RECURSO DE CASACIÓN

IMPROCEDENCIA CUANDO EL RECURRENTE PRETENDE IMPUGNAR LO DICTAMINADO EN PRIMERA INSTANCIA

“2.-“INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DIRECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL PROCESO AL OMITIR LA FASE SANADORA YA QUE NO SE ESTABLECIÓ EL EXAMEN DE DEFECTOS ALEGADOS POR LA PARTE DEMANDADA E INOBSERVANCIA DE LA DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE GRABAR LA AUDIENCIA. ART 115, 106 INC 2 Y 218 Ley Procesal de Familia RELACIONADOS CON los Art 298 Y 299 del Código Procesal Civil y Mercantil” (sic).

Afirma, que el proceso de familia establecido en la Ley Procesal de Familia debe ser complementado, aplicando supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, de conformidad con los artículos 218 Ley Procesal de Familia y 20 Código Procesal Civil y Mercantil.

En ese sentido, sostiene el impetrante, que la parte actora incurrió en un error al iniciar el proceso de indemnización por una vía procesal desordenada de la ley y que durante la tramitación del proceso, su mandante, el señor […], se allanó en la contestación de la demanda respecto de aceptar y reconocer voluntariamente la paternidad sobre su hijo; en este aspecto, afirma, que la Jueza de Familia no mandó inmediatamente a inscribir la partida de nacimiento del niño [...] y requirió de más formalidades a su representado, entorpeciendo y dilatando sin ninguna justificación el reconocimiento voluntario.

También manifiesta el impetrante, que durante la celebración de la audiencia de sentencia, no se hizo alusión a las partes, sobre si ésta iba o no a ser grabada, generando en primer lugar incertidumbre respecto de lo sucedido en la audiencia, y posibilitando que la sentencia le sea entregada en día diferente a que fue emitida, por la razón que aún se estaba modificando, no obstante que todas las partes y testigos la habían firmado. Asimismo señala, que se ha omitido en toda la audiencia de sentencia la denuncia y examen de los defectos alegados por su representación, es decir, se omitió la fase saneadora de las excepciones perentorias de las pretensiones accesorias del proceso. Y con ello, a su juicio, se indica que la Jueza de Familia, no tenía intención alguna de debatir las excepciones perentorias, pues la decisión sobre las mismas estaba previamente determinada mucho antes de la celebración de la audiencia de sentencia, por razones subjetivas, y un esquema mental determinado en contra del demandado con el criterio “pro- mujer”.

Aunado a ello señala, que la principal diferencia en materia civil y mercantil y el área de familia, es que en la civil y mercantil, esta fase saneadora se aborda en la audiencia preparatoria y en familia, ésta se da en audiencia de sentencia. Esta diferencia no se opone a la regla de supletoriedad establecida en el artículo 218 de la Ley Procesal de Familia, así que a su criterio, debe ser complementada dicha fase saneadora, con la disposición invocada en el Código Procesal Civil Mercantil.

Al respecto, esta Sala advierte que en casación el objeto de control es únicamente sobre lo resuelto por la Cámara Ad quem, por lo cual lo dictaminado por el Juez de Primera Instancia, queda fuera de la esfera de control de este recurso extraordinario, siendo por ello improcedente, en cuanto a este motivo.

3.- “INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN E INOBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL AL NO TRASLADAR A LA PARTE CONTRARIA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS OBJETADAS POR LA PARTE CONTRARIA ANTES DE RESOLVER LAS OBJECIONES. (ART 4 CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL Y ART 3 LITERAL “E” Y 218 Ley Procesal de Familia)” (sic).

El recurrente señala, que el proceso de familia debe ser complementado, aplicando supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, de conformidad con los artículos 218 Ley Procesal de familia y 20 Código Procesal Civil y Mercantil. Así, afirma, que las reglas que rigen el desarrollo de los interrogatorios, contrainterrogatorios, objeciones y preguntas de aclaración de Juez, deben dirigirse de conformidad con lo establecido en la Ley Procesal de Familia y complementado supletoriamente con el Código Procesal Civil y Mercantil.

