TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION ILEGAL o IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO
IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA
"1.- La discusión versa sobre una probable inobservancia de las reglas
que rigen la valoración de la prueba, ya que a criterio delos impetrantes los
medios de prueba conocidos en juicio son suficientes para tener por acreditado
el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas
de fuego, y por ende, la atribución de responsabilidad penal del procesado.
El examen de valoración de la prueba significa realizar una
conexión o vínculo de la información obtenida en el proceso con las distintas
hipótesis que se le presenten al juez por medio de las partes, todo en aras de
confirmar o desestimar el cuadro fáctico que le ha sido presentado.
Por ello, de la actividad probatoria
desenvuelta frente al juzgador es que se configuraran los argumentos judiciales
acerca de la construcción de verdad procesal que necesariamente apuntaran a una
razón suficiente en relación a los hechos objeto de controversia.
El principio de razón suficiente establece
que todo juicio o conclusión o razonamiento debe estar cimentado en una razón o
motivo que la justifique.
Bajo los términos de la Sala de lo
Penal, el establecimiento de una razón suficiente es producto de un proceso que
se rige por las leyes de la lógica:”(Sic) A través de
la fundamentación se demuestra que ha llegado a una convicción, se apara
condenar o para absolver. Se entiende por derivación de los pensamientos cuando
uno proviene del otro y así se forme una concatenada sucesión de reflexiones.
De ésta, se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual todo
juicio, para ser realmente verdadero, necesita de un argumento suficiente
que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con la pretensión de que
sea verdad. En definitiva, la sentencia
constituye una unidad lógica jurídica, en cuya parte dispositiva, es decir,
la conclusión, se debe verificar un análisis derivado de los presupuestos
fácticos y normativos enunciados. (Sic)” (Sentencia de las nueve horas y cuarenta minutos
del día veintinueve de julio de dos mil once, Ref. 479-CAS-2009).
En consecuencia, para
confirmar la inobservancia a las reglas de la sana crítica aludida en el
escrito de apelación, es imperioso verificar si a partir de los medios de
prueba es viable hacer inferencias válidas que permitan concluir que el [...] es responsable del hecho
atribuido."
DIFERENCIAS CON LA TENENCIA, PORTACIÓN Y CONDUCCIÓN
"2.-Los medios probatorios incorporados al juicio fueron los siguientes:
[...] Según las críticas de los apelantes, la juzgadora ha valorado de manera parcial la prueba, en razón que existen aspectos importantes de la prueba que no fueron tomados en cuenta, y que determinarían que no existe vulneración a la cadena de custodia, tal como se afirma en los motivos de absolución dados por el Tribunal.
Para poder tener por
establecido algún tipo de responsabilidad para el imputado, es necesaria la
comprobación de la conducta objeto de reproche penal realizada por el sujeto
activo, mediante un análisis sobre el supuesto de
hecho del tipo penal en mención.
En primer lugar, en lo referido a la
calificación de los hechos descritos, el Código Penal, en el inciso 1 literal a)
del art. 346-B, prescribe lo siguiente:
TENENCIA, PORTACION O CONDUCCION ILEGAL o IRRESPONSABLE
DE ARMAS DE FUEGO
Artículo
346-B Código Penal. “Será sancionado con
prisión de tres a cinco años, el que realizare cualquiera de las conductas
siguientes: a) El que tuviere, portare o condujere un arma de fuego sin
licencia para su uso o matrícula correspondiente de la autoridad competente (…)”.
De acuerdo a los términos de la Ley de Control y Regulación de Armas Municiones Explosivos y Artículos Similares, puede hacerse una diferenciación entre tenencia, portación y conducción.
El primero se refiere a la posesión que una persona
ejerce sobre un arma de fuego con facultad para tenerla aprovisionada, cargada
y lista para su uso.
La conducción es el transporte de un arma de fuego
debidamente descargada y desprovisionada.
La
portación es la facultad otorgada a una persona para llevar consigo un arma de
fuego, aprovisionada, cargada y lista para su uso.
