INTERESES DERIVADOS DE UN TÍTULO DE EJECUCIÓN

PROCEDEN HASTA SU COMPLETO PAGO, TRANSE, ADJUDICACIÓN O REMATE, TAL COMO LO SOLICITA LA PARTE EJECUTANTE

“El proceso ejecutivo, no es más que un procedimiento que se emplea a instancia de un acreedor en contra de un deudor moroso, para exigirle breve y sumariamente el pago de la cantidad líquida que debe de plazo vencido y en virtud de documento indubitado; esto es, un documento o título ejecutivo, de ello resulta que el derecho al despacho de la ejecución tiene un contenido concreto: que el Juez ante quien se incoe la ejecución, sin citar ni oír previamente al ejecutado, ordene la práctica de aquellas actividades ejecutivas que la ley prevé.

B. Este derecho está condicionado a la concurrencia de dos requisitos: primero, la integración de todos los presupuestos procesales (jurisdicción, competencia, capacidad de las partes, legitimación, representación, postulación, etc.); y, segundo, la presentación por el ejecutante de un título formalmente regular, el que ha de revestir determinados caracteres para ser reconocido como tal, los cuales subyacen en la regulación positiva, como lo son por ejemplo: a) indiscutibilidad: el título es ejecutivo porque en él constan tanto las personas que resultan ser acreedor y deudor, como el contenido de la obligación misma; b) imposición de un deber: por cuanto el título ejecutivo ha de reflejar una determinada obligación, perfectamente concreta, de cualquier contenido válido posible: de dar, hacer o no hacer; esta obligación será la que marque la congruencia de la actividad ejecutiva; c) literosuficiencia: en el sentido de que los aspectos básicos de la legitimación material de las partes y del contenido de la obligación, se han de contener o constar precisamente en el mismo documento; y, d) autenticidad: el título ha de ser auténtico, esto es, que no quepa duda sobre la correspondencia entre la autoría formal y la autoría material de las declaraciones de voluntad.

C. Por otra parte, para que tenga lugar el juicio ejecutivo, deben evidenciarse en la situación controvertida, los siguientes requisitos: un título que conforme a la ley exhibe fuerza ejecutiva, esto es, que trae aparejada ejecución; un acreedor legítimo o persona con derecho para pedir; deudor cierto; deuda líquida; y, una obligación exigible y de plazo vencido.

2. LÍMITES DEL RECURSO.

La sentencia se pronuncia exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteadas en el presente recurso, todo en estricto cumplimiento a lo ordenado en el inciso segundo del artículo 515 CPCM, en ese sentido los límites de esta sentencia se ven gobernados por el Principio de Congruencia, que en materia impugnativa contiene dos sub principios: “TANTUM DEVOLUTUM, QUANTUM APELLATUM”, es decir,  tanto se devuelve como cuanto se apela. Y la “NEC REFORMATIO IN PEJUS”, la prohibición para el tribunal de alzada de reformar la sentencia recurrida en perjuicio del apelante.

IV. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS.

1. SOBRE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN LA DEMANDA. 

A. De la lectura de la demanda de mérito se evidencia que el licenciado […], en el carácter antes indicado, solicitó que: “en la sentencia definitiva ordene al señor […] pagar al FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA: A) OCHO MIL CUATROCIENTOS  CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTIDOS CENTAVOS en concepto de capital; B) INTERESES CONVENCIONALES DEL NUEVE POR CIENTO ANUAL, adeudados sobre el saldo de capital, desde el treinta y uno de mayo de dos mil seis, hasta la cancelación total de la deuda; ...” […]

B. No obstante lo anterior, la jueza de la causa en su sentencia condenó al pago de los intereses normales hasta “el pronunciamiento de la presente sentencia”, es decir, hasta el veinte de agosto del presente año y no en adelante hasta su completo pago como fueron solicitados,  basándose en el inciso tercero del Art. 417 CPCM.

Sobre este punto es preciso referir que la señora jueza de la causa exige que se solicite de manera expresa la condena de los intereses devengados con posterioridad a la fecha de la sentencia, lo que a criterio de esta Cámara ha cumplido el ejecutante en su demanda, al pedir los intereses “hasta la cancelación total de la deuda”, no siendo atinado exigir “frases sacramentales”, aunado a ello, el Art. 417 CPCM, no es aplicable al sub litem, por dos razones, primero, porque se encuentra inserto en el capítulo que se refiere al Proceso Declarativo Común; y segundo, porque el supuesto hipotético del inciso tercero de la norma en comento, es que se trate de un proceso de condena, y el proceso ejecutivo no es constitutivo, declarativo ni de condena, sino que su naturaleza es especial “sui generis”, pues en el proceso ejecutivo lo que se persigue es el cumplimiento de una obligación.

C. Es necesario, por pureza académica, determinar la naturaleza jurídica de esta sentencia, por lo cual nos permitiremos hacer transcripciones doctrinarias, las cuales, esperamos, no sean de desagrado del lector, pero lo hacemos con el firme propósito, de lograr entender la función jurisdiccional que se nos ha encomendado.

D. El artículo 468 del Código Procesal Civil y Mercantil, en la parte pertinente expresa. “…se dictará sentencia estimativa con condena en costas para el demandado, ordenándose seguir adelante de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencia”… […]

E. Nuestro sistema no viene derivado del “code de procédure” francés de 1806, sino que esencialmente fiel a los lineamientos que caracterizaron al processus executivus.

F. Sabido es que, las sentencias las clasificamos en: declarativas, constitutivas y de condena.

G. A fin de encontrar la naturaleza de la sentencia de remate, debemos, en primer lugar, examinar si se trata de una sentencia declarativa.

