MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CONFORME A LA LEY DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR INICIAR
ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS SIN EL PERMISO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE
“La parte actora impugna las
resoluciones del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales siguientes:
i) Acto de
las nueve horas del día veintisiete de noviembre de dos mil siete, que resolvió
sancionar administrativamente a la Alcaldía y al Concejo Municipal, ambos de la
ciudad de Santa Ana, como titular del proyecto "ESTACIÓN DE
TRANSFERENCIA", imponiéndole una multa de CUARENTA Y CINCO MIL dólares de
los Estados unidos de América ($45,000.00), equivalentes a TRESCIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA COLONES (¢393,750.00) por infracción al
artículo 86 literal "a" de la Ley del Medio Ambiente;
ii) Acto
pronunciado a las ocho horas del día dieciocho de diciembre de dos mil siete,
que resolvió declarar no ha lugar el Recurso de Revisión interpuesto contra la
resolución anteriormente descrita.
La parte
demandante alegó violación a los artículos 86 literal a), 89, 90, 94 y 95,
todos de la Ley del Medio Ambiente, así mismo transgresión a los Principios de
Legalidad de la Prueba, de Responsabilidad y de Proporcionalidad.
Respecto de
la violación al principio de Proporcionalidad, esta Sala se abstendrá de
conocer del mismo pues la parte actora no proporcionó ni en la demanda ni a lo
largo del procedimiento judicial, argumentos o pruebas que puedan ser analizadas
en sentencia definitiva.
2.-
NORMATIVA APLICABLE.
a) La
Constitución de la República de El Salvador, Asamblea Constituyente, Número 38,
del quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado en el
Diario Oficial Número 234, Tomo 281, del dieciséis de diciembre de mil
novecientos ochenta y tres.
b) Ley del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Decreto Legislativo Número 233, de fecha
dos de marzo de mil novecientos noventa y ocho, publicado en el Diario Oficial
Número 79, Tomo 339, el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y ocho.
3.-
ANÁLISIS DEL CASO.
3.1
SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
El artículo
86 de la Constitución señala en su inciso tercero que los funcionarios del
Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que
expresamente les da la Ley. Dicho artículo establece el principio de legalidad
de la Administración Pública y éste se constituye como la directriz habilitarte
para el desarrollo de toda actuación de ésta, de tal forma que toda acción
administrativa se presenta como ejercicio de un poder atribuido previamente por
la Ley, la cual lo crea y delimita.
Sobre el
particular, el escritor Marienhoff plantea en su Tratado de Derecho
Administrativo: "La actividad de la Administración Pública se concreta en
hechos y actos jurídicos y no jurídicos, cuya validez depende de que la
actividad correspondiente haya sido desplegada por el órgano actuante dentro
del respectivo círculo de las atribuciones legales. Este círculo de atribuciones
legales determina la capacidad legal de la autoridad administrativa".
(Sentencia del día treinta de marzo de mil novecientos noventa ocho.
Referencia: 20-T-96).
La relación
jurídica entre la Administración Pública y los administrados está regulada por
el Derecho Administrativo, por lo que en un Estado de Derecho la Administración
actúa conforme a las exigencias que el ordenamiento jurídico aplicable le
ordena y que en otros términos significa "sometimiento estricto a la
Ley". El Principio de Legalidad consagrado en nuestra norma suprema, se
erige para la Administración Pública, no como un mero límite de la actuación
administrativa, sino como el legitimador de todo su accionar.
En virtud
de lo anterior se afirma que las facultades con que se encuentran revestidos
los entes y órganos de la Administración Pública para la consecución de sus
fines, están
expresamente consignadas en la normativa jurídica reguladora de la actividad
pública que están llamados a desarrollar. En
consecuencia, los titulares tienen la obligación de supeditar las facultades
encomendadas conforme a los lineamientos establecidos en la Ley. Contrario
sensu, conllevaría transgresiones a la Ley y por supuesto violación al
Principio de Legalidad.
Esta Sala
ha declarado en anteriores resoluciones que la conexión entre el Derecho y el
desarrollo de las actuaciones de la Administración, se materializa en la atribución de potestades,
cuyo otorgamiento habilita a la Administración a realizar sus actos.