El
núcleo de la sanción penal no es la tenencia o portación de arma de fuego en
sí, sino que ello se realice sin que se tenga autorización por parte del Estado para portar o tener el arma de
fuego o que esta no esté registrada."
LESIVIDAD AL BIEN JURÍDICO PAZ PÚBLICA SE DETERMINA CON LA POSESIÓN DEL ARMA DE FUEGO TOTALMENTE FUNCIONAL SIN LICENCIA Y MATRÍCULA
"No
debe perderse de vista la naturaleza del bien jurídico tutelado por la norma;
así en virtud de la paz pública se busca tutelar también la vida y la
integridad física, y bajo tal contexto, la licencia para portar armas y
matricula de las mismas, son exigencias que ha establecido el Estado a los
ciudadanos, con la finalidad de ejercer control tanto de los sujetos portadores
como de los artefactos mismos, dada la peligrosidad que detentan las armas de
fuego.
De
acuerdo a la ley de control y regulación
de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares (LCRAFMEAS),
una persona que pretende obtener una licencia para portar armas de fuego, debe
reunir determinados requisitos, dentro de los que se encuentran someterse a
exámenes y pruebas de manejo del arma de fuego, lo que se traduce en la
seguridad y prudencia en el manejo de un arma de este tipo.
Por ello, el manejo adecuado de un arma de fuego es la
circunstancia que el Estado acredita al emitir una licencia para portación de
armas, y una licencia de registro del arma que estará en uso de determinada
persona, satisfaciendo de dicha forma los requerimientos del legislador al condicionar la tenencia y portación a
parámetros de legalidad y legitimidad.
En
otras palabras, quien porta un arma
de fuego es el que debe demostrar que está autorizado por el Estado para
conservarla en su esfera de dominio y que el arma que porta se encuentra
debidamente está registrada, presentando a su efecto la correspondiente
licencia y matrícula, lo cual en el caso presente no ha sucedido, ya
que al momento de ser requisado el procesado [...] y habérsele
encontrado un arma de fuego, no presentó ni licencia para su portación ni
matrícula de la misma, siendo ello suficiente para colmar el tipo penal.
Para el caso, en el proceso se contó
con la valoración del testimonio uno de los agentes captores [...],
de cuya declaración la juez predicó su concordancia y coherencia con lo establecido en el acta de captura, y de la
que se expresa la detención del procesado en flagrancia por motivos de portar
un arma de fuego sin contar con ningún documento
–licencia o matrícula- que amparase la legítima posesión del arma de fuego que
se le encontró; asimismo,
su concordancia con la existencia de un
arma incautada que fue objeto de experticia balística de funcionamiento.
Jurisprudencia proveniente de la Sala de lo Penal de la Corte
Suprema de Justicia [Sentencia de Casación 223-CAS-2009, de fecha 13-X-2010]
exige que como presupuesto para acreditar la tipicidad de la acción será que se
le practique al arma de fuego una pericia de funcionamiento. Esto bajo el
entendido que solamente de esta manera el bien jurídico protegido se encontrará
en peligro; pues a contrario sensu, un
arma de fuego averiada constituye un medio inidóneo para lesionar el bien
jurídico Paz Pública.
De esta manera, la lesividad al bien jurídico Paz Pública de este ilícito se constituye por la concurrencia de dos vías: por el cumplimiento de los verbos rectores que implican alguna de las modalidades de posesión de un arma de fuego totalmente funcional establecidas en el primer inciso del art. 346-B Pn. –tener, portar o conducir-; y en el caso del literal “a)”, por ejercer su posesión sin la satisfacción de los requisitos de ley –tramitación de licencia y matrícula- como garantías que el Estado ha considerado para controlar el peligro que éstas significan.
Este supuesto se adecua al verbo
típico “portar”, pues la conducta
atribuida al imputado es la de llevar consigo en la vía pública un arma de
fuego aprovisionada y lista para su uso."