Expresa, que las objeciones de procedencia, están determinadas por el Código Procesal Civil y Mercantil, debido a que este aspecto no está abordado en la Ley Procesal de Familia, y éstas deben de ser oportunas, específicas y fundamentadas. En el proceso, afirma, que durante el desarrollo de la audiencia, reiteradamente la Jueza omitía correr traslado a la parte contraria para defender las preguntas objetadas vulnerando así el principio de defensa y contradicción.

En cuanto a este motivo, esta Sala también advierte que el concepto de la infracción que señala el recurrente, trata sobre lo resuelto por la Jueza A quo, lo cual no es objeto de control del recurso de casación, siendo únicamente lo resuelto por la Cámara Ad quem, lo que es susceptible de conocerse en este medio impugnativo. Por lo cual, es improcedente el recurso en este punto.

4.-“ERRONEA APLICACION DE UN PRECEPTO LEGAL RESPECTO DE LA VALORACION DE LA PRUEBA POR FALTA DE CREDIBILIDAD DEL TESTIGO G. M. A. A. ART 356 CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, EN RELACIÓN CON EL 218 Ley Procesal de Familia”(sic).

Afirma el impetrante, que la Ley Procesal de Familia tampoco hace alusión a la impugnación de la credibilidad de los testigos, por lo tanto dichas disposiciones deben de ser aplicadas supletoriamente con los preceptos del Código Procesal Civil y Mercantil. Desde este punto de vista, a su juicio, con la práctica de la prueba testimonial, es válido para las partes ejercer preguntas en el interrogatorio directo o en el contrainterrogatorio, que tiendan a evaluar la credibilidad del testigo ante una posible parcialidad.

En tal sentido, sostiene, que en el proceso, la Jueza de Familia ha inobservado las disposiciones relativas a la credibilidad del testigo establecidos en el 356 Código Procesal Civil y Mercantil y fue inobservado el comportamiento del testigo “G. M. A. A.”, cuando fue contrainterrogado manifestando que era pastor y que debido al problema que surgió, él personalmente se vio afectado pues, 8 ó 9 miembros activos y que diezmaban de su iglesia se retiraron, perjudicándole económicamente, y más aún cuando de la indemnización que posiblemente recibirían los demandantes, podría ver incrementado su diezmo, limosnas, ofrendas, debido a que la señora [...], es miembro activo de la iglesia donde es Pastor.

Así, manifiesta el impetrante, que estos aspectos no fueron tomados en cuenta a la hora de hacer la valoración de la prueba, en una clara inobservancia de los criterios para establecer la credibilidad del testigo antes mencionado, y más aun cuando muchos de los datos aportados al proceso no le constan de vistas y oídas sino de rumores o dichos.

Al igual que los anteriores dos motivos, esta Sala advierte que lo relatado en el concepto de la infracción, va encaminado a señalar la inconformidad de la parte recurrente respecto de la valoración probatoria del Juzgado de Familia, quedando imposibilitada esta Sala de conocer sobre este punto de la impugnación, por no ser objeto de control del recurso de casación, únicamente lo es lo actuado por la Cámara sentenciadora, siendo en consecuencia improcedente este motivo.

5-“ERRÓNEA APLICACIÓN DE LAS FACULTADES DEL JUEZ EN EL INTERROGATORIO ACLARATORIO. Artículos 369 Código Procesal Civil y Mercantil Y Artículos 117 inciso 3 Y 218 Ley Procesal de Familia” (sic).

En lo medular, el impetrante señala que la Ley Procesal de Familia, no hace alusión a las facultades del juez para hacer preguntas aclaratorias a los testigos, por lo tanto debe de ser aplicado supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil; sostiene, que en nuestra Ley Procesal de Familia, el juez podrá hacer preguntas, de conformidad con el artículo 117 Ley Procesal de Familia. Sin embargo, el tiempo y forma en que se hacen los interrogatorios, no están definidos en dicha ley, ni mucho menos los límites a sus interrogatorios.