En virtud
de lo anterior, el reconocimiento del Principio de Legalidad contemplado en
nuestra Constitución implica que la Administración Pública en el país puede
ejecutar sólo aquellos actos que el bloque jurídico le permite, y en la forma
en que en el mismo se regule, es decir sólo puede actuar cuando la Ley la
faculte y en los términos que la delimite. La Administración Pública puede
única y exclusivamente dictar actos en ejercicio de atribuciones previamente
conferidas por la Ley, y de esta manera instaurar el nexo ineludible acto-facultad-ley.
En consecuencia, aquellos actos que en su procedimiento de creación omitan el
anterior trinomio, resultarán ilegales. (Sentencias referencias 34-L-97 del día
once de diciembre de mil novecientos noventa ocho; 120-C-96 del día once de
diciembre de mil novecientos noventa ocho y 50-V-97 del día veintidós de
diciembre de mil novecientos noventa ocho).
3.2
SOBRE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.
a)
Sobre la presunción de inocencia.
Esta Sala
ha sostenido que el Principio de presunción de inocencia, con ciertos matices
resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionador, y constituye un
derecho del que son titulares los sujetos a quienes la Administración imputa
una infracción, y además confiere a éstos el derecho de que se les considere
inocentes mientras no quede demostrada su culpabilidad, e impone a la
Administración sancionadora la carga de acreditar los hechos constitutivos de
la infracción y la responsabilidad del presunto infractor a través de la
realización de una actividad probatoria de cargo.
Lo
anterior, se resume en que no puede imponerse sanción alguna en razón de la
culpabilidad del imputado, si no existe una actividad probatoria de cargo que
destruya la presunción de inocencia. De ahí que se atenta contra este
principio, cuando la Administración fundamenta la resolución en la cual se
impone una sanción basada en una presunción de culpabilidad carente de elemento
probatorio.
La
violación al principio de inocencia puede deberse a varios motivos. Tiene
interés para el caso que se analiza, la violación que se produce por la falta
de contradicción en la producción de la prueba que luego sirve de fundamento
para establecer la culpabilidad del supuesto infractor. Quiere decir que de
esta garantía se deriva, entre otras cosas, la obligación para la autoridad
sancionadora, y correlativamente el derecho para el sujeto a quien se imputa
una infracción administrativa, de que las pruebas se produzcan con la garantía
procedimental que se comenta.
No
obstante, aunque el principio de presunción de inocencia crea a favor de los
ciudadanos el derecho a que se les considere inocentes de las imputaciones que
se les atribuyan hasta que se demuestre lo contrario en un procedimiento con
todas las garantías procesales, no cabe entender vulnerado dicho principio por
meras actuaciones públicas regladas que, distintas a la propia decisión
sancionadora, tengan por objeto establecer si procede o no iniciar un
expediente sancionador. En esta línea de entendimiento, la violación al
principio de presunción de inocencia no puede estar basada en el hecho de que
no se hubiere dado participación al supuesto infractor, en la realización de
una actuación previa al acuerdo de instrucción formal del procedimiento
sancionado, y cuyos resultados indiciarios sirven únicamente para considerar
que procedía abrir un expediente sancionador.
Esta
inflexión obedece a que la culpabilidad del infractor, y con ello la
posibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia, ha de establecerse con la
prueba recabada en el procedimiento sancionador, en el que deberá garantizarse
al infractor el derecho a defenderse de las imputaciones que se le atribuyen.
Téngase en cuenta que, como reconoce la doctrina más autorizada, el principio
de presunción de inocencia tolera y por tanto no se entiende infringido con la
práctica de la prueba anticipada, siempre que después, durante el desarrollo
del procedimiento, se garantice el derecho de defensa.
Según se ha
visto, constituye una obligación impuesta por el principio de presunción de
inocencia, el que todas la pruebas encaminadas a establecer la culpabilidad del
sujeto a quien se imputa una infracción, se practiquen cumpliendo con las
reglas del principio de contradicción. Podría significar una violación al
principio de presunción de inocencia, si las pruebas que sirven para establecer
la culpabilidad se producen sin permitir, mediante la notificación previa, la
participación del sujeto a quien se atribuye una infracción.