INFORME DE BALÍSTICA DE LA DIVISIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL NO NECESITA VALIDACIÓN DE LA DIVISIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA DE LA MISMA CORPORACIÓN
"3.- Sobre la falencia probatoria señalada por la juzgadora ante la
falta de acreditación del ente acusador del requisito de “la no autorización
del sindicado para portar o conducir armas de fuego”.
Consideran las infrascritas
que el criterio expuesto en la sentencia es en demasía rígido. En primer lugar
porque, si bien no corre agregado el informe del Ministerio de Defensa en el
cual se exprese que el sindicado [...] no tiene o carece de licencia
para portar armas de fuego y que el arma que se le incautó, así como el reporte
de matrícula del arma, él tampoco ni la defensa técnica ofertó dicha
documentación como prueba para ser exhibida en Vista Pública y zanjar toda duda
sobre este aspecto.
También, resulta innegable, la negligencia en la labor fiscal al
conformarse con aportar al proceso el mínimo de actividad probatoria; sin
embargo, la no acreditación de la falta de autorización para portar un arma de
fuego no puede supeditarse únicamente a la presentación de un informe, sino que
es un aspecto que es susceptible de ser subsanado a través de la apreciación
sistémica de la prueba agregada al proceso.
En razón de lo anterior, si procesalmente no se cuenta con el
informe emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, puede perfectamente
inferirse que el procesado no cuenta con licencia para uso de arma de fuego, ya
que obran en el proceso indicios sobre la inexistencia de la documentación que
amparase la portación legal del arma de fuego.
De esta manera, aunado a la no presentación de la documentación ya
mencionada por parte de los fiscales del caso ni de la defensa técnica–lo cual
es de por sí un indicio de su inexistencia-; se tiene incorporada al proceso el
resultado de análisis balístico de funcionalidad, realizado por la División de
Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil, en el que el perito consigna
información sobre la situación del arma y el imputado, constando que: el arma
de fuego marca Smith&Wesson se encuentra registrada a nombre del señor
[...], que no presenta reporte de robo o hurto, y
que se encuentra en buen estado de funcionamiento y apta para realizar
disparos.
Cabe mencionar, que contrario a lo expuesto por la juzgadora, el
análisis realizado al arma incautada al procesado, así como sus conclusiones si
cumple con los parámetros legales establecidos para su valoración formal y de
fondo, ya que fue ofrecido y admitido legalmente al proceso.
En amparo a la facultad valorativa que la ley da al
juzgador en el art. 179 CPP., de los medios de prueba lícitos, pertinentes y
útiles, es dable avocarse a la actividad pericial producida en juicio, en razón
que ésta es idónea para establecer entre otros aspectos la funcionalidad del
arma incautada, así también por haber sido practicada por un perito en la rama.
En cuanto a
la calidad del perito de la División de Armas y Municiones de la Policía
Nacional Civil, y el potencial probatorio del informe de balística, como uno de
los motivos de absolución dados por la A quo, quien lo califica como un acto de
investigación; se estima también como un exceso en su razonamiento, puesto que
conforme al art. 226 CPP, los peritos técnicos y especialistas de la Policía
Nacional Civil son peritos permanentes, de los que puede disponer el fiscal en
los actos urgentes de comprobación que no requieran autorización judicial.
Por tanto,
habiendo sido admitido y producido en juicio, el contenido del informe es
plenamente valorable.
Al respecto, es importante realizar una
acotación relativa a la utilidad y pertinencia de las diligencias de
investigación para con el juicio oral, ello como una
nota informativa en preponderancia al efecto nomofilático de las
resoluciones, que no es más que la vinculatoriedad del contenido jurídico de
una decisión para la aplicación correcta del derecho y la unificación de la
jurisprudencia.