H. El maestro Hugo Alsina, en su enciclopedia “Tratado Teórico Practico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, tomo V, página 135, manifiesta: “…c) En la ejecución de la sentencia el juez procede con conocimiento sumario, y su pronunciamiento en este caso no tiene efecto declarativo, sino que se limita a mandar llevar adelante la ejecución; es decir, a disponer la venta de los bienes embargados”… [...]

Por  su parte  Lino  Enrique Palacio,  en su obra Derecho Procesal Civil, Tomo VII, tercera reimpresión, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, página 333, magistralmente dice: “Finalmente, es  el  juicio ejecutivo  un  proceso de  ejecución  por cuanto:  1°) Su finalidad no consiste en lograr un pronunciamiento judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho sustancial incierto, sino en obtener la satisfacción de un crédito que la ley presume existente en virtud de la peculiar modalidad que reviste el documento que lo comprueba. […]

Con el fin de gravitar la posición de que la sentencia de remate no es declarativa, el Doctor Rene Padilla y Velasco, en su obra “Apuntes de Derecho  Procesal Civil”, Tomo I,  al clasificar  los  procesos, en la página 83 dice: “Los Juicios Civiles se dividen también en ejecutivos y declarativos. Ejecutivo es aquel en que se persigue el cumplimiento de una obligación por instrumento que según la ley tiene fuerza bastante para el efecto. Declarativo, por el contrario, trata de conseguirse con él, la declaración de un derecho, sobre el cual hay duda, debiendo por tanto existir siempre una discusión amplia.”

 Descartando por consiguiente, que se trate de una sentencia declarativa, resta examinar si es constitutiva o de condena.

El abogado Humberto Tomasino en la obra denominada “El juicio ejecutivo en la legislación salvadoreña” segunda edición, página 124 y 125, a su letra reza: “Como se ve, por lo antes expuesto, al igual que lo sostiene el doctor Romeo Fortín Magaña, en nuestro país, es impropio del juicio ejecutivo el empleo de la palabra “sentencia condenatoria” empleada en el juicio ejecutivo, cuando se accede a lo pedido por el actor.

El Doctor Fortín Magaña, en su opúsculo titulado “La Acción Ejecutiva” dice: “la sentencia del juicio ejecutivo no puede ser considerada ni como constitutiva ni como declarativa, ni como condenatoria. Nada define”.

“La sentencia del juicio ejecutivo es de categoría propia y así no puede ser llamada sino de ejecución o de remate”.

“Los autores, como puede verse en Chiovenda, Goldschmidt, etc. estudian la sentencia del juicio ejecutivo en capítulo aparte a la clasificación antes indicada”.

“A esa sentencia debe llamarse de ejecución o de remate, actividades que se derivan de toda sentencia propiamente condenatoria y que, por lo consiguiente, puede asimilarse a la actividad desplegada para el cumplimiento de sentencia, pero que no puede caber en los tres términos clasificados de la sentencia”.

“Si la sentencia del juicio ejecutivo es de ejecución, como queda dicho, la fórmula obligada del fallo tiene que ser, evitando todo término que implique condena en su aspecto subjetivo.”

I.- De manera tal, a luz de autores como ALSINA, PALACIO, CHIOVENDA, GOLDSCHMIDT, PADILLA, TOMASINO y FORTIN, si la sentencia es de ejecución como queda dicho, en el fallo, no es dable utilizar la palabra “condena”, ya que éste no opera en el juicio ejecutivo en donde el Tribunal, no declara nada, más bien se limita a estudiar el título ejecutivo y su procedencia.

C. El proceso ejecutivo, es uno de los procesos extraordinarios, quizás el proceso más especial de nuestro ordenamiento jurídico, en el que su objeto es el pago, no una declaración o constitución de derechos, recuérdese que este proceso no busca una declaración de voluntad, sino una manifestación de voluntad, que se autorice llevar adelante la ejecución, que viene expresada al final de cuentas en el remate de los bienes, su pago o adjudicación, y hasta que dichas resultas ingresen al patrimonio del acreedor no dejan de devengar los intereses debidos.

D. En ese orden de ideas, lo que se persigue –con el proceso- es el CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN, dicho cumplimiento se alcanza con el pago; y, puesto que el “interés” es el precio de la privación patrimonial que sufre el acreedor por el incumplimiento del deudor, resulta que no es atinado calcular los intereses hasta una fecha en la que no se ha hecho efectivo el  pago, para  el caso de marras con la realización de los bienes, ya que es éste el objeto del proceso ejecutivo su consiguiente pago, por ello su sentencia es de “remate”, por tanto, no es válido dejar de imputar intereses si no hay pago; debiendo acogerse el presente agravio. Además, según Santiago Garderes, en el capítulo del Proceso Ejecutivo del Código Procesal Civil y Mercantil comentado, segunda edición, expresó: “se dictará sentencia estimando la pretensión ejecutiva con costas y costos para el demandado y ordenándose seguir adelante de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de la sentencia”.

V. CONCLUSIONES. 

Esta Cámara concluye que en el caso de que se trata, el ejecutante ha acreditado los extremos para acceder a la pretensión incoada en la demanda de mérito, resultando procedente la ejecución en contra de don […] yordenarle pagar al “FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA”, que se abrevia “EL FONDO”,  la cantidad de dinero que le ha sido reclamada en la demanda más los intereses normales hasta su completo pago, como fue pedido por la parte ejecutante; por lo que deberá reformarse la sentencia recurrida en lo pertinente.”