Sin
embargo, también se ha concluido que no habrá violación al principio de
presunción de inocencia, por el hecho de que los actos previos a la iniciación
del procedimiento sancionador se hayan realizado sin la participación del supuesto
infractor (Sentencia Definitiva referencia 276-C-2002 del veintiocho de febrero
de dos mil seis).
b)
Sobre el Principio de Culpabilidad:
En materia
administrativa sancionatoria supone dolo o culpa en la acción sancionable. Bajo
la perspectiva del principio de culpabilidad, sólo podrán ser sancionadas por
hechos constitutivos de infracción administrativa, las personas físicas que
resulten responsables de las mismas, por tanto, la existencia de un nexo de
culpabilidad constituye un requisito sine qua non para la configuración de la
conducta sancionable. Es decir, que debe existir un ligamen del autor con su
hecho y las consecuencias de éste; ligamen que doctrinariamente recibe el
nombre de "imputación objetiva", que se refiere a algo más que a la
simple relación causal y que tiene su sede en el injusto típico; y, un nexo de
culpabilidad al que se llama "imputación subjetiva del injusto típico
objetivo a la voluntad del autor", lo que permite sostener que no puede
haber sanción sin la existencia de tales imputaciones.
El
principio de culpabilidad, ha de matizarse a la luz del interés general en
aquellas situaciones en que el Derecho sancionador se encamina a la protección
del interés público, como pilar fundamental del Derecho Administrativo.
Específicamente
nos referimos a los actos de la Administración cuya finalidad última no es
meramente inflingir un castigo ante la inobservancia de la Ley, sino, la toma
de medidas para la protección del interés general o de un conglomerado - tales
como retiro del mercado de productos en mal estado, cierres temporales de
locales que pongan en peligro la salud, etc. - El despliegue de estas acciones,
si bien no se excluye del imperativo de una cobertura legal, responde a razones
de interés general, y opera independientemente de la existencia de dolo o culpa
en el destinatario que se vea afectado por las mismas.
Por otra
parte, es preciso aclarar que este Tribunal no proclama la impunidad ante la
existencia de una infracción, sino, la necesidad de determinar claramente en
cada caso quienes son los sujetos a los que es válidamente atribuible la
conducta sancionable, aún a título de imprudencia o negligencia. (Sentencia
definitiva referencia 8-CH-92 del veintisiete de febrero de mil novecientos
noventa y ocho).
3.3.
SOBRE EL VALOR PROBATORIO DE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN.
La doctrina
ha reconocido, que la Administración Pública disfruta de ficciones y
privilegios que son resultado de la misma autotulela declarativa otorgada a la
Administración. Ejemplo de estas ficciones son: i) la ficción de que los actos
administrativos son válidos; ii) la
ficción de veracidad de las actas de inspección; y iii) la ficción de
acierto de la burocracia en la valoración de las pruebas que acreditan la
existencia de la infracción sancionable.
Así, se ha
reconocido que teniendo como fundamento la profesionalidad y cualificación
técnica, el ordenamiento atribuye a algunos funcionarios públicos una especial
credibilidad, presumiendo por ello que son ciertos los hechos por ellos afirmados,
por lo que las actas de inspección y los documentos que incorporan su
testimonio, tienen un valor probatorio reforzado. Por ejemplo, así sucede con
el acta realizada por un inspector de trabajo o un inspector de hacienda.
De ahí que,
la doctrina asevere que "El
ordenamiento no transforma la realidad de las cosas, y por eso no afirma que
los hechos relatados en el acta de inspección «son» ciertos, sino que se limita
a imponer que en sede administrativa las afirmaciones que contiene el acta
«tengan la consideración» de veraces y ciertas. La ficción no atribuye
fehaciencia al relato de los hechos que hace la burocracia, pero le atribuye
una especial relevancia probatoria. La ficción de veracidad que se atribuye a
las actas de inspección sobre los hechos que consignan (documentos de la
inspección que son simples actos de trámite en el curso de un procedimiento
sancionador), tiene un doble efecto;
(i)Ya
que la ficción se refiere no sólo a la comprobación de la efectiva existencia
de los hechos controvertidos, pues lo afirmado en el acta es una verdad
administrativa que se corresponden con la realidad (<<ficción de
certeza>>);
(ii)Sino
también a la valoración de la fuerza de persuasión que tiene esa prueba
documental, pues se considera que es correcta y proporcionada a la valoración
burocrática de los indicios y las pruebas (<< ficción de
acierto>>).