Debido al cambio en la conformación
personal de la segunda integrante de esta Cámara, mediante resolución provista
a las doce horas con cinco
minutos del diecisiete de julio de dos mil quince [Apel. 173-2015-5(6)], se ha
desestimado dicho criterio de exclusión al haberse acogido la argumentación de
la la Sala de lo Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en la decisión referida a la Casación 136-CAS-2006 que indica:
“[E]n reiteradas sentencias
se ha plasmado que si bien es cierto las diligencias de investigación son de
utilidad para una fase inicial, también se ha establecido que la información
que contienen constituyen prueba documental, conforme al principio de libertad
probatoria prescrito en el Art. 162 Inc. 1°. Pr.Pn., siempre que hayan cumplido
con los requisitos legales (Vgr., el Art. 123 Pr.Pn., para las actas
policiales); es más, este despacho incluso es del pensamiento que si existe un
elemento probatorio que lo corrobore en la audiencia de Vista Pública, debe ser
valorado por el juzgador y no excluirse de la masa probatoria, puesto que se
trata de prueba documental prescrita en el Art. 330 No. 4 Pr.Pn .[…]
Y es que no pueden brindarse argumentos absolutos para excluir de
la valoración un conjunto de elementos por ser “diligencias de investigación”;
es preciso que el juez utilice las reglas de la sana crítica, para poder
justificar su decisión, estimando que todo documento producido cumpliendo los
requerimientos legales es procedente de valoración, de conformidad a los Arts.
330 No. 4 y 162 Inc. 1°, ambos Pr.Pn.” (Resaltado
del original) (Sentencia Definitiva de las 8:10 horas del 2 de marzo de 2011).
En razón de ello, esta
Cámara motivó un voto concurrente particular en el que se interpretó que de lo
dicho por el Tribunal superior en grado: “(Sic)
se extraen dos mandatos particulares. En primer lugar que no es factible negar
ni la valoración, ni la fuerza probatoria de las diligencias de investigación,
por el simple hecho de haber sido practicadas extrajudicialmente, por cuanto
las mismas pueden ser analizadas como prueba documental, en concordancia con su
naturaleza y con la conocida regla de libertad probatoria.
Un segundo aspecto es que la exclusión de prueba no puede ser
genérica y absoluta, por cuanto ello soslaya el deber de motivación requerido a
los jueces con base en el art. 144 CPP que en el caso de la prueba debe ser
específico, indicando en cada caso las razones por las cuales no formara parte
del acervo judicial a valorar para determinar la responsabilidad penal o no del
encausado.
Entonces, no es factible –
bajo el efecto nomofiláctico de la jurisprudencia penal de la Sala– negarle
valorabilidad a las diligencias de investigación (Sic).”
Dicho lo
anterior, y aclarada la utilidad del informe de balística de la División de
Armas y Municiones de la Policía Nacional Civil (que no requiere intervención
judicial), se llega al entendimiento que sus conclusiones no requieren una
posterior validación por la División Técnica y Científica de la misma
corporación.
En ese sentido, al ser incorporado como prueba pericial, el
contenido del acta en mención perfectamente puede ser valorada por el Tribunal
en integración con otros elementos de prueba que acrediten determinada verdad
procesal y por ende, tener por satisfecha la información referente a la
tenencia del arma.
A modo de conclusión entonces, se
tienen por establecidos los requisitos necesarios para determinar la lesividad
de la conducta atribuida al señor [...]: en primer lugar la portación de un arma
de fuego totalmente funcional; y en segundo lugar la matrícula vencida del arma
a nombre de otra persona, y la ausencia de licencia que legitime que el
procesado se ha sometido a los controles estatales que garanticen que se encuentra
facultado para portar un arma de fuego sin representar un peligro a la Paz
Pública."
INEXISTENCIA DE HOJAS DE EVIDENCIA O FORMULARIOS QUE DOCUMENTEN EL PROCEDIMIENTO LUEGO DE LA INCAUTACIÓN DE ARMA NO IMPLICA ROMPIMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA
"4-Según el argumento judicial, procesalmente se acreditó según la
prueba testifical así como del contenido del acta de captura que al imputado se
le encontró un arma de fuego de la que dijo no poseer documentación para
portarla, circunstancia que motivó su detención.
No obstante tal hallazgo, la juzgadora ha estimado que no le es
posible concluir que el arma incautada al procesado al momento de su detención
es la misma que fue objeto de análisis balístico, ya que no declaró en juicio
el agente policial que intervino o realizó la requisa al procesado, así
también, que no consta en el proceso una hoja de evidencias o formulario en el
que se documente cual fue el procedimiento a seguir después de la incautación
del arma, considerando que por ello existe duda acerca de la preservación de la
cadena de custodia.
