VALORACIÓN DE LA PRUEBA

EXIGIR ARBITRARIAMENTE LA RATIFICACIÓN DE UN ELEMENTO DE PRUEBA, CUANDO LA MISMA LEY PERMITE QUE SE VALORE SIN NECESIDAD DE ELLO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

“Tercer  Motivo: El recurrente afirma que, la señora Juez debió tomar en cuenta los reconocimientos de personas practicados con resultado positivo en los imputados, con la colaboración de las víctimas.

La señora Juez menciona en el fundamento de su resolución que en relación a los reconocimientos de personas realizados por los testigos clave "Juan Uno", "Juan Dos" y "Juan Tres", en los cuales reconocen a los imputados JOSE DAGOBERTO F. C., y OSCAR ALFREDO Z. Z., incorporados al juicio y agregados de fs. 64 a 69, que “se valorarán únicamente las realizadas por el testigo con clave "Juan Uno" no así de los otros dos testigos protegidos, en razón que los mismos no asistieron a la vista pública para confirmar las diligencias por ellos realizadas…” planteando que era necesario que dichos testigos se presentaran a la audiencia de vista pública, a ratificar tal señalamiento.

Sobre este punto, el legislador es claro al señalar en el artículo 372 del Código Procesal Penal, que: “Sólo pueden ser incorporados al juicio por su lectura…5) Los reconocimientos, la denuncia, la prueba documental o de informes realizadas conforme a la ley…”

En vista de ello, consta que para el caso de autos, los testigos si comparecieron a la audiencia de vista pública,  pero el  Ministerio Público Fiscal, decidió prescindir de los testigos “JUAN DOS” y “JUAN TRES”, por ser prueba “sobreabundante” según expresó en ese momento, y la defensa no se opuso, por lo que se puede  concluir que ambas partes estuvieron conformes

Sin perjuicio de lo anterior,  se tiene que los reconocimientos de personas que se practicaron fueron  en calidad de “anticipo de prueba”, siendo inmediados por el señor Juez Especializado de Instrucción con sede en Santa Ana tal como consta a fs 128.

En virtud de ello, tenemos que dichos actos fueron realizados con presencia judicial, no estableciendo el legislador en ninguna disposición del Código Procesal Penal, la necesidad que el reconocimiento de personas practicado con todas las formalidades de ley sea ratificado en la vista pública, al margen que a opinión de esta Cámara sería lo más conveniente para que el Juez que va a sentenciar también inmedie esa aseveración, no obstante ello, la ley no lo exige.

Es más, tal como se ha hecho constar en los párrafos que anteceden, únicamente se exige que el mismo sea incorporado por medio de su lectura, ello a efecto que se valore como medio de prueba, lo cual en el presente caso se realizó, según consta en la sentencia emitida.

Atendiendo a ello, esta Cámara advierte que ha habido una inobservancia del Art. 372 numeral 5 CPP y el actuar de la Jueza Sentenciadora ha generado una vulneración al principio de legalidad, pues conforme al artículo 15 en relación al 172 inciso 3 de la Constitución de la República, tanto los juzgadores como las partes procesales intervinientes estamos sometidos únicamente al imperio de la Constitución y de las leyes, por lo que de ninguna manera puede un juez exigir arbitrariamente la ratificación de un elemento de prueba, cuando la misma ley permite que se valore sin necesidad de ello, creando la señora Juez un procedimiento que la ley no establece que debe realizarse, actuación que se ha dado en el caso de autos y que a su vez viene a vulnerar el principio de seguridad jurídica de los sujetos intervinientes.

Aunado a ello, esta Cámara en ningún momento puede avalar ni pasar por alto las violaciones al procedimiento penal legalmente establecido, pues se ha inobservado el principio de libertad probatoria del artículo 176 del Código Procesal Penal, el principio de legalidad del artículo 2 y 175 del mismo cuerpo normativo y el de seguridad jurídica del artículo 2 de la Constitución, además de haberse omitido de manera injustificada la valoración integral de los elementos de prueba legalmente incorporados y producidos en el juicio, como lo exige el artículo 394 inciso 1° del Código Procesal Penal.

En virtud de ello, es procedente en el fallo respectivo, anular la sentencia emitida por la señora Juez de Sentencia Especializada suplente con sede en la ciudad de Santa Ana, en la que absolvió a los imputados OSCAR ALFREDO Z. Z., JOSE DAGOBERTO F. C., JOSE ANTONIO M. M. y HUGO ALBERTO H. R., debiendo conforme al artículo 475 del Código Procesal Penal, ordenarse la reposición del juicio por otro tribunal distinto.Con base a todo lo antes analizado, en el presente caso es procedente anular la sentencia objeto de apelación por no haberse aplicado correctamente las reglas de la sana critica,; en ese sentido es procedente anular la sentencia objeto de apelación, ya que efectivamente existe el vicio regulado en el Art. 400 numeral 5 del CPP, en consecuencia es imperativo que se lleve a cabo un nuevo juicio para que se valore la prueba ofertada por las partes, por tanto se debe ordenar el respectivo reenvío a fin que sea un tribunal distinto quien valore la prueba y emita la sentencia que a derecho corresponda.”