Por un
lado se tiene por cierta la verificación en la realidad de unos hechos sin
necesidad de comprobación, sin que sea preciso adverar sus datos mediante la
utilización de otros medios de prueba complementarios (<< veracidad de
los hechos>>). Por otro lado, a esas actas de inspección se les atribuye
una especial fuerza probatoria, ya que por sí solas son suficientes para
desplazar en sede administrativa la presunción constitucional de inocencia,
puesto que el acta es valorada como una prueba de cargo (<<fuerza
probatoria de los hechos>>).
La sola
circunstancia de que el ciudadano niegue la realización de los hechos que el
acta describe, no basta para desplazar u orillar la confianza que el
ordenamiento confiere al documento público que es el acta de inspección".
(BLANQUER, David, Derecho Administrativo: Los sujetos, la actividad y los
principios, v.2, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2010, páginas
3.4
SOBRE LA LEY DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
El
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la entidad encargada para
sancionar las infracciones que se cometan en perjuicio del Medio Ambiente y
ecosistemas, y por la naturaleza de este tipo de infracciones la Ley del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, en su artículo 83, faculta a dicho Ministerio a
adoptar medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar
la eficacia de la sanción que pudiese recaer. Por su parte, el artículo 86 de
la Ley de Medio Ambiente establece todas aquellas actuaciones u omisiones
cometidas por personas naturales o jurídicas, incluyéndose al mismo Estado o
los Municipio, que configuran violación a dicha Ley y su Reglamento. Así en el
literal a) de la disposición en estudio, se establece"Iniciar
actividades, obras o proyectos sin haber obtenido el permiso ambiental
correspondiente."
Dicha
cartera de Estado, al sancionar las infracciones estipuladas en la Ley lo hará
previo el cumplimiento del debido proceso legal, tal como lo prescribe el
artículo 88 de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A su vez,
el artículo 91 de la referida Ley, regula lo siguiente: "El procedimiento
administrativo sancionatorio se iniciará de oficio, por denuncia o por aviso
ante el Ministerio. Cuando la Policía Nacional Civil, Concejos Municipales,
Fiscalía General de la República o Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, tuvieren conocimiento por cualquier medio de una infracción ambiental,
procederán de inmediato a inspeccionar el lugar o lugares donde se hubiese
cometido la infracción. El acta de inspección que al efecto se levante,
constituirá prueba del cometimiento de la misma. Se presume la inocencia del
supuesto infractor durante todo el procedimiento sancionatorio".
Además, el artículo 92 del mismo
cuerpo legal regula que: "Con anterioridad a la iniciación del
procedimiento sancionatorio, se podrán efectuar actuaciones previas por parte
de funcionarios del Ministerio con competencia para investigar, averiguar,
inspeccionar en materia ambiental, con el propósito de determinar con carácter
preliminar la concurrencia de circunstancias que lo justifiquen."
En el
artículo 93 del cuerpo normativo en estudio, se establece como se instruirá y
sustanciará el procedimiento administrativo sancionador, según el cual los
inculpados tendrán la oportunidad de formular las alegaciones correspondientes
así como de presentar la prueba respectiva. A su vez, en el artículo 94 de la
Ley de Medio Ambiente se regula que los informes de los funcionarios de medio
ambiente constituyen medios probatorios, y que la prueba será evaluada de
conformidad a las reglas de la sana crítica. Y, en el artículo 95 de la Ley es
estudio se prescribe que "La
resolución que decida la procedencia o improcedencia de las sanciones
administrativas será debidamente motivada y resolverá todas las cuestiones
planteadas por las partes."