Frente al criterio del
Tribunal corresponde retroalimentar que cuando se hace mención a la cadena de
custodia.
Es así que, se entiende por cadena de custodia, “el procedimiento encaminado a garantizar la
autenticidad de las evidencias, de tal manera que pueda establecerse con toda
certeza que las muestras, rastros u objetos sometidos a análisis periciales e
incorporados legalmente al proceso penal, a través de los diferentes medios de
prueba, son los mismos que se recolectaron en la escena del delito” (“Manual
Operativo para la Cadena de Custodia”, Tania Beatriz Montoya con Fiscalía
General de la República, Policía Nacional Civil y DPK Consulting; Tecnoimpresos
S.A., septiembre 2003, pag. 3).
El Código Procesal Penal la define así:
Art.
250. “La cadena de custodia es el conjunto de requisitos que, cuando sea
procedente, deben observarse para demostrar la autenticidad de los objetos y
documentos relacionados con un hecho delictivo” (resaltado suplido).
Jurisprudencialmente, se
concibe como “una serie de procedimientos de índole técnico y científico,
relacionados con la recolección, levantamiento y aseguramiento de los indicios
o la evidencia material de un suceso delictivo, el cual tiene por finalidad su
introducción válida al proceso, bien como prueba material o como elemento para
ser analizado y obtener de ellos datos científicos que permitan descubrir la
forma en que el ilícito se cometió o la participación de sus autores… (Sic)”.
(Sala de lo Penal, Fallo 262C2013, Sentencia de las quince horas y veintisiete
minutos del día catorce de mayo del año dos mil catorce).
La cadena de custodia, por ende, tiene el objetivo de
evitar que la evidencia sea alterada, contaminada o que se cometa un error en
la identificación de la misma, ya sea que se trate de sustancias, documentos o
cualquier otro elemento relacionado directa o indirectamente con el delito o
con circunstancias del mismo.
En ese sentido, en aras de garantizar el
procedimiento controlado de recolección de evidencias en la escena del delito,
en cuanto su ubicación, recolección embalaje y traslado, es necesario
desarrollar y cumplir con los siguientes requisitos: 1) Extracción o
recolección de la prueba, 2) preservación y embalaje de la prueba, 3)
transporte y traslado de la prueba, 4) traspaso de la misma para su análisis,
5) custodia y preservación final hasta que se realice el debate.
Para que
dicho vicio se configure, tendría que existir una infracción a ese
conjunto de requisitos, los cuales se encuentran desarrollados en el
art. 251 inciso 1° Pr. Pn. así:
“Las
personas que hayan tenido contacto con los objetos y documentos incautados o
recolectados registrarán toda la información necesaria para facilitar la
constatación de autenticidad de los mismos en las diferentes etapas de su
manejo o utilización, tales como recolección, embalaje, transporte, análisis y
custodia.”
De lo que se
desprende que, en lo que se refiere al procedimiento de aseguramiento de
evidencia, se cumple con la cadena de custodia registrando la información
necesaria para constatar la autenticidad de la evidencia.
En ese
sentido, la cadena de custodia aplicada sobre un objeto secuestrado o sustancia
incautada será legítimamente objeto de cuestionamiento únicamente cuando
se tengan indicios objetivos concretos que ha habido una modificación
injustificada de sus cualidades esenciales, o en la documentación
agregada para garantizar su integridad.
Para el caso, no basta solamente con señalar que no corre agregado un formulario que documente el manejo policial de la evidencia, sino que debe concretarse de qué manera se ha alterado a su criterio el procedimiento de aseguramiento de la evidencia; es decir, del arma de fuego.
Ese proceso de verificación del resguardo de la evidencia
puede concatenarse del contenido del acta de captura y del análisis balístico
del arma realizado por la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional
Civil, en corroboración de lo declarado por el agente policial.
