MEDIDAS CAUTELARES EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

TUTELA CAUTELAR ES LA SERIE DE MEDIDAS QUE PUEDEN ADOPTARSE CON OCASIÓN DE LA INTERPOSICIÓN DE UN RECURSO, PARA ASEGURAR PROVISIONALMENTE LA INTEGRIDAD DE UNA SITUACIÓN JURÍDICA CONCRETA, A FIN DE QUE LA SENTENCIA PUEDA SER EJECUTADA EFICAZ E ÍNTEGRAMENTE

“Sobre el tema de la importancia y procedencia de la adopción de las medidas cautelares, ha sido sostenido por la doctrina que la eficacia de la justicia depende en gran medida de la rapidez con que esta sea otorgada. En este orden de ideas, resulta evidente que la realización de un proceso judicial que incorpore todas las garantías debidas, requerirá tiempo. A esto, debemos agregar el volumen de juicios que se ventilan en los Tribunales y las dilaciones que en consecuencia esto provoca. Así las cosas, con mucha frecuencia sucede que la tutela judicial efectiva, resulta completa o parcialmente inútil, en razón que el tiempo transcurrido para obtenerla, la ha privado de eficacia.

De ahí que, si el objeto del proceso es un acto administrativo, las cosas se complican aún más, pues el acto administrativo goza de la presunción de validez, y además produce efectos inmediatamente, sin que la previa interposición de la demanda paralice- al menos en principio-, su ejecución.

Por ello, como bien asevera la doctrina, la tutela cautelar sirve para evitar que la justicia pierda o deje en el camino que hay que recorrer para obtenerla su eficacia, sin la cual por supuesto, deja de ser justicia. Tutela cautelar es, pues, la serie de medidas que pueden y deben adoptarse con ocasión de la interposición de un recurso, para asegurar provisionalmente la integridad de una situación jurídica concreta, a fin de que la sentencia que en su día –lejano, por las razones mencionadas- declare el derecho del recurrente pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. (Carmen Chinchilla Marín, Cuadernos de Derecho Judicial, “La tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo”, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1993, página 162).”

REQUISITOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

“Siguiendo el anterior orden de ideas, dos de los requisitos que siempre deben ser valorados por este Tribunal para la adopción de la medida cautelar, es la concurrencia del fumus boni iuris y del periculum in mora. En efecto, son estos los requisitos legitimadores para la adopción de la medida cautelar, y que constituyen garantía suficiente de que las sentencias de fondo que se dicten sean plenamente ejecutables, quedando así garantizado el derecho fundamental de los administrados a una tutela judicial efectiva.

El posible acaecimiento de perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva ocasionados por el denominado periculum in mora o peligro en la demora, conlleva a que el Tribunal tenga que valorar la existencia de dicho peligro. La amenaza de daño irreparable debe sustentarse en hechos o elementos —teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso– que dejen en el ánimo del juzgador la certeza que, de no suspenderse los efectos del acto, se le podría ocasionar al interesado un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva.

Mientras que el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, finalmente es a la parte que posee la razón en juicio a la que puede llegársele a causar perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de actuación de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. Aunado a lo anterior, se debe aclarar que de conformidad a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a esta Sala le corresponde velar porque la suspensión de los actos impugnados no se traduzca injustificadamente, y sin la previa ponderación de los intereses en juego, en menoscabo de la función que realiza la Administración Pública, cuyo objetivo primordial es, y así debe presumirse, la consecución de los intereses generales.”

LA JUSTICIA CAUTELAR FORMA PARTE DEL DERECHO QUE TIENE TODA PERSONA YA SEA NATURAL O JURÍDICA, A QUE SE LE PROPORCIONE UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

“Debe enfatizarse, que se parte de la base que la justicia cautelar forma parte del derecho que tiene toda persona – ya sea natural o jurídica-, a que se le proporcione una tutela judicial efectiva o dicho de otra forma, el derecho a la protección jurisdiccional consagrados en los artículos 2 y 11 de la Constitución de la República. Y es que, a través de las medidas cautelares, se pueden garantizar los resultados efectivos de una eventual sentencia estimatoria. De ahí que, las medidas cautelares que mejor cumplirán su función, serán aquellas que más se parezcan a las que tendrán que tomarse en la ejecución de la sentencia. Por ello se asevera que, una medida cautelar es tanto más eficaz cuanto más se parece a la correspondiente medida que integrará la futura ejecución.”

CUANDO NO SE HAN PAGADO LAS MULTAS EN NADA AFECTA LOS INTERESES SOCIALES O EL ORDEN PÚBLICO, DEBIDO A QUE NO EXISTEN AÚN FONDOS CIERTOS O LÍQUIDOS QUE HAYAN INGRESADO A LAS ARCAS DEL ESTADO

“En el caso analizado, se puede observar que existe un efectivo peligro en la demora, ya que de no suspender los efectos de los actos administrativos contra los que se reclama, según argumenta la parte actora la autoridad demandada no le extendería las solvencias necesarias para que pueda participar en procesos de contratación con el Estado, además podría exigirle la incorporación del listado de profesores hora clase a sus planillas y el pago de cantidades de dinero en concepto de seguridad social.

Por otra parte, el artículo 18 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, limita que se otorgue la suspensión provisional del acto administrativo, si de la ponderación de los intereses subjetivos del particular versus los intereses sociales, se ocasionare o pudiere ocasionar un peligro de trastorno grave al orden público. No obstante, por la naturaleza de los actos impugnados, se verifica que en nada afecta los intereses sociales o el orden público, debido a que no existen aún fondos ciertos o líquidos que hayan ingresado a las arcas del Estado.

Por lo antes expuesto, resulta procedente otorgar la suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados, ordenando a las autoridades demandadas que, mientras dure la tramitación de este proceso, no deberán exigir de la Universidad Centroamericana de El Salvador “José Simeón Cañas”, la incorporación del listado de profesores hora clase a sus planillas, ni el pago de cantidades de dinero en concepto de seguridad social y deberá otorgarle las solvencias de seguridad social correspondientes.

II. La Inspectora y Jefe de la Sección de Inspecciones Especializadas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, alegan que la demanda contiene un vicio de inadmisibilidad ya que “no se cumple con lo estipulado en el art. 7 LJCA, que dice: No se admite la acción contencioso administrativa respecto a los siguientes actos: a) los consentidos expresamente (...), y lo establecido respecto al consentimiento expreso (...) supone que el administrado realice un pronunciamiento sobre su conformidad del acto”.”