Finalmente,
en el artículo 97 de la Ley de Medio Ambiente se instituye la procedencia del
Recurso de Revisión, "el cual conocerá y resolverá el Ministerio con vista
de autos dentro del plazo de diez días hábiles. El plazo para interponerlo será
de cinco días hábiles contados a partir de la notificación y tendrá carácter
optativo para efectos de la acción Contencioso Administrativo."
3.5
APLICACIÓN AL CASO EN DEBATE.
En el
presente caso, el proceso se inició por medio de una inspección realizada el
día veinte de septiembre del año dos mil siete, por medio de la Dirección
General de Inspectoría Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, en el sitio de Transferencia denominado "La China" ubicado
en la carretera que conduce de Santa Ana hacia Metapán, desviándose con rumbo
Nor-Oriente sobre la calle que conduce a Finca Santo Domingo, aproximadamente
trescientos metros, Cantón Santa Bárbara, Municipio y departamento de Santa
Ana. De dicha inspección se constató que varios Municipios depositaban desechos
sólidos en ese sitio de Transferencia, se conversó ahí mismo con un empleado de
la empresa PRESYS, quien se identificó como señor Arias, el cual manifestó que
diecisiete camiones de volteo transportaban diariamente los desechos sólidos a
los rellenos sanitarios de Atiquizaya, a Asigolfo y Santa Rosa de Lima. Además,
el Jefe de la Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía Municipal de Santa Ana,
había afirmado que ese Municipio no contaba con el permiso ambiental
correspondiente, pero que el día catorce de mismo mes y año había sido enviado
a la Dirección General de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, el formulario ambiental para obtener el permiso ambiental
para la planta de transferencia La China (folio […]).
Por auto
del veinticinco de septiembre de dos mil siete, se ordenó la instrucción formal
y sustanciación del procedimiento administrativo sancionatorio contra el
Concejo Municipal y Alcaldía de Santa Ana, como titular del proyecto
"ESTACION DE TRASNFERENCIA", por la supuesta infracción al artículo
86 letra a) de la Ley del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que establece la
prohibición de "iniciar actividades, obras o proyectos sin haber obtenido
el permiso ambiental correspondiente", la que constituye infracción grave
según el artículo 87 del mismo cuerpo normativo, ordenándose la medida
preventiva de suspensión inmediata del proyecto en cuestión, se les explicó que
dicho Ministerio realizaría las inspecciones técnicas tendentes a verificar el
cumplimiento de dicha resolución y se les concedió un plazo de quince días para
que los afectados comparecieran a manifestar su defensa. La anterior resolución
fue notificada a la parte actora el día nueve de octubre de dos mil siete
(folios […]del expediente administrativo). Sin embargo, el Alcalde y Concejo
Municipal de Santa Ana no comparecieron a presentar su defensa.
El día
veinticuatro de octubre de dos mil siete, se realizó por parte de la Dirección
General de Inspectoría Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales otra inspección técnica, en la que se obtuvo el siguiente resultado: Al llegar al referido lugar, se
observó la presencia de tres camiones ejecutando actividades de descarga de
desechos sólidos, uno de ellos portaban un distintivo de la Alcaldía Municipal
de Santa Ana y los otros dos camiones no portaban ninguna identificación, por
lo que no se pudo determinar su procedencia. Sin embargo, se entrevistó en
dicho lugar al señor Néstor Arias, empleado de la empresa PRESYS, S.A. de C. V,
el cual informó sobre la procedencia de los camiones con desechos sólidos que
eran de los Municipios de Metapán, Texistepeque y Santa Ana, presentando los
recibos de registros de la entrega de los mismos, y que desde las siete
cincuenta de la mañana hasta las doce horas del día de la inspección habían
ingresado treinta y cinco camionadas de desechos sólidos en el lugar
anteriormente relacionado (folios
[…] del expediente administrativo).
Posteriormente,
el veinticinco de octubre de dos mil siete la autoridad demandada emitió
resolución en la que estableció que habiendo precluido el período de
alegaciones de quince días establecido en el artículo 93 de la Ley del Medio
Ambiente, se abrió a pruebas el procedimiento por el plazo de diez días. Dicha
resolución fue notificada el veintinueve del mismo mes y año (folios […]del
expediente administrativo).