Así se puede advertir lo siguiente:
- En el acta de captura que corre agregado a folios 8, se
consignó en la parte final:
“[…] en calidad de
incautación se deja un arma de tipo revólver, calibre treinta y ocho especial,
sin marca y serie borrosa, pavón deteriorado cacha de madera color café, cañón
aproximadamente cinco pulgadas y seis cartuchos para la misma…” (Sic)
Luego, en su declaración en
juicio, el agente [...], en cuanto a la forma en la que se dio la incautación
del arma, esencialmente dijo:
[...]
Finalmente consta a folios [...]del expediente judicial,
en informe de balística y funcionamiento del arma suscrito por el perito [...] cuyo contenido expone:
[...]
De la información incorporada al proceso no existe
ninguna circunstancia que indique un mal manejo o manipulación de la evidencia
encontrada; también se advierte que a pesar que el momento de su incautación el
arma no pudo ser identificada por su número de serie, ello fue solventado
mediante el peritaje realizado, dato que lejos de generar duda en cuanto al
objeto sobre el que recayó la pericia, fue idóneo para aclarar sus característica
y su situación registral en el Ministerio de Defensa Nacional."
PROCEDE LA NULIDAD DEL FALLO ABSOLUTORIO ANTE LA ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA
"5.-La motivación de las resoluciones
supone una exigencia constitucional y legal que debe cumplir todo juez, que
consiste en la expresión de juicios lógicos y jurídicos a partir de los antecedentes
de hecho y de derecho del caso, y que abonan a la construcción de la decisión
judicial, que necesariamente versará y surtirá sus efectos sobre el objeto
sometido a su conocimiento, logrando así justificar el contenido de la
sentencia definitiva.
Acerca del deber de motivación, la Sala de lo
Constitucional ha indicado que este:”[D]eriva de los derechos a la seguridad jurídica y defensa,
contenidos respectivamente en los artículos 2 y 12 de la Constitución; así,
conforme a estas disposiciones, toda autoridad en garantía a la seguridad
jurídica y derecho de defensa se encuentra obligada a motivar sus resoluciones,
a fin de que la persona conozca los motivos considerados para proveer la
decisión, y pueda defenderse utilizando los medios impugnativos previstos por
la ley, si se encuentra inconforme con la resolución” (Sentencia Definitiva del proceso de Habeas Corpus
106-2009, de las 13:40 horas del 17/9/2010).
El Art. 144 Pr.Pn. expresa:
“Es obligación del juez o tribunal fundamentar las
sentencias, los autos y aquellas providencias que lo ameriten. Igual obligación
tendrán cuando tomen sus decisiones en
audiencia.
La fundamentación expresará
con precisión los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones
tomadas, en todo caso se expresarán las razones de la admisión o no de las
pruebas, así como la indicación del valor que se le otorgue a las que se hayan
producido.
La simple relación de los
documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes
no sustituirán en ningún caso a la fundamentación.
La falta de fundamentación producirá la nulidad de las
decisiones” (Sic).
En otras palabras, la motivación es la exteriorización
del proceso mental que ha conducido al juzgador a una determinada decisión, del
cual nace el control de la logicidad de sus afirmaciones.
De acuerdo a su definición, una motivación correcta debe
gozar de las siguientes características:
- Convincente
para con los actores del proceso, en virtud que justifica su decisión mediante
su contenido que debe comprender los motivos, principios normativos y valores
en que se sustenta.
- No arbitraria,
en tanto que al plasmar sus razones para decidir un asunto de determinada
forma, legitima el ejercicio de su función jurisdiccional.
- Coherente,
ya que debe existir correspondencia entre las partes de la que se encuentra
compuesta, lo cual apunta al respeto de las leyes de la lógica y sentido común.
- Suficiente,
la cual no tiene que ver con su extensión, sino en la incorporación de datos
necesarios para que resulte entendible.
- Clara, lo que comporta que su contenido sea accesible al público de
cualquier nivel cultural, dado que el relato de las afirmaciones del juzgador
deberían ser sencillas, ordenadas y fluidas.
