INCOSNTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN
OBJETO
DEL PROCESO CONSTITUCIONAL
"1. A. Como lo ha
reiterado la jurisprudencia de esta Sala -verbigracia, auto de 11-I-2016,
Inc.
6-2016– el proceso de inconstitucionalidad tiene por objeto realizar un
análisis sobre la estimación o no de una pretensión de inconstitucionalidad, la
cual consiste en un alegato sobre la supuesta contradicción entre una
disposición o acto identificado como objeto de control, y una disposición
constitucional propuesta como parámetro."
REQUISITOS
"B. Lo anterior implica-en coherencia con los requisitos
establecidos en el art. 6 ords. 2° y 3|°" L.Pr.Cn. – que una pretensión de
inconstitucionalidad debe contener un
fundamento jurídico, que se
constituye con el señalamiento preciso de las disposiciones impugnadas y con la
proposición de los respectivos parámetros de control, así como de fundamento material, que conlleva dotar de contenido
normativo a las disposiciones en contradicción y, además, aportar los
argumentos suficientes que evidencien dicha inconsistencia normativa.
De tal forma,
la configuración del citado contraste normativo supone establecer,
precisamente, el contenido
preceptivo de las disposiciones en pugna."
DISPOSICIÓN Y
NORMA
"Para clarificar en qué consiste lo anterior es
oportuno mencionar la distinción entre disposición y norma; entendiendo por disposiciones los enunciados
lingüísticos prescriptivos producidos
por los entes con potestades normativas, mientras que las normas son los mandatos jurídicos
que se derivan de la interpretación de las primeras."
ACTOR DEBE DELIMITAR EL OBJETO DE CONTROL
"En ese
sentido, la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que corresponde al actor delimitar el
objeto de control, tanto en su manifestación lingüística prescriptiva –la
disposición–, como el contenido normativo deducido de dicho objeto –la norma-. De esta manera, la pretensión de
inconstitucionalidad se construye a partir de las disposiciones
–secundarias y constitucionales–, pero se entabla
contrastando las normas de ambas –resultados interpretativos – (auto de
14-XII-2012, Inc. 48-2012)."
NECESARIO QUE CONTRASTE NORMATIVO PROPUESTO SOBRE CADA OBJETO DE CONTROL Y SU RESPECTIVO PARÁMETRO, SE ESTABLEZCA DE MANERA AUTÓNOMA Y PLENAMENTE DIFERENCIABLE
"2. De igual forma, es necesario que el contraste normativo
propuesto sobre cada objeto de control --y su respectivo parámetro- se
establezca de manera autónoma y plenamente diferenciable.
Así, si la argumentación esbozada postula la violación de
una disposición constitucional por la supuesta violación a otra, tales vulneraciones han de
referirse de manera que ambas no dependan mutuamente; pues, de lo contrario, la
fundamentación sería tautológica, y encerraría un círculo vicioso que, a su
vez, imposibilitaría el conocimiento del asunto --auto de 14-X-2010, Inc.
11-2010–."
DEFINICIÓN
"2. En lo
concerniente a la inconstitucionalidad por omisión, de acuerdo con la
jurisprudencia de este tribunal, tal supuesto consiste en la falta de cumplimiento, por parte de
los órganos con potestades normativas, de los mandatos constitucionales para el
desarrollo obligatorio de ciertos temas o asuntos, en la medida en que ese
incumplimiento exceda un plazo) razonable y
obstaculice con ello la aplicación eficaz de la Constitución –sentencia de 26-I- 2011, Inc.
37-2004–."
APORTACIONES Y ELEMENTOS QUE DEBE CUMPLIR O DAR
EL PETICIONARIO PARA QUE SE DE TRÁMITE A UNA SOLICITUD DE ESTE TIPO DE
INCONSTITUCIONALIDADES
"Entonces, para que se le dé trámite a una solicitud de tal
naturaleza, el peticionario deberá aportar argumentos que muestren que no se
trata de una simple negativa de hacer por parte del legislador; significa no
hacer aquello a lo que, de Forma concreta, está constitucionalmente obligado.
Con esta definición, se puede verificar que la inconstitucionalidad por omisión
debe conectarse con una exigencia constitucional concreta de acción.
En ese sentido,
se conjugan estos elementos trascendentales para determinar que se está en
presencia de una inconstitucionalidad por omisión: (i) la existencia de una
orden concreta, específica e ineludible de producción normativa
infraconstitucional de desarrollo; (ii) la falta de desarrollo legislativo y
(iii) la ineficacia de las disposiciones constitucionales concernidas
(sentencia de 15-II-2012, Inc. 66-2005)."
ANÁLISIS
INICIAL DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
"4. Por
último, debe aclararse que, como lo ha reiterado la jurisprudencia
constitucional, el análisis inicial que realiza este tribunal no implica
prejuzgar el fondo de la pretensión, sino que persigue desechar aquellas
interpretaciones que, de entrada, por su incoherencia, o falta de sustento, no
tienen la más mínima posibilidad de conducir a una sentencia estimatoria
(sentencia de 28-IX-2012, Inc. 66-2005).
