha agotado la vía administrativa, lo que ubica al mismo ante un caso de exclusión de pretensiones, por la falta de requisitos de procesabilidad, derivados de la falta de agotamiento de la vía administrativa, de lo cual deviene la improponibilidad de la demanda, conforme lo dispuesto en los arts. 11 letra b), 24 y 35 inc. 4° LJCA, y 2 de las Disposiciones Transitorias.”