Al evaluar el razonamiento judicial, no se ha realizado una
valoración integral de la prueba conocida en juicio, ya que de las conclusiones
que se extraen de la actividad probatoria no es posible fundar un fallo de tipo
absolutorio.
Como ya se dijo, conforme al art. 179 CPP., el juez tiene el mandado imperativo
de valorar en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana las pruebas
lícitas, pertinentes y útiles que hubiesen sido admitidas y producidas en el
juicio oral; ante ello, y revisados los argumentos del Tribunal, éstos no
cumplen con
los requisitos de coherente y suficiencia mencionados en párrafos anteriores.
Ergo, luego del análisis de los elementos de prueba, con base en las
reglas de la Lógica y la Experiencia Común, se torna imperativo acoger en el
presente caso una violación a las reglas de la sana crítica, por lo que es
necesario determinar las consecuencias que el recibo de la queja genera.
Como ya se relacionó al inicio de esta resolución, conforme al
art. 475 Pr.Pn., se colige que las facultades que poseen las Cámaras de Segunda
Instancia en el marco de un recurso de apelación contra sentencias definitivas
(confirmar, reformar y anular la sentencia recurrida), estarán en función de
algunas variables tales como: los puntos de agravio expuestos por el recurrente
y lo expresado por la contraparte en la contestación del recurso, el tipo de
motivo alegado, tipo de sentencia (absolutoria o condenatoria), la pretensión
del recurrente, y en algunos casos el tipo de prueba que desfiló en la vista
pública.
Aunque los arts. 472 y 474 Pr. Pn. determinan que en una apelación
de sentencia definitiva es posible discutir la valoración de la prueba, debe
ello tomar en cuenta el respeto a los principios del Juicio Oral, entre los
que cabe mencionar el de inmediación.
De ello se evidencia la necesidad de que la apelación posibilita
una revisión integral, incluyendo una nueva valoración de la prueba que debe
realizarse en condiciones similares a aquellas que imperaban en el tribunal de
primera instancia. Aunque los Arts. 472 y 474 Pr. Pn. regulan la posibilidad de
valorar nuevamente la prueba en la resolución de un recurso de apelación, se
requiere que tal ejercicio suceda en un marco de respeto a los principios del
juicio oral, entre los que cabe mencionar el de inmediación.
Durante el trámite del recurso el
tribunal de alzada necesariamente habrá de ejercer un control que requerirá
tomar como premisa las pruebas – incluyendo las personales – y analizarlas a
efecto de acoger o rechazar la pretensión del recurrente.
Pero cuando se trate de sentencias
absolutorias, como en el caso de mérito, la regla general es que el tribunal de
apelación no puede revocar la absolución sobre la base de esta segunda valoración de pruebas personales
que no recibió directamente.
El tribunal de apelación se ve
constreñido en esos supuestos, a evidenciar el aparente error de valoración del
sentenciador, pero no puede sustituir la absolución por una condena sin recibir
directamente esa prueba personal, tan siquiera utilizando como sucedáneo el
archivo audiovisual de la vista pública.
IV.- CONCLUSIONES.
Ante la restricción que tiene el tribunal de alzada respecto de
las decisiones a las que puede dar lugar un segundo análisis de prueba
personal, se evidencia la dificultad de revocar un fallo absolutorio y dictar
uno condenatorio.
Dadas las limitaciones que se imponen al análisis de pruebas
personales sin inmediación material por parte del tribunal de alzada (lo que
implica analizar aspectos relativos no solamente a la credibilidad objetiva
como se hizo previamente sino también a controlar aspectos relacionados con la
credibilidad subjetiva, en el presente caso no se puede dictar una resolución
de fondo contraria a la absolución.
Ante tales reparos, la solución que procede frente a una errónea
valoración de la prueba, que culminó en una sentencia definitiva absolutoria,
es la declaratoria de nulidad de la sentencia impugnada así como de la Vista
Pública que la originó.
Ello provocará su “reenvio
completo” para que un tribunal diferente realice nuevamente el juicio y
dicte la sentencia que corresponda."