MEDIDAS CAUTELARES EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO SE ENMARCA DENTRO DE LA CATEGORÍA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, CUYA FUNCIÓN ES DETENER LA REALIZACIÓN DE ACTOS QUE, DE ALGUNA MANERA, IMPIDAN O DIFICULTEN LA EFECTIVA SATISFACCIÓN DE LA PRETENSIÓN

“La sociedad demandante solicita la suspensión del efecto de los actos administrativos impugnados; y previos a declarar la procedencia -o no- de dicha petición es necesario realizar las siguientes consideraciones:

Corresponde en este apartado examinar la posibilidad de decretar una medida precautoria, para lo cual, resulta necesario señalar que la suspensión de los efectos del acto impugnado se enmarca dentro de la categoría de las medidas cautelares, cuya función es detener la realización de actos que, de alguna manera, impidan o dificulten la efectiva satisfacción de la pretensión, la cual se lleva a cabo mediante una incidencia en la esfera jurídica del demandado o, incluso, de quien resulte beneficiado con el acto reclamado.

En este sentido, para decretar una medida precautoria es necesaria la concurrencia de presupuestos habilitantes: primero la apariencia de buen derecho -fumus boni iuris-, y el segundo el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso -periculum in mora-.

En relación a los presupuestos habilitantes que deben concurrir para el acceso a las medidas cautelares, estos deben ser alegados, expuestos y desarrollados por la parte solicitante, a fin de que en su conjunto, conduzcan a esta Sala, que el caso tiene mérito legal [al menos de manera indiciaria].

Por una parte, la apariencia fundada del derecho, su concurrencia en el caso concreto, se obtiene analizando los hechos alegados, junto con las restantes circunstancias que configuran la causa, lo que permite formular una respuesta jurisdiccional afirmativa a la viabilidad jurídica de estimar la pretensión, sin que ello signifique adelantar opinión alguna sobre el fondo de la cuestión controvertida.

1. En el presente proceso, se advierte de la lectura y análisis de la misma, el cumplimiento del primer presupuesto habilitante, es decir la apariencia de que el caso al menos de forma indiciaria tiene merito legal, en virtud, por una parte, de la invocación e una presunta vulneración a los derechos de audiencia, defensa y proceso constitucionalmente configurado en los procedimientos administrativos sancionatorios, que a su vez son manifestación del derecho a la protección jurisdiccional, así como de legalidad en materia administrativa sancionadora, específicamente la exigencia de observancia del principio de tipicidad, y finalmente al principio de propiedad; y por otra parte, de la exposición de circunstancias fácticas y jurídicas en las que se hace descansar aquella, concretamente las señaladas en el romano I de la presente resolución.”

IMPONER LA OBLIGACIÓN DE PAGAR MULTA, Y ORDENAR DESINSTALAR Y RETIRAR ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANTENA, LO QUE GENERA IMPORTANTE COSTO A LA DEMANDANTE, CONSTITUYENDO UN DAÑO IRREMEDIABLE, DE IMPOSIBLE EFECTO RESTITUTORIO

2. “En relación al otro presupuesto -peligro en la demora-, consistente en el temor fundado de que el derecho pretendido se frustre o sufra un menoscabo durante la sustanciación del presente proceso tendiente a tutelarlo, es decir, «el estado de peligro en el cual se encuentra el derecho principal junto a la posibilidad y certidumbre de que la actuación normal del Derecho llegará tarde». [Yedro, Jorgelina. Ensayo sobre medidas cautelares contra el Estado, contenido en Medidas Cautelares, Tomo1. Rubinzal - Culzoni. Buenos Aires. 2014, pp. 389].

Con respecto al presente caso, este Tribunal considera que la solicitante, aporta suficientes razones, que conducen a la verificación de dicho presupuesto procesal habilitante, necesario para que esta Sala pueda otorgar la medida precautoria solicitada; pues según expresa se le impone la obligación de pagar una multa, y la orden de desinstalar y retirar estructura de soporte y antena, lo que genera importante costo a la demandante, constituyendo un daño irremediable, de imposible efecto restitutorio, en tanto que no sería susceptible que las cosas vuelvan al estado anterior, pues materializada la desinstalación de la infraestructura y la remoción de la estructura soporte de ésta, que se pretenda un retorno al estado previo de las cosas, supondría imponer a PERSONAL nuevas cargas económicas, ya que sería necesario que realizara una nueva inversión para instalar nuevamente la antena.

En ese sentido, es evidente que los actos administrativos impugnados, pondrían en peligro la esfera jurídica de la sociedad demandante, por lo que deben tomarse las medidas legales correspondientes para evitar que las presuntas trasgresiones legales continúen.

3. Por otra parte, el artículo 18 de la LJCA limita que se otorgue la suspensión provisional del acto administrativo, si de la ponderación de los intereses subjetivos del particular versus los intereses sociales, se ocasionare o pudiere ocasionar un peligro de trastorno grave al orden público. No obstante, por la naturaleza de los actos impugnados, se verifica que en nada afecta los intereses sociales o el orden público.

En consecuencia, cumpliéndose los presupuestos habilitantes para decretar las medidas precautorias, resulta procedente ordenar a las autoridades demandadas que mientras se tramita el presente proceso, no se exija a la sociedad demandante el pago de la multa impuesta, ni la desinstalación y retiro de la estructura de soporte y antena, ordenados en los actos administrativos impugnados.”