En tal sentido, expresa que esta disposición no puede, ni debe ser interpretada literalmente, porque daría amplias y absolutas facultades a los Jueces de Familia para interrogar, que llevan en un momento determinado, a convertirse en Juez y Parte Técnica a la vez; y que es por ello, que están delimitadas· y previamente establecidas, las circunstancias, momentos, formas y limitaciones a los interrogatorios, contrainterrogatorios y las preguntas aclaratorias.

Así, apunta, que en los artículos 356 y 357 del Código Procesal Civil y Mercantil, las materias relacionadas al interrogatorio y contrainterrogatorio, estos son desarrollados por las partes procesales, es decir Abogados de las partes demandante y demandado; y por supuesto, entra en esta categoría el Procurador de Familia. Sin embargo, las preguntas hechas por el Juez se encuentran enmarcadas y aun más limitadas.

A su juicio, la Jueza de Familia ha sobrepasado en todos los interrogatorios su facultad de establecer preguntas aclaratorias en todas cada una de sus intervenciones. La Jueza, más que hacer preguntas aclaratorias, guardando su deber de imparcialidad, -a su criterio- se dedicó a hacerles la tarea a los dos Abogados demandantes que intervinieron en la audiencia.

En tal virtud, apunta el impugnante, que en reiteradas ocasiones se interpusieron recursos de revocatoria, sobre la decisión de no admitir las objeciones a las preguntas aclaratorias de la Jueza, pero éstos no fueron incorporados en la sentencia como oportunamente las estableció, debido a que posiblemente el acta fue modificada y no existe soporte audiovisual de la celebración de la audiencia, circunstancia que es imputable a la Jueza por no dirigir ni ordenar correctamente la audiencia de sentencia y no entregar en el tiempo correcto el fallo y sentencia; sin embargo, sostiene, que al menos sí fueron establecidos en el acta algunos de los argumentos de la revocatoria que se sometió en el fallo.

Por todo esto, manifiesta el impetrante, que hay una errónea aplicación de las preguntas aclaratorias, en el interrogatorio de la Jueza, de conformidad con los artículos 369 Código Procesal Civil y Mercantil, 117 inciso 3° y 218 de la Ley Procesal de Familia.

Al respecto, esta Sala advierte que el concepto de la infracción que señala el abogado recurrente, está dirigido a señalar un supuesto yerro de la Jueza de Primera Instancia, siendo ello, materia excluida del recurso de casación, pues este medio de impugnación tiene como objeto controlar la legalidad de lo resuelto por el Tribunal de Segunda Instancia, tal como ya dijo en párrafos precedentes, siendo en consecuencia improcedente el recurso por este motivo.

IMPROCEDENCIA CONTRA SENTENCIAS QUE RECAEN SOBRE ALIMENTOS

“6.- “ERRÓNEA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE PROPORCIONALIDAD RESPECTO DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL PADRE COMO OBLIGADO A DAR LA CUOTA DE ALIMENTOS. 254 CÓDIGO DE FAMILIA” (sic).

Expresa el impugnante, que otro de los puntos que fue erróneamente aplicado por la Jueza de Familia, es lo relacionado a la proporcionalidad respecto de la capacidad económica del padre, como obligado a dar la cuota de alimentos, pues en el proceso la única prueba que determinó tal capacidad fue la constancia de empleo y la declaración de ingresos y egresos.

En cuanto a este motivo, en razón que todo lo que versa sobre alimentos no causa estado de cosa juzgada material, el recurso en este punto deviene en improcedente, ello de conformidad al artículo 520 del Código Procesal Civil y Mercantil, que manda a rechazar esta impugnación cuando se interponga contra una resolución que no produzca efectos de cosa juzgada en sentido material.

Así, esta Sala ha sostenido que las sentencias pronunciadas en los procesos señalados en el artículo 83 de la Ley Procesal de Familia, sólo quedan ejecutoriadas en sentido formal, es decir, que no causan autoridad de cosa juzgada material, quedando excluidas del control casacional.”