La parte
demandante tampoco compareció durante el término probatorio a ejercer su
respectiva defensa.
El
veintisiete de noviembre de dos mil siete la autoridad demandada emitió
resolución sancionando al Concejo y Alcaldía Municipal de Santa Ana, tomando
corno fundamento las inspecciones efectuadas por la autoridad demandada, así
como el hecho que la parte actora había solicitado el permiso ambiental de
dicho proyecto aduciendo ser la titular del proyecto ESTACION DE TRANSFERENCIA,
unos días antes de la primera inspección realizada por la autoridad demandada.
Además, en la referida resolución se establecieron los criterios para el
cálculo y procedimiento de la multa así como las acciones que debían
efectuarse, cuyo objetivo era reparar el daño causado al medio ambiente. La
anterior resolución fue notificada el veintiocho del mismo mes y año, el cual
configura el acto originario (folios [...] del expediente administrativo).
En fecha
cinco de diciembre de dos mil siete, la parte actora presentó escrito mediante
el cual interpuso recurso de revisión contra la anterior resolución, en la que
se expresa lo siguiente: "Que
como lo he expresado públicamente, este servidor estaba conciente (sic) que el
botar la basura en la ESTACION DE TRANSFERENCIA situada en la carretera que de
esta ciudad conduce a la ciudad de Metapán, en el lugar conocido como La China,
sin los respectivos permisos, era transgredir la Ley de Medio Ambiente, pero
tal transgresión no era producto de una capricho o necedad de infringir por
infringir, era por la necesidad de depositar los desechos sólidos de la ciudad
de Santa Ana, (...).
Como lo
dije anteriormente (...), el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Ana, esta
conciente (sic) que infringió la ley, pero en verdad no nos quedaba otra opción, (...). (folios […] del expediente administrativo).
El seis de
diciembre de dos mil siete, la autoridad demandada volvió a realizar otra
inspección a fin de darle seguimiento al cumplimiento de la resolución
originaria, en la que cumplido se determinó que aún no se habían cumplido las
medidas dictaminadas para enmendar el daño causado al medio ambiente, pues aún
no se había retirado los desechos en su totalidad (folios […] del expediente
administrativo).
Finalmente,
por resolución del dieciocho de diciembre de dos mil siete, se declaró sin
lugar el recurso de revisión interpuesto pues se determinó que la parte actora
aún no había restaurado o reparado el daño causado al medio ambiente, la cual
fue notificada el veinte de diciembre de dos mil siete y que configura el
segundo acto controvertido (artículo […] del expediente administrativo).
Del
análisis de lo acaecido en sede administrativa se extrae que la autoridad
demandada, realizó el procedimiento administrativo sancionador de conformidad
con la normativa aplicable, dándole a la parte actora las oportunidades para
efectivamente ejercer su defensa, Sin embargo, la parte actora no compareció a
proporcionar ni los alegatos ni la prueba respectiva que desvaneciera las
imputaciones efectuadas por la parte demandada, las cuales se fundamentaban en
las inspecciones realizadas por dicha autoridad, que de conformidad con lo
regulado en el artículo 91 de la Ley de Medio Ambiente constituía prueba de la
infracción cometida, así como en el hecho que fue la Alcaldía y Concejo
Municipal de Santa Ana, quien el catorce de septiembre de dos mil siete se
presentó ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a solicitar
el permiso ambiental correspondiente, aduciendo ser la titular del proyecto
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA.
Adicionalmente,
debe señalarse que la parte actora al interponer el recurso de revisión
respectivo aceptó tener conocimiento que la actuación realizada configuraba una
transgresión a la Ley de Medio Ambiente, y que el daño causado al medio
ambiente podía ser reparado.
Finalmente,
debe hacerse hincapié que el Concejo Municipal y Alcaldía de Santa Ana, tampoco
presentó prueba a lo largo de este proceso judicial mediante la cual
desvaneciera las imputaciones realizadas por la autoridad demandada.
En
consecuencia, deben desestimarse los argumentos de ilegalidad aducidos por la
parte actora, pues no se estableció que con los actos controvertidos se hayan
transgredido los principios de legalidad, responsabilidad, culpabilidad y
presunción de inocencia.”