DIVORCIO
POR MUTUO CONSENTIMIENTO
OBLIGATORIEDAD DE LAS PARTES A
COMPARECER A LA AUDIENCIA DE SENTENCIA PARA RATIFICAR EL CONVENIO DE DIVORCIO
“De acuerdo a lo anterior, el objeto del recurso se
constriñe en determinar a partir del material que milita en las diligencias sí
procede confirmar, revocar o modificar la resolución recurrida; en el sentido
de determinar si es necesaria la comparecencia de ambos cónyuges domiciliados
en la República a la Audiencia de Sentencia en las Diligencias de Divorcio por Mutuo
Consentimiento.
III. Uno de los
puntos de la apelación es el de la motivación. Cómo es sabido, toda sentencia
debe ser motivada, exponiendo las razones de hecho y de derecho que llevaron al
Juzgador a la convicción para emitir el fallo correspondiente. Esta obligación
de motivación no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una
declaración de voluntad del juzgador, accediendo o no a lo pretendido por las
partes, sino que el deber de motivación que la Constitución de la República y
la ley exigen. Impone que en los proveídos, ya sean éstos judiciales o
administrativos, se exterioricen los razonamientos que cimienten las decisiones
estatales, debiendo ser la motivación suficientemente clara para que sea
comprendida no sólo por el técnico jurídico, sino también para los ciudadanos.
Es importante hacer notar que el Art. 7 literal i) en relación con el 82
literal e), ambos de la Ley Procesal de Familia, establecen el deber que tienen los jueces de motivar
las resoluciones que emiten, lo que significa que se deben dar
las razones en que se basa el juez para tomar determinada resolución, por lo
que debe existir una invocación de los motivos de hecho y
de derecho. (ECHANDIA,
DEVIS, Teoría General del Proceso, Tomo II, Editorial Universidad S.R.L., Buenos
Aires, Pág. 518).
En materia de
familia, la Ley Procesal ha incorporado la figura jurídica de la comparecencia
personal de los interesados en las controversias de familia, al grado tal que
en algunos casos la falta de asistencia injustificada a la audiencia
conciliatoria del demandante y de su Apoderado, producirá el efecto de volver
las cosas al estado en que se encontraban antes de la presentación de la
demanda y el archivo del expediente, lo cual tiene el significado de declarar
inadmisible la demanda, tal como expresamente lo señalan los Arts. 100, 102 y
111 L.Pr.F..
Entendido esto,
analizaremos la decisión de la jueza a quo, quien considera que la
comparecencia del solicitante era necesaria para dictar sentencia, considerando
la a quo que podía presentarse la solicitud nuevamente, ya que desestimaría la
pretensión por considerar algo anormal el hecho de que no comparezca el
solicitante, pese a que se suspendió una vez la audiencia y la segunda vez se
manifestó que no quería comparecer porque él ya había dado la firma para el
divorcio; lo cual nos indica, que pese a que es representado por el Abogado
apelante, quizá no se le explicó su colaboración para asistir a algunos
actos procesales indispensables, tal como lo es la comparecencia a la audiencia
de sentencia para ratificar el convenio de divorcio, pese a que en el poder se
facultó al referido abogado para que lo hiciera en su nombre, lo cual aclaramos
que es posible pero excepcionalmente.
Aunque el
Art. 1883 C.C. Regula que el mandato es una institución jurídica que sirve para
facilitar los negocios en general de las personas. Institución que está
íntimamente ligada con el principio de la autonomía de la voluntad; en él una
persona faculta a otra para hacer o no hacer algunas actuaciones en su nombre.
Lo anterior conlleva, a que dicho apoderado debe contar específicamente
con las facultades establecidas en el mandato, lo que en el caso en
análisis, expresamente se ha establecido en el Convenio, que se ha conferido
poder al abogado la facultad de ratificar el convenio en audiencia, sin
la presencia de los poderdantes, pero esta facultad no debe tomarse
literalmente, pues habrá casos que la misma ley obliga la comparecencia de las
partes materiales a intervenir en el proceso, independientemente haya nombrado
apoderado alguno, pues éste es un derecho que tiene todo ciudadano a ser
representado por un profesional del derecho para que lo represente
procesalmente.
Ahora bien por
regla general se impone la asistencia de los solicitantes a la audiencia de
sentencia, pero esta regla admite una excepción regulada en el Art. 100
L.Pr.F., que dispone: “Las
partes deberán
comparecer personalmente a la audiencia y en ella serán asistidos por sus
apoderados o representantes legales. Si la parte se encontrare
domiciliada fuera de la República la audiencia se celebrará con su apoderado o
representantes legales, en su caso, quien podrá conciliar, admitir hechos y
desistir si estuviere facultado para ello.” (Subrayado
fuera de texto).
Por tanto, podemos
ver que existen circunstancias en que la Ley avala que la parte o solicitante
–según el caso- no comparezca a la audiencia, caso en el cual serán asistidos
por su apoderado debidamente facultado, quien no podrá realizar actos más allá
de lo que el mandato prevé; es decir que las circunstancias por las cuales no
comparecerán (uno o) los solicitantes responden
a un justo impedimento; lo cual no se ha acreditado
fehacientemente en la especie; desde el momento en que ambos cónyuges suscriben
el convenio en el país y residen en el territorio, debieron apersonarse ante la
juzgadora para dar cumplimiento a la ley; dicho de paso consideramos que el
poder y convenio no poseen errores que debieron ser advertidos y subsanados
mediante prevención.
Por todo lo anterior,
consideramos que en casos como el presente, es necesaria la comparecencia
personal de ambos cónyuges que desean divorciarse, salvo que uno de ellos o
ambos se encuentren fuera del país o tengan algún impedimento serio calificado
por el juzgador o juzgadora, para no asistir a la audiencia señalada, lo cual
tiene su asidero en la misma ley procesal que así lo dispone y en sus
principios rectores especialmente el de inmediación, que obliga al Juez y a las
partes estar en contacto directo durante el proceso. Además, la comparecencia
personal es necesaria y útil, ya que esa será la última oportunidad de que uno
o ambos cónyuges puedan retractarse ante el Juez del deseo de divorciarse y
porque la comparecencia personal evita en lo posible, que puedan ocurrir
divorcios fraudulentos, en los que uno de los cónyuges nunca tuvo conocimiento
de la demanda interpuesta, pues los cónyuges aún convivían maritalmente,
ignorando uno de ellos que se estaba tramitando un Juicio de divorcio en su
contra; de lo cual existen experiencias en la administración de justicia y por
ello el legislador exige que para decretar el divorcio por este motivo se
requiere previa audiencia con la asistencia de ambos cónyuges. Por esas
razones, muy valederas para la protección y defensa de ambas partes, así como
evitar corrupciones en la tramitación de esta clase de procedimientos,
estimamos acertada la decisión de la Señora Jueza a quo, de no acceder a la
disolución del vínculo matrimonial solicitado en vista de la no comparecencia
del cónyuge solicitante, sin atender a lo que hemos expuesto sobre la
ratificación, por lo que no existiendo errónea aplicación de los Arts. 109 C.F.
y 7 literal i) L.Pr.F., deberá confirmarse la sentencia apelada.”