Desde otra perspectiva --se ha indicado-, esta exigencia
tiene como fin último hacer más eficiente la administración de justicia,
depurando peticiones infundadas o maliciosas, para priorizar aquellas que sí
cumplen con los requisitos -de forma y fondo- mínimos para activar la
jurisdicción."
SOLICITANTE
PLANTEA UNA FUNDAMENTACIÓN TAUTOLÓGICA, QUE IMPOSIBILITA EXAMINAR EL FONDO DE
LA CUESTIÓN RESPECTO DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA
"1. En primer lugar, advierte esta Sala que el actor afirma que
con la omisión legislativa planteada se
limita la potestad administrativa sancionatoria que ha de ejercerse para
tutelar del derecho al ambiente sano; es
decir, se ha fundamentado la violación de una disposición constitucional por la
supuesta violación a otra. Por tanto, de conformidad con lo consignado en el
punto II.2 de esta resolución, el solicitante plantea una fundamentación
tautológica, que imposibilita examinar el fondo de la cuestión respecto de la
potestad administrativa sancionatoria."
SOLICITANTE
NO HA CONFIGURADO EL CONTRASTE NORMATIVO REQUERIDO PARA EXAMINAR EL ASUNTO, YA
QUE OMITIÓ ESTABLECER EL CONTENIDO PRECEPTIVO CONCRETO DE LAS DISPOSICIONES EN
PUGNA
"2. En lo que
respecta al principio de legalidad, se advierte que el peticionario le atribuyó
un vasto contenido normativo, asimilándolo con otros preceptos tales como la
reserva de ley y el principio de seguridad jurídica, entre otros. A la vez,
alegó que en virtud de tal principio, el legislador debía determinar con
claridad las reglas sobre la investigación y la definición de las autoridades
competentes que diriman la responsabilidad del procesado; así como la pena a
aplicar y los parámetros para establecerla. Condiciones que no concurren en el
art. 89 de la Ley del Medio ambiente, por lo que se vulnera el precitado
principio.
Ahora bien, el solicitante no ha señalado el contenido
normativo concreto del art. 89 de la Ley del Medio ambiente; tampoco ha
determinado cuál o cuáles de las amplias y variadas manifestaciones normativas
que le atribuye al principio de legalidad resultan controvertidas por el citado
artículo. Por tanto, no ha configurado el contraste normativo requerido para
examinar el asunto, ya que omitió establecer el
contenido preceptivo concreto de las disposiciones en pugna. Actividad que le corresponde al
actor, que no puede ser suplida por este tribunal y cuya carencia impide
conocer el fondo de la cuestión."
ACTOR
ALEGA UNA OMISIÓN PARCIAL RESPECTO DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, EN TANTO QUE,
A SU JUICIO, SE HA ELIMINADO LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA DE
INFRACCIONES DE NATURALEZA AMBIENTAL, Y A PARTIR DE ELLO ESTIMA QUE SE HA
OMITIDO PROTEGER EL DERECHO
"3. A.
Sobre del derecho al ambiente adecuado, por omisión, debe indicarse que, como
se apuntó en el apartado 11.3 de esta resolución, para plantear adecuadamente
una inconstitucionalidad por omisión es necesario que el peticionario aporte
argumentos que demuestren una orden concreta de legislar, la omisión de dictar
tal legislación y la ineficacia de los derechos constitucionales respectivos.
B. En efecto, según la jurisprudencia constitucional,
la garantía del derecho al ambiente requiere de normas de desarrollo; de manera
que la política ambiental que dispone el art. 117 Cn. Plantea–entre otros
aspectos– la remisión al legislador secundario para que desarrolle, mediante
leyes especiales, las actividades relacionadas con los recursos naturales y el
medio ambiente; es decir, la Constitución pretende, con carácter general y
abierto, establecer las líneas básicas a desarrollarse en el marco normativo
secundario, con el fin de regular o racionalizar la utilización de los recursos
naturales por los particulares y el Estado (sentencia de 26-I-2011, Inc.
37-2004),
C. Establecido lo anterior, es de reiterar que en la
jurisprudencia precitada se ha establecido que para considerar dicha omisión
como una infracción a la Constitución, ha de analizarse la omisión en sí misma;
es decir, el segundo análisis implica
un examen sobre la legislación .secundaria a efecto de constatar que,
efectivamente, no existe regulación sobre el mandato constitucional, O que
existiéndolo, resulta insuficiente, en tanto que no regula los aspectos
esenciales del cometido constitucional.
Así, se advierte que el actor alega una omisión parcial
respecto de la protección del ambiente, en tanto que, a su juicio, se ha eliminado
la potestad administrativa sancionatoria de infracciones de naturaleza
ambiental, y a partir de ello estima que se ha omitido proteger el derecho
concernido."
MATERIA
ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA NO ES LA ÚNICA NI LA MÁS EFICIENTE FORMA DE
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
"Sin embargo, es
preciso advertir que la materia administrativa sancionatoria no es la única ni
la más eficiente forma de protección del ambiente, y –como se indicó en la Inc.
