MEDIDAS CAUTELARES

EL FUNDAMENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA CON EL OBJETO QUE EN EL EVENTUAL CASO SE DECLARE LA ILEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO

“Resulta necesario señalar que la suspensión de los efectos de los actos impugnados, es una especie del género de las medidas cautelares, cuya función es detener la realización de actos que, de alguna manera, impidan o dificulten la efectiva satisfacción de la pretensión, en caso que en la resolución final la parte demandante resulte beneficiada con el acto reclamado.

En este sentido, el fundamento de las medidas cautelares constituye una manifestación del derecho a la tutela ,judicial efectiva, con el objeto que en el eventual caso se declare la ilegalidad del acto impugnado, el administrado posea una verdadera herramienta eficaz y oportuna para salvaguardar su esfera jurídica; a fin de que, –a la postre– la ejecución de una sentencia estimatoria no se vuelva una mera certeza jurídica pero con efectos materiales ineficaces o ilusorios en la esfera del administrado. Es decir, que el objetivo principal de la pretensión cautelar consiste en asegurar o garantizar la efectividad de la sentencia.

Sin perjuicio de lo expuesto, la tutela cautelar no es de aplicación automática, sino que para acceder a la misma, es necesario apreciar la concurrencia de dos presupuestos básicos; que tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta Sala, son contestes en afirmar que su viabilidad se halla supeditada a que se demuestre la apariencia de buen derecho –fumus boni iuris– y el peligro en la demora –periculum in mora– (i.e. Admisión con suspensión de los efectos del acto impugnado de las trece horas y cincuenta minutos del día nueve de noviembre de dos mil quince, referencia 323-2015).”

LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO BUSCA UN JUICIO DE PROBABILIDAD DONDE BASTA QUE EL DERECHO ALEGADO SEA VEROSÍMIL, ES DECIR HALLA DERECHO VERDADERO

“1. El primer presupuesto habilitante de las medidas precautorias, se refiere a la apariencia que el caso tiene mérito legal, nos encontramos pues ante un concepto jurídico que no busca un juicio de certeza sino de probabilidad, donde bastará para esta Sala que el derecho alegado sea verosímil, es decir, apariencia de ser verdadero, en contraposición a lo que es meramente posible o –en el otro extremo– probable al nivel de certeza, sin que ello signifique adelantar opinión alguna sobre el fondo de la cuestión controvertida.

De esta forma, esta Sala verifica que en relación al primer presupuesto habilitante, de la exposición de las circunstancias fácticas y jurídicas en que se hace descansar la pretensión y en e fundamento de la demanda; se puede advertir la existencia de apariencia de buen derecho, la cual corresponde a una credibilidad objetiva, seria y razonable, ya que de manera preliminar se advierte la invocación de una presunta vulneración al principio de proporcionalidad y al derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador, sin que ello signifique adelantar criterio sobre la controversia planteada.”

EL PELIGRO EN LA DEMORA NATURAL QUE PRODUCE EL TRAMITE DEL PROCESO, DE NO SUSPENDER LOS EFECTOS DE LOS ACTOS RECLAMADOS SE GENERARÍA MATERIALIZACIÓN CAUSANDO DIVERSOS PERJUICIOS

“2. Ahora bien, corresponde analizar el segundo presupuesto habilitante de las medidas precautorias; el cual consiste en el temor fundado de que el derecho pretendido se frustre o sufra un menoscabo durante la sustanciación del presente proceso tendiente a tutelarlo. En el caso analizado, se puede observar que existe un efectivo peligro en la demora natural que produce el trámite de este proceso, ya que de no suspender los efectos de los actos que se reclaman, se generaría la materialización de éstos causándole diversos perjuicios a la parte actora, afectando económicamente y en la liquidez y capital de trabajo, afectando de manera directa la capacidad de compra de producto para el abastecimiento de las bodegas de la referida sociedad.

En ese sentido, es evidente que la multa impuesta, mediante los actos administrativos impugnados, pondrían en peligro la esfera jurídica de la Sociedad demandante, por lo que deben tomarse las medidas legales correspondientes para evitar que las presuntas trasgresiones legales continúen. De esta forma, resulta urgente evitar que se ocasione un daño irreparable en el presente caso con los actos impugnados.”

SI DE LA PONDERACIÓN DE LOS INTERESES SUBJETIVOS DEL PARTICULAR VERSUS LOS INTERESES SOCIALES, SE OCASIONARE O PUDIERE OCASIONAR UN PELIGRO DE TRASTORNO GRAVE AL ORDEN PÚBLICO NO ES POSIBLE SUSPENDER PROVISIONALMENTE EL ACTO ADMINISTRATIVO

“Por otra parte, el artículo 18 de la LJCA limita que se otorgue la suspensión provisional del acto administrativo, si de la ponderación de los intereses subjetivos del particular versus los intereses sociales, se ocasionare o pudiere ocasionar un peligro de trastorno grave al orden público. No obstante, por la naturaleza de los actos impugnados, se verifica que en nada afecta los intereses sociales o el orden público.

Por lo antes expuesto, resulta procedente otorgar la suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados, ordenando a la autoridad demandada que, mientras dure la tramitación de este proceso, no deberá exigir de la Sociedad TROPIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA., el pago de la multa impuesta.”