37-2004–, en la Ley del Medio Ambiente se contempla un Sistema Nacional de
Gestión del Medio Ambiente, cuya tarea principal es la coordinación de la
gestión ambiental y el establecimiento de la organización estructural y
funcional en las entidades del sector público."
MARCO
NORMATIVO MÍNIMO PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE
"De igual forma,
se prevé la existencia del Sistema de Evaluación Ambiental y el Sistema de
Áreas Naturales Protegidas, que formulará las políticas, planes y estrategias
de conservación y manejo sostenible de esas áreas. Además, el Reglamento
General de la Ley del Medio Ambiente,
colabora en la regulación concreta de otros ámbitos, tales como el Sistema de
Áreas Naturales Protegidas y sus competencias, detallando las categorías
susceptibles de manejo ambiental, así como los fines de estas. En ese orden,
también puede aludirse a la Ley del fondo Ambiental de El Salvador, en virtud
de la cual se crea el citado Fondo, como una entidad de derecho público
descentralizada, cuyo objeto es la captación de recursos financieros y la
administración de los mismos, para el financiamiento de planes, programas,
proyectos y cualquier actividad tendiente a la protección, conservación,
mejoramiento, restauración y el uso racional de los recursos naturales y el
medio ambiente. Ion dicha ley se señalan los mecanismos de financiamiento de
dicho fondo, y las autoridades responsables de ello.
De tal modo, también cabe referirse a la Ley de
Conservación de Vida Silvestre, que tiene por finalidad la protección,
restauración, manejo, aprovechamiento y conservación de la vida silvestre; la
regulación de actividades como la cacería, recolección y comercialización, así
como las demás formas de uso y aprovechamiento de la vida silvestre. Esta ley,
a la vez que establece lineamientos para determinar las especies silvestres
protegidas, enumera las infracciones concernidas, y señala a las autoridades
responsables de la imposición de las sanciones respectivas. Además, contempla
mecanismos para facilitar la intervención de los particulares en materia de conservación
de la vida silvestre.
Asimismo, cabe mencionar a la Ley Forestal. Esta ley tiene
el fin –entre otros – de establecer disposiciones que permitan el incremento,
manejo y aprovechamiento en forma sostenible de los recursos forestales.
"también busca establecer las condiciones para estimular la participación
del sector privado en la reforestación del territorio nacional y determina que
cualquier aprovechamiento de los bosques naturales de propiedad privada, estará
regulado por su respectivo plan de manejo forestal, el cual será elaborado bajo
la responsabilidad del propietario o poseedor del terreno y aprobado por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería. La citada ley señala algunas
infracciones pertinentes, como abandonar productos inflamables en los bosques,
talar árboles sin autorización, no cooperar en la extinción de incendios
forestales, entre otras; asimismo, establece las sanciones pecuniarias y
autoridad competente para imponerlas a quien las cometa.
Por otro lado, puede citarse además el Título X del
Capítulo II del Código Penal, donde aparecen los
delitos relativos a la protección de recursos naturales y al medio ambiente; en cuya virtud el legislador ha
previsto la imposición de la pena de prisión para castigar conductas que van
desde la contaminación ambiental, hasta la depredación de la fauna y flora –por
mencionar algunas–; ello, a efecto de reprimir penalmente actos lesivos del
derecho que nos ocupa.
A lo anterior debe agregarse la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, la cual, además de establecer aspectos orgánico-funcionales sobre
la administración y manejo de dichas áreas, pretende la protección de los
ecosistemas, los espacios naturales y mantener los bienes ambientales, para
preservar –a su vez,– las especies y la diversidad genética. Además, instaura un régimen de infracciones y las
sanciones correspondientes, así como las autoridades y procedimientos
respectivos para aplicarlas."
TÉRMINOS EN QUE SE HA PLANTEADO EL MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD, NO AFECTA EL DERECHO AL AMBIENTE QUE AMERITE TRAMITACIÓN DE PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD
"D. Por tanto, esta Sala ya ha descartado la
interpretación hecha por el actor en cuanto a la omisión de garantías para el
derecho al ambiente adecuado, por lo que en los términos en que se ha planteado
este motivo de inconstitucionalidad, no se vislumbra alguna posibilidad de
afectación del correspondiente derecho que amerite la tramitación de este
proceso, debiendo declararse improcedente. Decisión que como se apuntó en el acápite
II.4 de esta resolución , busca depurar peticiones infundadas, para priorizar
aquellas que sí cumplen con los requisitos –de forma y fondo– mínimos para
activar la jurisdicción; todo con el objeto de optimizar la función
jurisdiccional.
4. En ese sentido, este tribunal no puede pronunciarse sobre
la constitucionalidad por omisión relacionada con el derecho al medio ambiente,
el principio de legalidad y la potestad administrativa sancionatoria, ya que,
por las razones arriba apuntadas, no se han cumplido las condiciones requeridas
para analizar este tipo de pretensión; y por ende, tampoco se ha configurado
adecuadamente una confrontación normativa constitucional en virtud de la
omisión alegada. Vicios que, en suma, provocan la improcedencia de la pretensión."